Desde el lunes no se reconocerá a ningún pasajero beneficios de descuentos especiales o de gratuidad en ninguno de los servicios que prestan las más de 40 empresas provinciales.
Ante la falta de respuestas por parte del gobierno provincial, a los pedidos por un mayor equilibrio de los coeficientes de distribución de los fondos destinados a compensar el sistema de transporte provincial, y con tarifas congeladas desde diciembre, la Asociación Empresaria del Transporte Automotor (AETA) advirtió el inicio de una serie de medidas que afectarán sensiblemente a los miles de usuarios que transporta a diario por toda la geografía entrerriana.
El presidente de la entidad, Leonardo Herlein, confirmó que desde el lunes no se reconocerá a ningún pasajero beneficios de descuentos especiales o de gratuidad en ninguno de los servicios que prestan las más de 40 empresas provinciales. Afectará los pases sociales, de discapacidad, de policías, estudiantes primarios y de pacientes en espera o trasplantados del Incucai.
Y progresivamente, agregó, se implementará un plan de reducción de frecuencias y horarios. La magnitud de la restricción de los servicios se conocerá recién la semana próxima, cuando se reúnan los afiliados de AETA. Según explicó, aquellas empresas de mayor tamaño comercial, con más personal y más servicios a cargo, serán las que más profundamente comenzarán un plan de reestructuración que afectará a los usuarios, pero que también pone en riesgo decenas de fuentes de trabajo en la región.
Ambas decisiones -la suspensión beneficios de descuentos desde el lunes, como el progresivo achique de frecuencias- fueron adelantadas por nota formal al ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto.
La crítica situación generada a partir del cambio de esquema de subsidios vigente desde el 1º de enero, se fue agudizando con el paso de los meses, una inflación que no cesa, incrementos de combustibles que llegan a casi el 20% en lo que va del año y un significativo aumento de costos operativos diarios, llevaron a la cámara a iniciar un plan de ajuste en sus operaciones.
«Esto lo veníamos anticipando a las autoridades (de la cartera de Transporte provincial). Es imposible seguir adelante si no hay más fondos para compensar los desequilibrios en la distribución de fondos, y pretendiendo seguir con tarifas congeladas», sostuvo.
Respecto a la distribución, indicó que en la provincia se destinan unos 10 millones de pesos mensuales, entre aportes de Nación y Provincia, que corresponden al 70% del volumen del año pasado, en el marco del nuevo plan de eliminación de subsidios.
Hay que recordar que mediante tres líneas de financiamiento desde Nación, como el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau); el Régimen de Compensación Complementaria Provincial (CCP); y un aporte que se entregaba a las empresas por el gasoil subsidiado, se buscaba evitar que los mayores costos se trasladan a tarifa. El sistema rigió más de una década.
Con el nuevo esquema y con montos fijos, ocurrió que empresas que no habían sido incluidas en los primeros meses, y que les correspondía percibir esos subsidios, redujeron la masa total a distribuir. Es decir, no se ampliaron los subsidios, sino que se achicaron el de las otras empresas ya beneficiarias.
Por otro lado, en relación a las tarifas, hay un pedido de recomposición del 20% desde principios de año, que no fue autorizado por Transporte Provincial. Cada mes que pasa, esa cifra inicial va quedando más relegada.
«En reuniones informales o contactos permanentes que hemos tenido con las autoridades de Transporte nos dicen que estaban esperando que Nación aumente subsidios. Pero pasan las semanas, los meses, y no hay respuestas», acotó Herlein.
Los valores de los viajes entre localidades entrerrianas están bajo la órbita de Transporte de la Provincia; la última variación de los pasajes fue el 31 de diciembre.
«Pensábamos que la solución iba a tomarse enseguida, por eso a desde principios de año venimos acompañando y aguantando. Pero lo que vemos es que seguimos agrandando el endeudamiento, tanto a proveedores, como en impuestos, y no vamos a poder pagar los salarios», ejemplificó.
Justamente, respecto al tema salarial, hizo referencia a que en la actual situación de congelamiento de subsidios y de tarifas, e incremento de costos operativos, se inició la negociación paritaria, en la que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) solicitó un mínimo de 37% de aumento salarial. «Eso agrava aún más nuestra situación», remarcó Herlein.
Finalmente, apuntó que el lunes, en la reunión de la Cámara, se resolverá como será ese plan de achiques de frecuencias, para ser notificada al órgano de contralor.
«Si no tenemos insumos para garantizar, no podemos prestar los servicios, por lo que vamos a entrar en un sistema de emergencia. Cada empresa adoptará su ajuste», indicó.
