El exvocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Bernardo Salduna dijo que se le “encendieron algunos principios de alarma con respecto al Poder Judicial” al analizar el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno provincial.
Las críticas a la iniciativa del gobierno de Rogelio Frigerio se suman a las expresadas por el expresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Emilio Aroldo Castrillón, quien centró sus cuestionamientos en la «delegación de facultades» contemplada en la reforma y advirtió sobre la ilegalidad de las medidas propuestas.
“En el mensaje que acompaña el proyecto se dice que ningún jubilado actual verá modificado su haber, ni perderá derechos adquiridos, ni se afectará alguna garantía de tipo constitucional. Pero en el articulado no se dice concretamente que no vaya a ocurrir aquello que se anuncia”, explicó ante la consulta del programa Puro Cuento (Radio Plaza).
Salduna recordó que antes de la Ley de Enganche cada vez que se aumentaban los sueldos del Poder Judicial se hacían negociaciones con el gobierno de turno que, a criterio del ex magistrado, “implicaban un condicionamiento a la independencia”.
“Ahora pareciera que esta ley retrocede en esos aspectos y que los activos continuarían con la equiparación con la justicia nacional, pero a los pasivos se les aplicaría la paritaria de la administración pública provincial, con un porcentaje diferente, o sea que el aumento de los activos no se trasladaría a los jubilados”, advirtió.
La referencia es al artículo de la iniciativa que dispone que todos los jubilados perciban aumentos en función de lo acordado de las paritarias del escalafón general de la administración pública y no por paritarias o acuerdos sectoriales, como los que tienen actualmente el Poder Judicial y algunos organismos autárquicos, cuyos jubilados reciben aumentos mucho mayores.