La causa en la que están imputados cinco dirigentes ruralistas por el delito de incitación a la violencia a raíz de las agresiones que se dieron en el tractorazo del 3 de septiembre de 2015, en Casa de Gobierno, continúa en una etapa “de espera”.
En los últimos meses de 2017 se habló de que el proceso judicial se detuvo ya que habría negociaciones entre los dirigentes acusados y los policías que llevaron el caso a la justicia, tras haber sufrido heridas de diferente consideración. Los policías, diez en total, reclaman una cifra que supera el millón de pesos, y llegaron a la causa penal después de que fracasara un intento por la vía de la mediación.
Los ruralistas que están imputados son Elvio Guía, director de la filial Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel (delegado de FAA), Atilio De Angeli (hermano del senador nacional de Cambiemos) y Juan Echeverría (de Chacareros Federados, grupo interno en FAA) y Miguel Bowes, dirigente de San Gustavo, departamento La Paz. Los abogados de todos son Julio Federik y Leopoldo Lambruschini.
En tanto, los policías agredidos están representados por Bartolomé Gaggero y Marcos Rodríguez Allende.
Lo cierto es que la causa quedó en reposo. El último movimiento de importancia se dio en septiembre, cuando los dirigentes debieron declarar como imputados ante el fiscal Santiago Brugo, a cargo de la investigación.
Consultado por Entre Ríos Ahora, Alfredo Bel, delegado de la Federación Agraria en la provincia, dijo que “hasta ahora no tuvimos ninguna notificación de alguna novedad en la causa. Lo último que pasó en fueron las declaraciones”.
“En teoría a Atilio De Angeli tienen que sobreseerlo porque no estaba en la protesta. Eso tampoco se efectivizó”, agregó y remarcó que “por ahora no hemos tenido ningún movimiento en la causa”.
En cuanto a si existen negociaciones con los policías que reclaman un resarcimiento, el ruralista aseguró que “no hay acuerdo, pero siempre hay negociación en proceso. Eso es más una iniciativa de los abogados”.
El tractorazo que terminó en la justicia
El jueves 3 de septiembre de 2015 fue una mañana de furia frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Ese día, hace poco más de dos años, un numeroso grupo de productores se manifestó en la Plaza Mansilla en reclamo por una audiencia con el entonces gobernador Sergio Urribarri. Pedían un auxilio, un salvataje ante la crisis del sector. De un momento a otro la protesta pacífica se convirtió en una batahola. Comenzaron los forcejeos con policías que se apostaron en el ingreso a la Casa Gris: hubo piñas, patadas y tironeos virulentos. Sobre los efectivos volaron huesos de vaca, y éstos contestaron con gas pimienta.
En el medio del griterío y las quejas por los golpes de un lado y el otro, Elvio Guía, director de FAA Entre Ríos, reclamaba bajar los ánimos. “No hagamos macanas”, pedía a los productores y advertía que podían lamentarlo luego. No se equivocó. Para entonces, la violencia de la protesta fue el tema principal en las coberturas periodísticas. El reclamo por el salvataje al sector pasó a último plano.
El lunes 7 de septiembre, Urribarri recibió a los policías heridos y les agradeció por las actuaciones en la puerta de la Casa Gris. Más tarde, un grupo de 10 policías que salieron heridos, entre ellos el actual Jefe de Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein –entonces era director de Operaciones y Seguridad-, llevaron el caso a la justicia y pidieron un resarcimiento económico por las heridas sufridas. La fiscalía, en tanto, imputó a los dirigentes de FAA, a pesar de que buscaron calmar los ánimos de los productores.
En un primero momento hubo un intento por cerrar el caso a través de una mediación. No hubo acuerdo. Ello sucedió el 24 de noviembre de 2016, cuando las partes tuvieron un encuentro ante la Oficina de Mediación Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), junto a los mediadores Silvano Santander y Valeria Fornara. Desde entonces, la causa sigue abierta y sin avances que pongan fin a la historia del último tractorazo contra Urribarri.
(fuente: Entre Ríos Ahora)
