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Piden explicaciones a Mariano Cúneo Libarona por el faltante de patentes en todo el país

La diputada por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido al Ministro de Justicia donde exige que se brinden los motivos concretos sobre las demoras y complicaciones generadas por la falta de provisión a autos y motos.

La diputada por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el que exige explicaciones concretas por el faltante de chapas patentes para autos y motos que afecta a miles de personas en todo el país.

“El Estado no puede seguir fallando en cuestiones básicas que afectan la vida cotidiana de los argentinos. Es inadmisible que quienes hacen las cosas bien terminen perjudicados por la ineficiencia del Gobierno”, sostuvo la legisladora en su presentación, al amparo de la Ley 27.275 que garantiza el derecho ciudadano a acceder a información pública.

La solicitud tiene como objetivo conocer con detalle los motivos detrás del problema, los plazos previstos para su resolución, la cantidad de dominios provisorios actualmente vigentes y el estado del proceso de licitación que derivó en la adjudicación del servicio a la empresa Tönnjes Sudamericana S.A.

A su vez, también se solicita información sobre los proveedores anteriores y las razones por las cuales dejaron de operar.

Campagnoli cuestionó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno, recordando que desde el Ministerio de Justicia se había prometido en mayo la normalización del sistema: “Ese plazo venció hace tiempo y el problema continúa. Queremos saber por qué no se cumplió con ese compromiso y qué medidas se están tomando para resolverlo”.

El faltante de patentes no solo genera demoras en la entrega de vehículos, sino que también expone a miles de personas a sanciones por circular sin la documentación definitiva, a pesar de haber cumplido con todas las obligaciones legales.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley y facilitar la vida de quienes la respetan. No puede ser que una gestión ineficiente genere consecuencias negativas para los ciudadanos”, concluyó Campagnoli.

(fuente: https://www.lavoz901.com/)

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