Bajo el título de “el día que se profundizó la grieta entre peronistas y antiperonistas”, Infobae publica esta nota que es una muestra como los ultraliberales “depuraron” a quienes encabezaron el golpe de 1955. Esto dice el artículo:
Una fecha en la que el odio venció a la «concordia» y en la que un camino de convergencia fue descartado por uno de confrontación
Pocas semanas después de haber derrocado al gobierno del general Juan Domingo Perón, el gobierno militar surgido del pronunciamiento que pasó a la historia con el autodenominado título de la “Revolución Libertadora” enfrentaba una severa crisis. Desde su asunción como presidente de la Nación a fines de septiembre de 1955, el general Eduardo Lonardi era hostigado por sectores duros del régimen nacido tras el golpe contra Perón. Insistentemente se advertía que Clemente Villada Achával ganaba terreno en el entorno de su cuñado, el presidente Lonardi. Su designación como “secretario de asesoramiento” de la Presidencia -con rango de ministro- había indignado a varios jerarcas de la cúpula militar.
La caída de Perón, el 16 de septiembre, había sido seguida por una bifurcación en el poder del gobierno de facto. De inmediato se perfilaron dos corrientes en el seno del gobierno militar. Aquella que enfrentaba a los partidarios de una tendencia nacionalista dispuestos a una cierta tolerancia con el peronismo y los sindicatos frente a los liberales (“gorilas”) quienes manifestaban una completa intolerancia al movimiento peronista y buscaban erradicar todo vestigio del régimen depuesto.
En su biografía sobre Aramburu, Rosendo Fraga y Rodolfo Pandolfi (2005) sostienen que Lonardi no estuvo dispuesto a nombrar ministro de Guerra al general Pedro Eugenio Aramburu, aparentemente molesto con su trato poco amistoso durante los prolegómenos del pronunciamiento contra Perón. Fraga así lo explicó: no designar a Aramburu en el gabinete constituyó un importante error de Lonardi dado que “la paradoja es que si hubiera nombrado a Aramburu, la tradicional lealtad del ministro hacia el Presidente -solo quebrada en 1943 por Pedro Pablo Ramírez- hubiera impedido que Aramburu reemplazara a Lonardi en la Presidencia de facto”.
En tanto, el día 2 Perón había abandonado Paraguay rumbo a Panamá, la segunda escala de su largo exilio. Más tarde seguiría en Venezuela, República Dominicana y España. Una semana más tarde se había conformado la “Junta Consultiva Nacional”, presidida por el vicepresidente Isaac Rojas. Con funciones de “asesoramiento” al nuevo gobierno, la misma estaba integrada por Alicia Moreau de Justo, José Aguirre Cámara, Miguel Angel Zavala Ortíz, Julio A. Noble, Horacio Thedy, Rodolfo Martínez, Nicolas Repetto, Oscar López Serrot, Manuel Ordoñez, Américo Ghioldi y Luciano Molinas.
En medio de enormes presiones, Lonardi había perdido a uno de sus más cercanos colaboradores el día 10 cuando se vio obligado a renunciar el secretario de Prensa de la Presidencia, Juan Carlos Goyenenche. El funcionario era acusado de “filonazi”. El sector “liberal” de las fuerzas armadas acechaba a Lonardi. Sus horas al frente del gobierno estaban contadas.
El día siguiente, el titular del PEN emitió un documento que pasaría a la historia como el “testamento político” del general Lonardi. En un comunicado, intentaba sostener su fórmula de que no habría “vencedores ni vencidos” y afirmaba que “no es posible calificar de antipatriotas o de partidarios de la tiranía a todos lo que prestaron una adhesión desinteresada y de buena fe” (al gobierno peronista). Lonardi aseguró que “las legítimas conquistas de los trabajadores serán mantenidas y acrecentadas”.
Pero la proclama estaría llamada a acelerar el proceso político dado que dos días más tarde, el sector “liberal” de la revolución decidió el derrocamiento de Lonardi y su reemplazo por el general Aramburu, identificado con los antiperonistas más extremistas.
Una serie de acontecimientos encadenados provocarían el desenlace. El día 12, Lonardi nombró a Luis María de Pablo Pardo y a Julio Velar Irigoyen como ministros del Interior y Justicia, respectivamente. Los funcionarios designados reemplazaban a Eduardo Busso, quien hasta entonces concentraba ambas funciones. El cambio suponía un avance de los nacionalistas sobre los liberales. El cambio de gabinete provocó la disconformidad del sector más antiperonista. El golpe de palacio contra Lonardi terminó perfeccionándose el día 13, cuando las Fuerzas Armadas decidieron destituir a Lonardi.
