por Prof. Luis Cerrudo Mg. y Dr. en Educación –
El 20 de mayo de 1971, a través del decreto 1305, el Poder Ejecutivo Nacional autorizaba la creación de la Universidad de Concepción del Uruguay, a instancias de las intensas gestiones realizadas por la Sociedad Educacionista La Fraternidad. Esta entidad, fundada casi cien años antes, iniciaba así un camino de profundización y actualización de su mandato fundacional primigenio para intentar dar respuestas, desde su compromiso comunitario, a lo que entendía era la necesaria conformación de un sistema universitario entrerriano propio.
Hoy, la Universidad cumple cincuenta años de vida y en este artículo, revisamos ese tiempo fundacional y de creación institucional.
La Fraternidad y la creación de la Universidad de Concepción del Uruguay.
Una institución centenaria con vocación comunitaria.
El mandato fundacional de UCU, ese imperativo que da fundamento a una institución, surge de la evolución del contrato social que originara la creación de la Sociedad Educacionista La Fraternidad en 1877. Ese espacio desde el cual un grupo de estudiantes del Colegio del Uruguay primero y vecinos preocupados por la formación integral de los jóvenes después, dieron continuidad a un ámbito institucional que, partiendo de la necesidad de crear becas secundarias y un internado para quienes venían a esta ciudad a estudiar, fue evolucionando hasta la inclusión en su seno de una institución universitaria.
Podemos observar en el marco de la experiencia de vida de La Fraternidad, en la relación con la comunidad y en las expectativas sociales, una actualización del mandato original con la reforma estatutaria de 1944, portadora del germen del crecimiento institucional. Esta reforma habilitó su actualización efectiva, dando lugar a la política de Nuevas Aperturas en la segunda mitad de la década del 60. La actualización del contrato social primigenio fue parte de la visión institucional de los directivos en su diálogo con la comunidad y en su lectura histórica, tendiente a perfeccionar la aspiración de los fundadores de la sociedad educacionista. A mediados del siglo XX, ese mandato se tradujo, para la nueva dirigencia de la casa fraternal, en la necesidad de impulsar la creación de instituciones educativas que suplieran la falta de enseñanza superior en nuestra región. Esta posibilidad se concretó con la aparición de un grupo dirigente que entendió el momento político y social dinámico que se abría a mediados de la década del 60 y actualizó su mirada con la implementación de la Política de Nuevas Aperturas, participando además en toda iniciativa que favoreciese la instalación de instituciones universitarias en la ciudad.
Este tránsito, desde una Sociedad Protectora con una Casa de Internos hacia una Asociación Educacionista con Internado, una escuela técnica secundaria y una universidad no fue sencillo. Más allá de las dificultades económico – financieras y del esfuerzo que implicó construir y sostener cada uno de los nuevos emprendimientos, este salto cualitativo generó hacia el interior de la institución madre una fuerte discusión acerca de ese mandato fundacional y el papel a que estaba llamada a cumplir La Fraternidad. ¿Qué debían hacer en la segunda mitad del siglo XX con una institución nacida para dar respuesta a un problema de fines del siglo anterior? ¿Había sólo que mantener la tradición o ésta debía ser tomada como punto de partida para evolucionar y crecer? ¿Qué desafíos tenía que afrontar en ese tiempo histórico la institución en la relación con la comunidad en la que desarrollaba su accionar educacional? ¿Cuál sería el destino de La Fraternidad si se mantenía en el marco de una actividad institucional inalterada?
A mediados del siglo XX, la Fraternidad, a través de la Casa del Internado había cumplido una intensa y gran tarea alojando a jóvenes estudiantes provenientes de diversas provincias, brindando apoyo en sus estudios y estableciendo un sistema solidario para su sostenimiento. Había construido un edificio propio y gozaba de reconocimiento regional. Pero la realidad educativa y comunitaria se había transformado. Era necesario encarar nuevas obras si se entendía el mandato de La Fraternidad como una idea solidaria en expansión. La reforma estatutaria de la gestión Codina (1944) fue el resultado de dicha percepción y la política desarrollada en la gestión H.B.Sauret (1964 – 1977), la concreción en la práctica de la actualización del compromiso social.
