Una ciudad casi entera explotó para ocultar un delito. Carlos Menem murió diez días antes de ir a juicio por ese estrago.
Siete muertos, más de 300 heridos y daños millonarios en una parte de una ciudad que quedó prácticamente destruida, constituyeron el saldo dejado por una serie de explosiones intencionales que hace 30 años tuvieron lugar en las instalaciones de la Fábrica Militar de Río Tercero, ubicada en el centro de la provincia de Córdoba. Un hecho intencional destinado a encubrir el contrabando de armas que fueron traficadas hacia Ecuador y Croacia, como se estableció tiempo después en la Justicia.
Tras un prolongado proceso judicial plagado de dilaciones y maniobras de encubrimiento, se establecieron las responsabilidades de cuatro directivos de la empresa en los hechos, cuyas condenas quedaron firmes por una decisión de la Corte Suprema.
Sin embargo, el expresidente Carlos Saúl Menem, procesado como responsable de estrago doloso por las explosiones de Río Tercero, debía presentarse a un juicio oral y público que debía comenzar en Córdoba el 24 de febrero de 2021, pero murió diez días antes, a los 90 años. En consecuencia, la acción penal que se seguía sobre el exmandatario se extinguió.
Además, se pagaron cuantiosas indemnizaciones en dólares por los daños materiales provocados y muchas familias debieron abandonar la ciudad por temor a nuevas explosiones. Hubo miles de evacuados y aún se cursan demandas judiciales por los traumas psicológicos que dejó este siniestro intencional entre los habitantes de Río Tercero.
El 3 de noviembre de 1995, a las 8:55, tres explosiones sacudieron a la ciudad. Las dos primeras detonaciones se produjeron en la planta de descarga de la fábrica de armamento y una tercera, y más importante, ocurrió en el depósito de expedición y suministro.
La Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino fueron los barrios por donde se esparcieron los proyectiles que se almacenaban en los depósitos de explosivos de la Fábrica Militar.
En diálogo con Tiempo Argentino, Horacio Viqueira, exdiputado nacional y abogado que querelló en la causa en representación de los familiares de una víctima, sostuvo que “el primer indicio de la intencionalidad” de las explosiones tuvo que ver con la hora. Es que, al momento de las detonaciones, el personal suspendió sus actividades para tomar el desayuno.
“Lo que quedó con los años es una sensación de impunidad sobre quienes dieron las órdenes. Hubo condenas que quedaron firmes y en varias instancias se señaló que debía investigarse hacia quienes dieron las órdenes para que se ejecutaran estas explosiones, pero no se avanzó y todo se fue demorando”, indicó Viqueira.
A las 17 de ese día, y mientras Río Tercero estaba conmocionada y sacudida por explosiones que seguían sucediéndose de forma esporádica, pero estruendosa, Menem llegó de urgencia a la Ciudad y dio una conferencia de prensa en la cual pareció darle a la ciudadanía instrucciones muy precisas sobre la forma en la que debían interpretarse los hechos.
“Esto es un accidente. Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra”, les indicó el riojano a los trabajadores de prensa que registraban sus dichos. Esa era, en definitiva, la palabra oficial: había que descartar el atentado.
En esa línea, la Justicia orientó sus primeras medidas a investigar la ocurrencia de un accidente. Un desperfecto en la manipulación de material que se transportaba en un montacarga había generado un fuego en un tambor de Trotyl, que se esparció a otros recipientes similares, lo que originó una reacción en cadena que desató el infierno en aquella mañana soleada y primaveral.
Pero tras varios trámites y pericias que se ordenaron en la instrucción, se estableció que el Trotyl no puede explotar por la acción de las llamas. Es un material que necesita un detonador para entrar en funcionamiento.
En la causa judicial se recolectaron testimonios de empleados de FM, quienes declararon que la noche anterior al siniestro, desconocidos ingresaron a las instalaciones con el propósito de «acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones”.
Otro indicio de la intencionalidad fue la dirección de las ondas expansivas, que se dirigieron hacia el sur y el este de Río Tercero. En torno a esos puntos cardinales se encontraban los empleados de la fábrica y el Polo Petroquímico de la ciudad, que no resultó dañado por las explosiones.
Con el correr de la instrucción, se entendió que había habido intencionalidad para provocar este hecho, y se avanzó en ese sentido. ¿Pero cuál había sido la razón para provocar el desastre?
Las explicaciones había que buscarlas en otra investigación judicial que recayó sobre Menem y parte de sus funcionarios. Entre 1991 y 1995, el exmandatario autorizó mediante decretos la venta de armas a Panamá y Venezuela, que terminaron en Croacia y Ecuador, en una típica maniobra de triangulación relacionada con el tráfico de pertrechos bélicos.
La constatación de la existencia de armas de fabricación argentina en Croacia y Ecuador suscitó graves problemas políticos y diplomáticos para el gobierno de Menem.
Desde principio de los ’90, el país había desplegado un contingente de militares en misión de paz en la zona de una zona de conflicto de la ex Yugoslavia. Eran tropas de interposición que debían evitar enfrentamientos entre efectivos croatas y serbios, mientras el país le vendía fusiles a una de las partes en conflicto.
En tanto, también se verificó la presencia de armas en poder de tropas ecuatorianas, que en 1995 se enfrentaron con dotaciones de Perú en el marco de un conflicto de límites. En eso caso, Argentina era garante de un tratado de paz que habían firmado ambos países.
Los materiales bélicos que se hallaron en esos destinos habían sido retirados de Río Tercero con el pretexto de realizar reparaciones. Pero luego se comprobó que terminaban en Ecuador y Croacia.
Se sucedieron denuncias por esos faltantes y se iniciaron investigaciones. Una pericia contable sumada a la causa determinó que al momento de la explosión había un faltante de entre 29 mil y 49 mil municiones, de acuerdo a un inventario.
En el transcurso de la instrucción, y pese a todos los indicios, un conjuez, Diego Estévez, designado para esta investigación, dictó en 2005 la absolución de todos los imputados por la explosión en base a conclusiones que extrajo del sitio El Rincón del Vago, una página a la que recurrían estudiantes que pretendían aprobar trabajos sin esmerarse demasiado. La Cámara Federal de Córdoba lo apartó de la investigación.
Finalmente, el Tribunal Oral Federal (TOF) Número 2 de Córdoba condenó por estrago doloso seguido de muerte a Edberto González de la Vega, coronel retirado y director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares, a 13 años de prisión; a Carlos Franke, coronel retirado y director de Producción de Fabricaciones Militares, a 13 años; a Jorge Antonio Cornejo Torino, coronel retirado y director de la Fábrica Militar de Río Tercero, a 13 años; y a Marcelo Gatto, mayor retirado y jefe de la División Producción Mecánica a diez años. En 2021, la condena fue ratificado por la Corte y quedó firme.
Tras varias apelaciones, Menem terminó absuelto en 2018 de la causa de contrabando de armas a Ecuador y Croacia por el máximo tribunal. Debía afrontar un juicio que iba a estar a cargo del TOF 2, pero murió diez días antes del inicio de las audiencias.
“Nos quedó un sabor bastante amargo con el final de toda esta causa”, admitió Viqueira, quien representó a María Eugenia y María Julia, las hijas de Ana Gritti -esposa de Hoder Dalmasso, muerto el día de las explosiones-, quien impulsó durante años la instrucción en soledad, hasta su deceso en 2011. Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Elena Rivas de Quiroga y José Varela fueron las otras seis víctimas fatales
