Oliva explicó que «tan pronto como se conoció el robo, se presentó la denuncia y se inició un sumario administrativo. Se solicitó la intervención de expertos en ciberdelito de la provincia, quienes allanaron computadoras y celulares en busca de evidencia».
De este modo, el proceso interno reveló que «ninguno de los trabajadores ni colaboradores municipales estuvo involucrado. A pesar de tener identificadas las 16 cuentas a las que se transfirió el dinero, no pudimos tomar medidas hasta que la justicia actuara».
En julio, con el levantamiento de la feria judicial, se obtuvo un informe contundente de ciberdelito de la provincia, confirmando que el robo fue resultado de un sofisticado ataque a través de un correo electrónico.
En septiembre, se conocieron todos los detalles de los responsables, pero se mantuvo el silencio para permitir la recopilación de pruebas para las detenciones. Durante este tiempo, el intendente lamentó el uso político que algunos hicieron de la situación, incluso en debates previos a las elecciones.
Finalmente, con el esclarecimiento del caso, Oliva expresó: «Me siento aliviado y espero que aquellos que difamaron públicamente reconozcan su error y ofrezcan disculpas a los 82 mil uruguayenses que representan los intereses de la municipalidad».
El intendente también señaló la falta de apoyo del banco y criticó la falta de comunicación por parte de la entidad.
Asimismo, agradeció a los vecinos que confiaron en él y en su equipo, así como a los comunicadores, la fiscal Seró y al jefe público de los fiscales, García Lombardi, por su trabajo.
A pesar de la pérdida de $25 millones, se logró recuperar 1 millón. Oliva concluyó la entrevista llamando a una mayor responsabilidad y transparencia en la administración de situaciones de este tipo.
(fuente: La Prensa Federal)