Su caída significó el fracaso del sector nacionalista del Ejército de encauzar la revolución por un carril de mantenimiento de las conquistas sociales del peronismo si bien sin la presencia de la figura de Perón. A partir de entonces, primaría la tendencia “gorila” que buscaría extirpar todos los vestigios del peronismo existentes en la Argentina. El propio Goyeneche explicó así el proceso: “en el gobierno de Lonardi había dos tendencias: una, liberal, llena de odios y deseos de venganza; otra, la línea nacional –o para decir mejor, nacionalista–. Esta quería que se confirmaran todas las conquistas justas y sociales de Perón y se eliminaran sus errores. Abogaba, incluso, por integrar en el gabinete ministerial a algunas personalidades del justicialismo, para no producir una ruptura que sólo podía dar lugar al odio y la injusticia. En tal sentido, yo mismo me entrevisté con el doctor (Juan Atilio) Bramuglia (ex canciller) el cual vio al día siguiente al presidente. Se había pensado en él como ministro de Trabajo. Pero no pudo ser. El apasionamiento fue propicio al fanatismo”.
De alguna manera Lonardi, recorría cien años después el camino del general Justo José de Urquiza a la caída de Juan Manuel de Rosas, pero con una suerte inversa. Esta vez la política de “ni vencedores ni vencidos” sería desplazada por el odio y la profundización de la división de los argentinos. Una noción política trazada en la idea de ruptura y no de síntesis que hoy se grafica en la repetida imagen de la grieta.
En un testimonio recogido en la obra de María Sáenz Quesada sobre La Libertadora (2007), el embajador Carlos Manuel Muñiz -entonces subsecretario del Interior- recordó que “fue un período terrible con gente de buena fe que operó muy apasionadamente. Así era el viejo gorilismo. Es que el período de Perón había sido muy denso…”.
Por su parte, Emilio Perina reflexionó en su obra Detrás de la crisis (1963) que el golpe de palacio del 13 de noviembre había significado que los hombres que se habían rebelado para destituir a Perón y corregir los errores de su régimen, resolvían ampliar sus facultades y se disponían a gobernar transformando toda la estructura económica, política y social de la República. “En otras palabras, habían resuelto arrogarse una facultad basada exclusivamente en la fuerza, no en la razón ni tampoco en el mandato histórico de la revolución que habían realizado victoriosamente (…) la política de conciliación definida por el lema “ni vencedores ni vencidos” sería rápidamente sustituida por una persecución implacable; el odio, como motor del quehacer político, se transformaría en el gran instrumento para una reestructuración económica de fondo; el resentimiento actuaría a manera de esponja destinada a borrar violentamente el pasado, como si ese pasado, con todo lo que tenía de bueno y de malo, no nos perteneciera”.
El propio Arturo Frondizi sostuvo más tarde que cuando el general Aramburu irrumpió en la sede del gobierno para hacerse cargo de la conducción revolucionaria, buena parte de la población se enteró de la noticia mientras asistía a los habituales espectáculos deportivos dominicales. Seguidamente se intervino la CGT, hasta entonces bajo la custodia de dos dirigentes de extracción peronista, como así la totalidad de los sindicatos; se inició una sañuda persecución contra el justicialismo, sus dirigentes e incluso sus militantes de base; se prohibió su actividad y sus símbolos; se encarceló indiscriminadamente a millares de personas; se decretó la interdicción de bienes y se confiscaron patrimonios personales. Frondizi advirtió que “un vendaval de revancha pareció irrumpir en la República. El intento de colocar un algodón entre dos cristales ideado por Lonardi y sus colaboradores había fracasado. La antinomia, lejos de superarse, se había convertido en fractura. La Argentina quedaba partida en dos”.
Aramburu asumió la Presidencia horas más tarde. Fortalecido por el giro “gorila” de la Revolución, Rojas continuaría como vicepresidente. La Confederación General del Trabajo (CGT) fue intervenida días después y se decretó la disolución del Partido Peronista. En 1956 la locura se apoderaría del país cuando el gobierno militar ordenó los fusilamientos de militantes peronistas que buscaban restaurar el movimiento depuesto.
El 13 de noviembre de 1955 quedaría marcado en la historia de los argentinos como una fecha en la que el odio venció a la concordia y en la que un camino de convergencia fue descartado por uno de confrontación. Lamentablemente no sería la última oportunidad en que un fenómeno similar tuvo lugar.
