Por Marianela Marclay. –
Este martes participé del encuentro de Intercambio sobre la Agenda Educativa Nacional, realizado en la Cámara de Diputados de la Nación. Lo hice junto a colegas de diversos bloques políticos, rectores y demás autoridades universitarias, organizaciones, representantes estudiantiles y sindicatos, todos interesados en avanzar con una verdadera agenda que garantice el desarrollo del sistema educativo argentino.
El eje del encuentro fue la defensa de la universidad pública, en el marco del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para modificar la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Ante esta iniciativa, ratificamos la protección de las universidades públicas como garantía de igualdad en el acceso a la formación y el desarrollo intelectual y profesional de los argentinos.
Se trata de la ley que fue aprobada por el Congreso de la Nación y ratificada tras el veto presidencial. Esta legislación busca actualizar el presupuesto de las universidades según la inflación, recomponer salarios docentes y no docentes, aumentar el presupuesto para hospitales universitarios, actualizar y ampliar becas, y garantizar paritarias cada 3 meses.
El Gobierno Nacional entiende a la educación como un gasto y no como la inversión necesaria para el crecimiento de los argentinos y de la sociedad en su conjunto, por eso oportunamente el Presidente vetó la norma, lo cual fue rechazado por el Congreso, que ratificó la ley.
