La Justicia indagará por un fraude de US$260 millones a 26 exdirectores de Vicentin y del Banco Nación, entre ellos González Fraga, Lucas Llach y empresarios
Unos 26 integrantes del directorio de la cerealera Vicentin y del Banco Nación en 2019 fueron citados a prestar declaración indagatoria acusados de ponerse de acuerdo para cometer un fraude, que habría provocado al Estado un perjuicio de al menos 260 millones de dólares, en el otorgamiento de créditos.
La decisión del juez federal Julián Ercolini, pedida por el fiscal Gerardo Pollicita tras una investigación de cinco años, implica además la inhibición general de bienes de los acusados y la prohibición de salida del país.
Entre los citados a indagatoria se cuentan los exdirectores del Banco Nación Javier Antonio González Fraga, Lucas Llach y Carlos Alberto Castellani y los exdirectores de Vicentin Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Herman Roberto Vicentin, Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.
La medida busca asegurar el recupero de un perjuicio patrimonial estimado en US$300.000.000 al Estado nacional. La fiscalía probó que parte del dinero −unos 16 millones de dólares− terminó en paraísos fiscales y en cuentas de Vicentin.
El fiscal Pollicita entendió que entre agosto y diciembre de 2019, las autoridades del Banco de la Nación, en connivencia con los empresarios responsables del Grupo Vicentin, defraudaron al Estado nacional.
Según el fiscal Pollicita, dentro del Banco Nación hubo una “actuación coordinada de diversos agentes, quienes, a pesar de que la propia existencia del banco se encontraba en peligro, desde sus funciones defraudaron los intereses confiados y omitieron deliberadamente cobrar la millonaria deuda, pese a contar con el dinero resguardado en cuentas de garantía constituidas al efecto”.
Es decir, según el fiscal desarticularon las garantías que tenía el banco y “le entregaron a los empresarios de Vicentin los fondos que tenían allí congelados e, incluso y sin reaseguro alguno, les otorgaron nuevos empréstitos cuando aquello se hallaba expresamente prohibido”. “Los empresarios del grupo económico, quienes actuaron en todo momento en complicidad con los funcionarios, no pagaron los saldos adeudados a sabiendas de que no se los cobrarían”, agregó el fiscal.
Luego, continuó Pollicita, pidieron que les liberaran los fondos que tenían en garantía “conociendo que se los entregarían, omitieron deliberadamente dar las garantías que eran requeridas ya que tenían la certeza de que tampoco se las reclamarían, y solicitaron nuevas asistencias financieras a sabiendas de que se las otorgarían”. Así “quitaron los fondos del ámbito del Banco de la Nación Argentina para que, cuando las nuevas autoridades procuraran cobrar la deuda de aproximadamente U$S 300.000.000, no pudieran hacerlo”, publica La Nación.
Para concretar la maniobra, el fiscal dijo que “las autoridades de Vicentin vaciaron las cuentas del BNA para quitar el dinero de la esfera de custodia de dicha entidad y, cuanto menos, recurrieron a la utilización de facturación apócrifa en pos de simular gastos no concretados a través de proveedores falsos” por unos $222.780.392 de pesos, es decir unos 3,7 millones de dólares.
También se valieron del giro de fondos al exterior mediante operaciones simuladas por 16.942.805 de dólares, parte de los cuales culminaron en cuentas bancarias en paraísos fiscales, lo que les permitió desviar una porción de los fondos públicos defraudados.
Pollicita dijo que los funcionarios del Banco Nación, lejos de proteger el patrimonio, “se apartaron de la conducta debida con el claro y evidente fin de beneficiar al particular, en perjuicio del Estado nacional”.
«Cuellos Blancos»
“Cuellos Blancos. El caso Vicentin” describe la causa judicial por delitos económicos de la empresa y la vinculación de la cerealera con el poder político y judicial. «Hay gobiernos que les ofrecen todos los beneficios y otros que no intentan recuperar derechos, no quieren tocar esos intereses», afirma Andrés Cedrón, director del documental.
En diciembre de 2019, la empresa Vicentin anunció que había llegado a una situación de estrés financiero. En pocas palabras, la millonaria cerealera —dueña de otras firmas como Renova y Friar— informaba que estaba en quiebra. La noticia cayó como un balde de agua fría, sobre todo tras un año de buenos números para el agronegocio.
En los meses siguientes, otros datos fueron completando el panorama: deudas millonarias con el Banco Nación, balances incompletos y cese de pagos a pequeñas cooperativas de la provincia. Al año siguiente, el entonces presidente Alberto Fernández anunció la intervención estatal de la empresa, lo que finalmente no se concretó.
Para el director de “Cuellos Blancos. El caso Vicentin”, el caso muestra que hay medidas que hoy se presentan como novedosas, pero en verdad son viejas recetas. “Los discursos de Martínez De Hoz, la estatización de la deuda privada que hace Domingo Cavallo o la privatización de los puertos durante la presidencia de Menem también se presentaron como relacionados a la libertad”, señala. “Esa libertad es para los sectores económicos que intentan tener cada vez más beneficios y dejar poco para el pueblo”, afirmó.