Hasta aquí el texto elaborado por Mariano Caucino – profesor de historia contemporánea y política exterior argentina. Sirvió como embajador en Israel y Costa Rica- para Infobae.
Se nos ocurre que es importante tener en cuenta que -además de la supresión (por decreto de la Constitución de 1949, la disolución del Partido Justicialista, la persecución, los fusilamientos, y todo lo que fue una encarnizada persecución política; el punto culminante es el decreto 4161/56. Algo así como el odio plasmado en un decreto oficial. Hay quienes no lo conocen y es importante -para comprender «la grieta» y mucho de lo que hoy pasa- tener conciencia de un pasado (no tan lejano) que parece revivir en algunos dirigentes de la oposición.
DECRETO 4161/56
Visto el decreto 3855/55 (6) por el cual se disuelve el Partido Peronista en sus dos ramas en virtud de su desempeño y su vocación liberticida, y Considerando: Que en su existencia política el Partido Peronista, actuando como instrumento del régimen depuesto, se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana para lo cual creo imágenes, símbolos, signos y expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas:
Que dichos objetos, que tuvieron por fin la difusión de una doctrina y una posición política que ofende el sentimiento democrático del pueblo Argentino, constituyen para éste una afrenta que es imprescindible borrar, porque recuerdan una época de escarnio y de dolor para la población del país y su utilización es motivo de perturbación de la paz interna de la Nación y una rémora para al consolidación de la armonía entre los Argentinos.
Que en le campo internacional, también afecta el prestigio de nuestro país porque esas doctrinas y denominaciones simbólicas, adoptadas por el régimen depuesto tuvieron el triste mérito de convertirse en sinónimo de las doctrinas y denominaciones similares utilizadas por grandes dictaduras de este siglo que el régimen depuesto consiguió parangonar.
Que tales fundamentos hacen indispensable la radical supresión de esos instrumentos o de otros análogos, y esas mismas razones imponen también la prohibición de su uso al ámbito de las marcas y denominaciones comerciales, donde también fueron registradas con fines publicitarios y donde su conservación no se justifica, atento al amplio campo que la fantasía brinda para la elección de insignias mercantiles.
Por ello, el presidente provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Legislativo, decreta con fuerza de ley
Art. 1º
“Queda prohibida en todo el territorio de la Nación:
a) La utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo.
Se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto el de sus parientes, las expresiones «peronismo», «peronista», » justicialismo», «justicialista», «tercera posición», la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales «Marcha de los Muchachos Peronista» y «Evita Capitana» o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto o su esposa o fragmentos de los mismos.
b) La utilización, por las personas y con los fines establecidos en el inciso anterior, de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales creados o por crearse, que de alguna manera cupieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o ideología del peronismo.
c) La reproducción por las personas y con los fines establecidos en el inciso a), mediante cualquier procedimiento, de las imágenes símbolos y demás, objetos señalados en los dos incisos anteriores.
Art. 2 º
Las disposiciones del presente decreto-ley se declaran de orden público y en consecuencia no podrá alegrarse contra ellas la existencia de derechos adquiridos. Caducan las marcas de industria, comercio y agricultura y las denominaciones comerciales o anexas, que consistan en las imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los incisos a) y b) del art. 1º.
Los ministerios respectivos dispondrán las medidas conducentes a la cancelación de tales registros.
Art. 3 º
El que infrinja el presente decreto-ley será penado:
a) Con prisión de treinta días a seis años y multa de m$n: 500 a m$n. 1.000.000;
b) Además, con inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena para desempeñarse como funcionario público o dirigente político o gremial;
c) Además, con clausura por quince días, y en caso de reincidencia, clausura definitiva cuando se trate de empresas comerciales.
Cuando la infracción sea imputable a una persona colectiva, la condena podrá llevar como pena accesoria la disolución.
Art. 4º
Las sanciones del presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. Señor vicepresidente provisional de la Nación y por todos los señores ministros secretarios de Estado en acuerdo general.
Art. 5º
Comuníquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese
Aramburu – Rojas – Busso – Podestá Costa – Landaburu – Migone. – Dell´Oro Maini – Martínez – Ygartúa – Mendiondo – Bonnet – Blanco – Mercier – Alsogaray – Llamazares – Alizón García – Ossorio Arana – Hartung – Krause.
Fuente: Boletín Oficial, 9 de marzo de 1956.
(fuentes: Infobae y La Ciudad)
Esta nota fue publicada por la revista La Ciudad el 13/11/2021