Se gestó un cambio profundo en una institución que durante un par de décadas había comenzado a transitar por la medianía y la comodidad de una actividad sin mayores sobresaltos. Este cambio, esta posibilidad de desarrollo a través de nuevas creaciones que romperían el exclusivismo del Internado provocaron una divisoria de aguas entre sus miembros. Desde nuestra perspectiva, este cambio entrecruzó una serie de principios y valores que entendían la creación de la Universidad como uno de los principales factores de promoción del desarrollo en el territorio entrerriano.
Así, el diseño e implantación de la programática política fundacional de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) durante el final de la década del 60 y principios del 70 implicó plantear el momento fundacional de la primera Universidad propia instalada en la región, que combinó de forma inédita aspectos de la experiencia asociacionista previa de su institución patrocinadora, la Sociedad Educacionista La Fraternidad (SELF) con un discurso desarrollista -como praxis política- del sector dirigente local que promovió esta iniciativa y, por último, su adecuación y aprovechamiento del contexto de las políticas universitarias expansivas promovidas por el Plan Taquini desde el Estado Nacional.
El proyecto de educación formal que significó la creación de UCU (Decreto PEN Nro 1305/71) apuntó a internalizar a las nuevas creaciones en la tradición fraternal, como un salto cualitativo en cuanto a su mandato fundacional. El grupo dirigente explicaba el ¨ciclo de la enseñanza universitaria¨ como un proceso necesario en la evolución histórica de la centenaria institución, que se había iniciado en el siglo XIX con el ¨ ciclo del internado ¨. Lo primero que había que saldar y redefinir era el mandato fundacional de la entidad madre, La Fraternidad. La creación de la Universidad debe verse, entonces, como una instancia de compromiso de la institución fundante con la comunidad en la cual se desarrolla, la cual reclamaba, al entender de su dirigencia, un espacio de educación superior para acompañar políticas de crecimiento regional, entendiendo que así contribuirían a la formación de recursos humanos y aportar espacios de investigación y extensión en orden a los requerimientos locales y regionales en un espacio privilegiado en área de frontera.
Las características solidarias de la entidad fundadora fueron transmitidas a la entidad fundada, la cual revistió su accionar con políticas destinadas a facilitar el acceso y continuidad de estudio a los jóvenes de la región para la formación de ¨ciudadanos libres, autónomos e independientes, aptos para tomar decisiones políticas, económicas y sociales para apoyar un mejor desarrollo de nuestros pueblos.¨ (H.B.Sauret: 1977) La Universidad de Concepción del Uruguay, como creación de una asociación civil educacionista, integrada por vecinos sin requisito de pertenencia a sector político, religioso, social o de alguna otra índole, la cual en asamblea elige sus autoridades y al rector de la Casa de Estudios, puede ser caracterizada como una universidad pública comunitaria de gestión no estatal, que se inserta en el marco legal – institucional argentino de las instituciones privadas.
Desde el punto de la construcción de institucionalidad, observamos que se abrió un espacio sumamente complejo y trabajoso que era el de dotar de institucionalidad creciente a este nuevo espacio educativo. La ahora Asociación Educacionista La Fraternidad estaba obligada a avanzar en la creación de un corpus normativo, la estructuración de una burocracia administrativa y un organigrama de gestión especializada y con un presupuesto específico que le diera sustento, otorgándole niveles más altos de autonomía para su crecimiento. En este proceso de construcción institucional, la UCU, con organismos de conducción que se desprendían del Consejo Directivo de la AELF, entidad con un largo ejercicio de gobierno institucional, reprodujo, en un primer momento, dicho sistema hacia la universidad: el presidente de la AELF será el rector de la nueva institución y el H. Consejo Directivo cumpliría las funciones de Consejo Superior Universitario, desdoblando sus competencias. Esta distribución del poder – local, grupal con un liderazgo claro, dinámico y respetado, y refrendado en asambleas anuales de socios vecinos – le permitió transitar el camino organizacional de una manera más sólida e independiente de los vaivenes políticos de la época.
