Los trabajadores aceiteros, enrolados en la combativa Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.) realizan, desde este martes a la noche, un paro nacional, «conforme lo resuelto por las asambleas y por nuestro plenario de delegados», según informaron mediante un comunicado.
La medida comienza a las 22 y es «en defensa de nuestro salario y de las fuentes de trabajo que se ven a amenazadas con las provocaciones empresarias, como en el caso de Cargill, la mayor agroexportadora del país que ha despedido 44 trabajadores con un solo objetivo: disciplinarnos».
En tanto, fuentes de las cámaras que negocian con la Federación de Aceiteros adelantaron que se encuentra en trámite un pedido al Ministerio de Trabajo para que dicte la conciliación obligatoria. Según el sindicato, la huelga rechaza, además, una oferta salarial del 15% que les hicieron las cámaras del sector, «que no garantiza el salario mínimo vital y móvil», al tiempo que denuncian que «pretenden que entreguemos condiciones de trabajo de nuestro convenio».
Voceros gremiales señalaron que el paro es «en principio» por 24 horas pero no descartaron ir a una medida «por tiempo indeterminado». Las mismas fuentes dijeron que esa decisión podría tomarse este miércoles, ya que ven una «posición inflexible» de las cámaras Ciara, Ciavec y Carbio. «Se sienten seguras por el cambio de políticas, ni siquiera aceptaron una propuesta que hizo el Ministerio de Trabajo para que negociáramos en forma bilateral, al margen de la cartera laboral, para ver si llegábamos a un acuerdo».
Fuentes que conocen de cerca el sector, aseguraron que si se pasa a una medida por tiempo indeterminado «existe el peligro de que se vean afectadas las exportaciones agroindustriales».
Según datos para 2016 de la Bolsa de Cereales de Rosario, el 46% de las exportaciones totales de la Argentina es generado por granos, harinas, aceites, biodiésel y otros subproductos agroindustriales.
La negociación
Los aceiteros tienen una táctica de negociación salarial casi única en la Argentina. Deducen el porcentaje que reclaman de lo que, en el momento de la negociación, significa «el Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo», es decir «la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión».
Daniel Yofra, secretario general de la Federación, explicó que hoy esa cifra es de 30.650 pesos y representaría, contra el salario actual, un aumento del 22%.
La Federación de Aceiteros es uno de los sindicatos que, tanto bajo el anterior gobierno como en el actual, más perforan los techos paritarios oficiales.
La oferta de las cámaras es del 15%, en una sola cuota, retroactivo a enero y con cláusula de revisión en septiembre. De acuerdo a Yofra, la propuesta es un calco de la que aceptó el sindicato de aceiteros de San Lorenzo que no pertenece a la Federación y con el que tienen profundas diferencias.
Yofra también se refirió a los despidos en Cargill. Según el líder gremial las más de 40 cesantías se produjeron en tres plantas de la compañía, en Bahía Blanca, Villa Gobernador Gálvez y Rosario. Fueron en enero y hasta fines de febrero rigió una conciliación obligatoria en cuyo período de vigencia no aparecieron soluciones.
Las cláusulas “flexibilizadoras”
La Federación tiene entre ceja y ceja el acuerdo que firmó el gremio de San Lorenzo. No solo porque arguyen que las empresas lo toman como antecedente para intentar imponérselos sino porque, además, las cláusulas «flexibilizadoras» que ellos rechazan fueron aceptadas por esa filial, sostienen.
Por ejemplo, advierten sobre la pretensión de las cámaras de avanzar, entre otras cosas, con la «polifuncionalidad» y con una seria de disposiciones para adaptar las plantillas de trabajadores y organizar el trabajo en cada sector en los momentos en que se producen conflictos sindicales.
«Insisten en querer discriminar los salarios de acuerdo a la empresa en que se trabaje, su capacidad de molienda y su ubicación geográfica. Buscan fragmentar y dividir el colectivo en trabajadores de primera, de segunda y de tercera.
Pretenden manejar nuestra jornada de acuerdo a sus necesidades, sacándonos los adicionales por trabajar en turno y disponiendo de nuestro tiempo libre», dice el duro comunicado de la Federación.
Las empresas tienen una mirada distinta sobre el conflicto. Según Andrés Alcaraz, gerente de Comunicaciones Corporativas de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), la propuesta del 15% lleva el salario de la categoría inferior, sin adicionales, a 28.750 pesos, lo que lo ubica por encima de los 28.391 pesos que calculó para enero como canasta familiar el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac), de Rosario, indicaron.
«Con los adicionales, el salario de la categoría inferior, la menos numerosa del escalafón, llega a 45.000 pesos. Estamos hablando de uno de los sectores de trabajadores mejor pagos de la Argentina», dijo y tras lo cual advirtió que la «medida nos sorprende», porque «ya se venía dialogando con Federación y se hicieron tres reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Incluso había prevista una nueva reunión para el miércoles de la semana próxima, había diálogo abierto».
«Debe tenerse en cuenta que el sector está atravesado por la circunstancia de una cosecha que, por la sequía, será 20 millones de toneladas inferior a la de 2017, lo que representa u$s 5.000 millones de dólares menos», dijo el vocero de Ciara, quien reconoció, además, que hubo cesantías en Cargill, pero que los trabajadores que dejaron la empresa «fueron reemplazados por otros nuevos, no es que se achicó la plantilla».
Alcaraz también confirmó que las cámaras pretenden que el convenio acordado con San Lorenzo se aplique a los trabajadores que están bajo la órbita de la Federación, pero que «eso no busca perjudicar a ningún empleado sino que se trata de mejorar la productividad para crecer y sumar empleo de calidad».
(Fuente: El Cronista)