Provincia tildó de “socialmente irresponsable” al cese de beneficios a pasajeros
Ante la falta de respuestas por parte del gobierno provincial, a los pedidos por un mayor equilibrio de los coeficientes de distribución de los fondos destinados a compensar el sistema de transporte provincial, y con tarifas congeladas desde diciembre, la Asociación Empresaria del Transporte Automotor (AETA) se confirmó que desde el lunes no se reconocerá a ningún pasajero beneficios de descuentos especiales o de gratuidad en ninguno de los servicios que prestan las más de 40 empresas provinciales. Afectará los pases sociales, de discapacidad, de policías, estudiantes primarios y de pacientes en espera o trasplantados del Incucai. Además, progresivamente, se implementará un plan de reducción de frecuencias y horarios.
Al respecto, desde el Ministerio provincial de Planeamiento se indicó que, ante el contexto de supresión de subsidios a las empresas de transporte por parte del gobierno nacional, “la Provincia se hizo cargo del 50 por ciento de los costos del subsidio que las empresas recibían en 2018. Situación que ha permitido que el sistema no colapse y el costo del pasaje no llegara a niveles exorbitantes”.
A través de un comunicado, se explicó: “Ante el nuevo esquema planteado por el gobierno nacional, se alertó a las autoridades nacionales de las inequidades y malas praxis que el mismo presenta y desde el gobierno entrerriano se trabajó con las herramientas que posee para corregir los errores de este nuevo esquema, atendiendo los reclamos de las empresas que operan en la provincia en pos de asegurar la continuidad de los servicios como de la sustentabilidad de las empresas”.
Y continúa: “Cabe destacar que las actuales empresas, ante la decisión de recorte no presentaron queja alguna ante el gobierno nacional quien es responsable, producto de su política económica actual, del constante aumento de costos en los insumos necesarios para el sector”.
Sobre el Fondo Compensatorio
Según se informó, en días pasados, el Ministerio de Planeamiento, presentó ante el Consejo de Ministros de Obras Públicas (Cimop), la situación, alternativas y propuestas para mejorar el actual sistema de distribución de subsidios, proponiendo que se liquiden los remanentes del Fondo Compensatorio, creado por el gobierno nacional, a los distritos que efectivamente están dentro del esquema propiciado por Nación.
También, en esta instancia, se propició la apertura de mesas de trabajo para avanzar hacia un esquema de subsidios más transparente y que contemple necesariamente las diferentes situaciones de los sistemas existentes, fortaleciendo un ordenamiento del sistema en su conjunto.
Producto de la presentación las 24 provincias firmaron la resolución que demanda al gobierno nacional contar con instancias para analizar y avanzar hacia un nuevo esquema, más acorde y justo a las necesidades de las provincias, según comunicaron fuentes provinciales.
En cuanto al pago de subsidios, desde la Provincia se indicó que, “los mismos se vienen pagando en tiempo y forma, por el gobierno entrerriano, desde el momento de la firma de convenios en el mes de enero e incluye a empresas que operan con servicio interurbanos como suburbanos”.
“Ante esta situación, entendemos desde el gobierno provincial se ha atendido a los reclamos y propiciado las mejoras, en el marco de las herramientas con las que cuenta la provincia, y por ello se ha notificado a las empresas que, en caso de iniciar cualquier medida tendiente a afectar los servicios, se aplicará las sanciones previstas en el decreto 810/13, situación que ya ha sido notificada a las empresas el pasado viernes 10 de mayo”, subraya el comunicado.
Una medida, “socialmente irresponsable”
Según se indicó desde Provincia, “actualmente, las empresas reciben una exención del 50 por ciento correspondiente a la patente automotor por adherir a la emisión de pases sociales, de discapacidad, de policías, estudiantes primarios y de pacientes en espera o trasplantados del Incucai, por lo cual iniciar medidas que afecten a este segmento, no solo es erróneo, sino además socialmente irresponsable”.
“La decisión de las empresas es totalmente desproporcionada en el actual contexto, donde desde el Gobierno Provincial se ha atendido a los reclamos, se han aplicado las correcciones para mitigar el impacto de las decisiones nacionales a fin de asegurar que las empresas puedan operar de manera normal; asimismo se trabaja en propuestas de mejora y se ha mantenido totalmente abierto el diálogo”, advirtieron fuentes provinciales.
“La Provincia actualmente hace un esfuerzo importante para respaldar el servicio, colaborar con las empresas y asegurar un boleto las más accesible posible a los usuarios del sistema. Se está en permanente contacto con las empresas y sus representantes para arribar a soluciones y consensos; decisiones como las que pretende tomar Asociación de Empresas del Transporte Automotor de Entre Ríos (AETA) solo contribuyen a afectar el camino del trabajo articulado y el arribo a acuerdos beneficioso para todos a los entrerrianos”, finaliza el comunicado.
(fuentes: Uno y https://entreriosya.com.ar)
