por Juan Martín Garay –
El anuncio oficializado el 9 de junio por el Ministerio de Economía cierra definitivamente el Programa Procrear: el Estado se desentiende de la construcción de viviendas y transfiere la financiación y gestión de los créditos al sector privado —bancos comerciales y constructoras—, relegando a los gobiernos locales a un rol secundario
Si bien el banco hipotecario preservará los contratos ya otorgados, garantizando las condiciones pactadas, este movimiento no oculta el daño de fondo: el acceso al crédito hipotecario deja de ser un derecho social y pasa a la esfera de la capacidad bancaria. Se retira una herramienta con impacto colectivo —programas con tasas subsidiadas, lotes estatales, terrenos fiscales— que funcionaba como verdadero disparador de la vivienda familiar. Algo efectivamente comprobado.
Mientras el Estado nacional reduce gasto, las provincias y municipios quedan con el dilema de asumir o no las obras inconclusas. El sueño de la casa propia queda librado a decisiones políticas locales y al apetito —o no— de las constructoras privadas.
La pregunta es clara: ¿quién protege el derecho a la vivienda si no interviene el Estado? Hábitat, dignidad, seguridad y proximidad no son mercancías: son derechos sociales. Programas como Procrear eran un puente hacia la posibilidad de que trabajadores, jóvenes, familias de clase media accedieran a ese techo. Pasar esa responsabilidad al mercado rompe ese puente justo cuando más se lo necesita.
Para sectores medios y trabajadores formales sin grandes garantías, el acceso a un crédito hipotecario privado implica tasas que los excluyen, condiciones operativas desconocidas y mayor riesgo. El resultado: millones de argentinos vuelven a enfrentar la imposibilidad histórica de acceder a la casa propia. Todo un gran tema.
Con el fin de Procrear, el gobierno prioriza una regla de mercado donde quien tiene capital puede construir y quien no, debe alquilar o resignar su patrimonio. Esa no es una interrupción, es un retroceso sustancial.
Un país se mide por cómo trata a quienes buscan construir un hogar, no solo por cuánto ahorro tiene un banco para dar crédito. Si una sociedad no garantiza la vivienda, pierde su futuro. Y hoy, el futuro de muchas familias vuelve a estar en pausa.
(*) Abogado. Concejal 2023-2027. Vicepresidente 1° HCD. Presidente del Bloque Concejales PJ 2023-2027. Apoderado del Consejo Departamental PJ Uruguay. Congresal Provincial PJ ER. Secretario de Gobierno 2019-2023. Concejal 2015-2019. Presidente del Bloque Concejales PJ 2017-2019. Presidente Comisión Hacienda y Presupuesto 2015-2019. Decano del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe 2003-2004.-
