Por Germán Bercovich –
En estas últimas semanas veo, a repetición, noticias locales vinculadas a operativos en plazas de nuestra ciudad, donde se secuestran pequeñas cantidades de marihuana o cocaína, y se procesa a quienes las transportan. Se transmite como un triunfo contra la prevención de futuros delitos. Es decir, se está interpretando al adicto a las drogas como delincuente.
Desde hace años se discute si la lucha contra el narcotráfico tiene efectos más beneficiosos que la liberación del consumo. México ha perdido cien mil vidas en los últimos seis años por efecto de la violencia del tráfico de cocaína, y se calculan veinte mil desaparecidos. Por supuesto, México hubiera necesitado muchos más años para tener tantos muertos por sobredosis, o por hechos delictivos derivados del consumo (en este rubro, los delitos perpetrados bajo efecto del alcohol son más numerosos). De hecho, un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2014, (ONUDD) concluyó en que la mortalidad vinculada al uso de drogas llega a 210 mil personas al año.
Todos somos usuarios de tóxicos, legales o prohibidos, que son capaces de alterar la consciencia y no por consumirlos nos transformamos en dependientes. Sólo una minoría, con determinadas características de personalidad y-o ambientales pasan del uso a la dependencia. Por obvio que parezca aclararlo, no hay ninguna droga que convierta a nadie, automáticamente, en loco, criminal, o adicto. La prohibición genera, como efecto seguro, una reducción de la oferta, y establece una plusvalía enorme a la distribución. Además, condena a los enfermos a la marginalidad.
La Ley de Salud Mental pide a los hospitales generales que se ocupen de ellos, pero quienes trabajamos en el sistema público de salud sabemos que no está funcionando. Un paciente que arriba a una guardia con cualquier dolencia, a la que se agrega un consumo de drogas ilegales, pagará el precio del prejuicio. La misma factura quedará para saldar en todos los ámbitos en los que transcurra el sujeto en cuestión. Una sobredosis difícilmente sea leída, en un trabajo, más como un problema de salud que como causal de despido. Quien asista a clases drogado correrá la misma suerte. Sus familias se avergüenzan de ellos en muchos casos, ocultándolos. Es injusto. Alguien con diabetes 2 que se atiborra de dulces y lleva una vida sedentaria, no corre la misma suerte de exclusión.
El estudio de la ONUDD antes mencionado destacaba que cuatro de cada cinco usuarios problemáticos no tienen acceso a un tratamiento. La contradicción es muy grande. Se dice que el problema es de salud, pero los mayores recursos se asignan a la represión.
Cuando Zaffaroni era Juez de la Corte Suprema, se realizó un congreso para analizar un proyecto de despenalización. Copio aquí sus palabras, que me parece que esclarecen el punto que hemos intentado abordar: “un problema de salud, como cualquier otro problema, tiene su propia naturaleza, y cuando queremos resolver un problema sacándolo de su naturaleza y asignándole una artificial, como la Penal, no lo resolvemos. Y esto a costa de muchos, muchos muertos”.
