Por Juan Martín Garay. –
Hace pocos días escribía que la plata de los entrerrianos ya no quedaba en Entre Ríos. Que primero ocurrió con la compra centralizada de medicamentos y que ahora sucedía con los alimentos destinados a los comedores escolares.
No era solamente una discusión económica. Era también una discusión sobre el modelo de provincia que queremos construir.
La resolución cautelar dictada por la Justicia provincial incorpora ahora un dato imposible de ignorar: el sistema centralizado de provisión de alimentos quedó suspendido de manera preventiva.
La decisión judicial no analiza todavía el fondo del asunto. Pero sí ordena algo muy concreto: que el Gobierno Provincial deje de distribuir productos que no cumplen con la Ley de Etiquetado Frontal y, al mismo tiempo, garantice el abastecimiento bajo la modalidad vigente antes de la implementación del sistema centralizado.
No es un detalle menor.
La Justicia no sólo protege el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir una alimentación saludable. También dispone, mientras dure el proceso, volver al esquema descentralizado que la Provincia decidió abandonar.
Durante este tiempo se presentó la centralización como sinónimo de eficiencia. Sin embargo, hoy es ese mismo sistema el que aparece cuestionado judicialmente.
Resulta llamativo que una política pública presentada como un avance termine necesitando una medida cautelar para garantizar algo tan básico como la calidad de los alimentos que reciben nuestros gurises.
La resolución también deja otra enseñanza.
Cuando el Estado modifica de manera profunda mecanismos que durante años funcionaron en cada comunidad, debe hacerlo con mayor transparencia, más controles y mejores garantías. Centralizar no puede significar perder calidad, desconocer las normas vigentes ni debilitar el control social que ejercían las propias escuelas, cooperadoras y proveedores locales.
Hace algunos días advertía que con la centralización también se iban recursos que antes quedaban circulando en la economía entrerriana. Hoy se suma un nuevo elemento: la Justicia entendió que existían motivos suficientes para ordenar el regreso transitorio al sistema anterior.
Será el proceso judicial el que determine las responsabilidades definitivas. Pero políticamente el mensaje ya es claro: una reforma presentada como una mejora terminó siendo frenada por los tribunales.
Quizás sea momento de revisar no sólo qué se compra, sino también cómo se decide comprar y quién termina pagando las consecuencias cuando las decisiones se toman lejos de las comunidades.
Juan Martín Garay
Abogado y Concejal de Concepción del Uruguay
