Diferentes mandatarios provinciales difundieron el texto en el que denunciaron que se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta «en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales».
La Liga de Gobernadores consideró como «un hecho de enorme gravedad institucional que atenta contra la democracia» la condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos que recibió el martes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la causa Vialidad.
«Los fiscales y jueces actuantes en su afán de imputarla penalmente le adjudicaron actos y funciones de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la Constitución, como los actos de administración general y manejo de fondos públicos», indicaron.
“Los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió CFK y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones», advirtieron los gobernadores.
En el texto posteado se subrayó que «todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizó a la opinión pública», en referencia al escandaloso chat que se conoció en los últimos días donde funcionarios macristas, jueces, fiscales y directivos del Grupo Clarín planeaban cómo encubrir su viaje a Lago Escondido.
Sobre la condena, los gobernadores recordaron que los hechos investigados “ya habían sido sobreseídos” y sostuvieron: “La reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior puso en marcha como nunca en la Argentina un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular».
Así, en el comunicado consideraron que «esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder».
«La inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos», remarcaron
«El enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra Vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario son la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos pongan en riesgo el estado de derecho que tanto nos costó conseguir», concluyó la Liga de Gobernadores.
Fuente: Política Argentina