Un primer momento, entonces, se puede observar en la etapa fundacional, desde la creación en 1971 hasta la asunción integral del proyecto universitario al denunciar el fallido convenio de incorporación a la UNER en 1978. La organización es simple, con una mayoría de funcionarios en carácter ad honorem, con un organigrama diseñado pero no integrado en todos sus cargos y con superposición de funciones entre AELF y UCU, donde las autoridades de AELF se confunden con las autoridades de la universidad y sólo se distinguen las autoridades de la FCE, primera unidad académica.
Un segundo momento, el de verdadero diseño institucional, es el que se abre al momento de definir la continuidad global del proyecto universitario. La reunión de HCD de AELF del 9 de septiembre de 1978, dejando sin efecto el Convenio de Transferencia a UNER, fue el acto que dio inicio al proceso de institucionalización que la creación universitaria venía reclamando para su consolidación. La ratificación en posterior Asamblea de Socios abrió de inmediato la necesidad y obligación de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el decreto de creación en cuanto a la integración del proyecto de universidad, mediante la puesta en marcha de las dos unidades académicas que completarían el diseño institucional primigenio. Esto ameritaba pensar a la universidad como un espacio con mayores niveles de autonomía de la asociación madre así como de una necesaria profesionalización de sus cargos directivos y no docentes. Había que pensar la nueva institución en orden al cumplimiento de las funciones de docencia y de extensión universitaria y, fundamentalmente, modelar el proceso institucional con la sanción de un corpus normativo específico, presupuesto propio y un plan de desarrollo que permitiera la conformación de las unidades académicas comprometidas en el decreto de creación, en principio, como así también ir evaluando las posibilidades de crecimiento futuro en la comunidad y la región.
La reforma estatutaria de 1981 posibilitó el salto cualitativo desde el punto de vista organizacional al delegar el gobierno supremo de la universidad y su administración en sus cuerpos orgánicos. De esta manera, la Universidad de Concepción del Uruguay, a partir del 24 de junio de 1981 pasó a ser conducida por el Consejo Superior Universitario, órgano diferente al HCD de la Asociación Educacionista La Fraternidad. La institución adquirió una nueva dinámica, generando una agenda integral de su problemática: integración de sus cuerpos directivos, diseño de un organigrama funcional, profesionalización del personal directivo y capacitación del personal no docente, elaboración de presupuesto propio, Estatuto Académico, un Reglamento Interno y la sanción de un cuerpo normativo necesario para su desenvolvimiento, tratamiento de cuestiones específicas vinculadas al funcionamiento de cada una de las facultades, el estudio y análisis de factibilidad de nuevas carreras y campos disciplinares, la proyección de nuevas facultades.
Podemos entonces afirmar que desde la integración del CSU en junio de 1981 y el momento de recuperación de la democracia en diciembre de 1983, la UCU consolidó su estructura institucional, generando una identidad propia con estamentos integrados de personal directivo profesionalizado, personal administrativo capacitado y cuerpo docente formado por profesionales de la región y especialistas.
La reapertura democrática vino a plantear otros desafíos y nuevos escenarios en un espacio donde la participación juvenil y la efervescencia política impondrán una dinámica diferente a la vida universitaria.
Hoy, a cincuenta años de ese momento fundacional y de construcción institucional, recordamos ese rico proceso histórico que permitió el nacimiento de nuestro sistema universitario propio.
Cerrudo, Luis (2020), UCU y UNER. Mandato fundacional y construcción institucional. Historia de las dos primeras universidades entrerrianas. 1962-1983. BsAs, MCdelU-Ed. Dunken.
(ilustración: Carina Amarillo. Edificio La Fraternidad. Acuarela. 2019)
