La promulgación del decreto 340/225 busca consolidar un modelo que va a contramano de la generación de trabajo, el desarrollo y la calidad de vida de los argentinos. Con el blanqueo de capitales se benefician los responsables del tráfico ilegal.
Las desregulaciones que lleva adelante este gobierno, como las propuestas por el nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante, son contrarias a la más elemental idea de Nación. Nos retrotraen a un hecho histórico fundante: la lucha de aquel 20 de noviembre de 1845, cuando criollos, gauchos, indios, mulatos y mujeres, junto a las tropas comandadas por Lucio Norberto Mansilla, bloquearon el paso de los barcos a vapor de Gran Bretaña y Francia que pretendían avanzar sobre el territorio nacional. Ahora pareciera que aquel combate de la Vuelta de Obligado fue en vano.
Mediante el decreto 340/2025, el ministro Sturzenegger modificó la ley para permitir la libre navegación de firmas extranjeras dentro del país. Antes de este decreto, la navegación de cabotaje solo se podía realizar con naves de bandera argentina y tripulación sujeta a las reglamentaciones locales.
La excusa del régimen de excepción
Con la excusa de “bajar el costo argentino”, las grandes exportadoras de granos, muy poco controladas en este momento, van a servirse a gusto de nuestros recursos, gracias a la liberación del transporte aéreo, terrestre, y también fluvial y marítimo.
Hasta ahora, los buques de ultramar llegaban hasta los puertos del Gran Rosario por la hidrovía de gran calado. El transporte de granos –principalmente soja de Paraguay y Bolivia– se realizaba con barcazas de empresas de argentinos radicadas en Paraguay para pagar menos impuestos. Hoy estas barcazas van a poder matricularse en Argentina y operar como una nave local, pero sin dejar de pagar impuestos en otro país.
Además, esta reforma amplía de 30 a 60 días –renovables hasta 180 días– y por un tiempo de 10 años, el plazo por el que los buques internacionales pueden transitar por nuestros ríos; también podrán contratar personal extranjero, afectando el empleo argentino.
Esta desregulación va a beneficiar a las exportadoras de granos, a los operadores de las Bolsas de Cereales y Comercio y a los integrantes del Centro de Puertos. La supuesta disminución del costo del transporte nunca va a llegar a los productores de las regiones del NOA y el NEA argentino, que van a recibir el mismo pago por sus productos.
Esta película ya la vimos: en 1994, el gobierno de Carlos Menem modificó la Constitución para atraer inversiones extranjeras, permitiendo la libre navegación de los ríos. Esa decisión trajo los siguientes problemas:
• Pérdida de soberanía, ya que el transporte marítimo quedó en manos de empresas internacionales.
• Aumento de la contaminación de los ríos, por la ausencia de regulaciones y la falta de control sobre la navegación.
• Pérdida de empleos, ya que la apertura a la competencia extranjera afectó al sector de transporte fluvial.
Además de estos puntos, hay que tener en cuenta la cuestión geopolítica y estratégica. Por el Río de la Plata sale el 75% de nuestro comercio exterior. Del Gran Rosario, donde están instaladas las cuatro exportadoras multinacionales más grandes, sale más del 90% de la producción de harinas y aceites del país. Todos los puertos que desembocan en esta vía son privados, por los cuales se sospecha que existe un tráfico ilegal, que toma relevancia hoy con el blanqueo de capitales.
Perder el control de los mares y los ríos deja al país condenado a ser una economía de exportación de materias primas, en manos de multinacionales exportadoras. Un modelo que va a contramano de la generación de trabajo, el desarrollo y la calidad de vida de los argentinos.
(fuente: https://www.tiempoar.com.ar/)
