Por Miguel Toledo [1] –
“Ningún habitante de la nación puede estar desamparado por el solo hecho de carecer de recursos. El dolor y la enfermedad son niveladores sociales; por eso no existirá verdadera justicia social si el pobre no dispone de idénticas posibilidades de curarse que el rico, si no cuenta con los mismos elementos e igual asistencia médica que éste. La urgencia de vigilar el caudal humano de la nación no es un problema sentimental ni es una cuestión de filantropía es un imperativo que resulta de la igualdad de derecho a la vida y la salud” (Dr. Ramón Carrillo al asumir como Secretario de salud pública, 1 de junio de 1946).
Al sistema de salud en Argentina lo constituyen los sectores públicos, privado y las obras sociales y prepagas. El 30% de los argentinos accede al sistema público (ministerios nacionales y provinciales, hospitales y centros de salud) que presta atención gratuita a toda persona que lo necesite. Las provincias son autónomas en materia de salud, pero las decisiones sanitarias requieren de la coordinación y la articulación con políticas nacionales. La degradación del Ministerio de salud en Secretaría de gobierno de salud (Ministerio de salud y desarrollo social) acompaña el desmantelamiento o minimización de los programas de salud sexual y reproductiva, del REMEDIAR y del sistema de inmunización, entre otros. En los últimos años, una nueva política nacional de salud llamada “Cobertura Universal de Salud” (CUS) demanda la puesta en discusión de qué es esencial en salud y, sobre todo, en salud pública.
Los programas mencionados anteriormente son los más sensibles en los Centros Asistenciales Primarios de Salud de la provincia de Entre Ríos (el C.U.S REMEDIAR, el de salud sexual y el de inmunización). Respecto del primero, se viene realizando un recorte en la cantidad de medicación enviada junto con la faltante de algunos medicamentos. También la discontinuidad en la entrega de botiquines con anticonceptivos es notoria. Desde hace ya unos años, la provincia debió reforzar los centros de salud con refuerzos en las partidas presupuestarias para adquirir medicamentos. Asimismo, los centros de salud utilizan fondos propios del programa SUMAR para solventar gastos correspondientes al programa de salud sexual y reproductiva.
Por otro lado, en el marco de la atención primaria de la salud la vacunación es una de las intervenciones preventivas fundamentales porque no solo cumple la función de prevenir enfermedades, sino que favorece a la erradicación de las mismas. Argentina posee unos de los más completos esquemas de vacunación, sin embargo, en los últimos años dicho sistema se ha desarticulado. En primer lugar, la falta de logística hace que las vacunas no tengan una entrega regular. En consecuencia, la provincia de Entre Ríos, como otras, se ve en una encrucijada debido a que por ley no se pueden adquirir vacunas por cuenta propia. La operatividad central del sistema de vacunación en nuestro país corresponde a Nación, las provincias realizan las programaciones a efectuarse cada año para que se compren y distribuyan en las respectivas provincias. Los estados provinciales a su vez las reparten en sus vacunatorios que en Entre Ríos ascienden a más de 360 donde se colocan más de un millón de dosis por año. Si bien se justifican las faltantes con inconvenientes en las aduanas o en los laboratorios deberían minimizarse las consecuencias desde la gestión nacional.
Una política nacional de salud pública no puede reducirse a la transferencia de responsabilidades a las provincias, sin los recursos necesarios ni con ellos. Un sistema de salud pública debe reflejar un proyecto de país, porque “la salud es materia de Estado” (Ramón Carrillo).
[1] El autor de la nota es odontólogo y se desempeña como Director del Centro de Salud «Dr. Giacomotti».
