La Cámara de Diputados sesionará este miércoles por la Ley de Glaciares que busca aprobar el oficialismo. Los puntos principales del proyecto.
El proyecto para reformar la Ley de Glaciares que la Cámara de Diputados debate este miércoles cambia el esquema de protección ambiental y habilita actividades económicas en zonas que hasta ahora estaban restringidas, especialmente en áreas periglaciares.
La iniciativa, impulsada por el oficialismo con apoyo de gobernadores de provincias mineras, redefine qué zonas deben preservarse y transfiere a las provincias la potestad de decidir dónde se puede avanzar con proyectos extractivos.
Qué establece la ley vigente: las diferencias con el proyecto actual
La Ley 26.639, sancionada en 2010, fija los presupuestos mínimos para proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
La norma:
- Prohíbe la actividad minera e hidrocarburífera en zonas protegidas
- Crea el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA-CONICET
- Define al ambiente periglacial como regulador hídrico, incluso sin hielo visible en superficie
En la Argentina, los glaciares alimentan 39 cuencas hidrográficas a lo largo de la Cordillera.
Cambios con la Ley de Glaciares
El cambio central: la protección condicionada
El proyecto introduce un cambio de criterio: la protección deja de ser general y pasa a ser selectiva.
Solo quedarían plenamente protegidos los glaciares que sean considerados «reserva estratégica» o que se identifiquen como esenciales para el abastecimiento de agua.
Esto implica que las zonas periglaciares ya no estarán automáticamente protegidas y su preservación dependerá de estudios que acrediten su función hídrica. Si no se demuestra ese aporte, las áreas podrían habilitarse para actividades económicas.
Zonas periglaciares: el eje de la reforma
Otro de los principales cambios tiene que ver con el ambiente periglacial, que comprende suelos congelados o sometidos a ciclos de hielo y deshielo en zonas de alta montaña. Estas áreas funcionan como reguladores del agua, aunque no siempre presenten hielo en superficie.
Con la reforma se elimina la prohibición automática de actividades extractivas, se habilita la exploración y explotación minera mediante Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA).
El Gobierno sostiene que busca evitar «interpretaciones arbitrarias» que, según afirma, frenaron inversiones en los últimos años.
Más poder para las provincias
La iniciativa también modifica la distribución de competencias.
Las provincias pasarán a:
- Definir qué zonas proteger y cuáles habilitar
- Determinar qué áreas tienen relevancia hídrica dentro de cada cuenca
- Aprobar las evaluaciones ambientales de los proyectos
El cambio es promovido por gobernadores de distritos con desarrollo minero, como Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo.
La reforma se vincula con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases de 2024, que apunta a atraer capitales al sector.
Qué pasa con el rol científico
El proyecto reduce el peso del sistema científico en la aplicación de la ley.
El Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA-CONICET, deja de tener un rol central y vinculante, mientras que el monitoreo queda bajo órbita provincial.
Habilitación de actividades vedadas
La reforma reemplaza el esquema de prohibición por uno de autorización condicionada.
Las actividades que estaban vedadas podrán realizarse si superan una Evaluación de Impacto Ambiental, que será gestionada a nivel provincial.
Organizaciones ambientales cuestionan este punto y advierten que el cambio puede debilitar el principio precautorio y reducir los controles efectivos.
En este sentido, la discusión en Diputados este miércoles definirá si se permite destrabar inversiones mineras, como sostiene el oficialismo, o si se protegen las reservas estratégicas de agua en un contexto de crisis climática, que es la postura que mantiene la oposición.
(fuente: https://www.baenegocios.com/)
