La Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), uno de los organismos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) de la Iglesia Católica apuntó las políticas de ajuste del presidente Javier Milei que afectan “la subsistencia de miles de personas de todas las edades y condiciones” y advirtió un creciente “clima de altísima fractura social”.
A través de un duro comunicado, el organismo eclésiastico citó las consecuencias negativas para la población producto de las medidas y decisiones del Gobierno y señaló: «Aparece un enorme grado de insensibilidad social por parte de las autoridades en las medidas de ajuste, aunque más gravemente preocupa la cultura del odio y del individualismo extremo generado».
«El cuadro de destrucción de puestos de trabajo y beneficios congelados y de difícil acceso, genera un clima de tensión con los movimientos populares y con los gremios por las olas de despidos tanto en el sector público como privado. Mientras los beneficios fiscales a favor de las grandes empresas siguen sin tocarse, se exhibe la disminución del déficit mediante el ajuste a trabajadores y los jubilados», lamentaron.
En ese contexto, señalaron el aumento del desempleo, la caída de los salarios registrados del sector público (25%) y privado (19,3%) de las jubilaciones. “La pérdida de puestos es un dato doloroso”, afirmó el texto sobre el sector de la construcción, en el que ya se destruyeron “60.000 puestos de trabajo directos”, o las suspensiones totales en las plantas automotrices.
Además, hicieron referencia a que las ventas minoristas pyme se desplomaron 28,5% anual en enero y también hubo una retracción del “Índice de producción industrial pyme, que registró en enero una caída en promedio de 30% interanual”. En el comunicado, incluso apuntaron contra una medida reciente del Gobierno en relación a cierre de los organismos de la Agricultura Familiar, que “se ve en la actualidad desfinanciada, en estado de alerta y abandono por parte de los organismos públicos”.
“A esa delicada situación de la producción se suman la baja generalizada del consumo y el deterioro sistemático del poder adquisitivo. Sin dudas, la persistente inflación y los incrementos de precios y tarifas han creado una combinación devastadora para la vida cotidiana de los argentinos. El salario real promedio registrado perdió el 21,3% de su capacidad de compra entre noviembre 2023 y enero de este año, continuando su caída hasta el presente”, indicó el organismo de la CEA.
En esa línea, remarcaron: “Más aún nos preocupa que el shock de ajuste haya recaído sobre la cuenta de ‘jubilaciones y pensiones contributivas’ (a valores reales: -38,1% interanual) que, por su magnitud, explica un tercio del recorte, registrándose una gravísima disminución de los ingresos de jubilaciones y de prestaciones de salud y de discapacidad”.
“Los permanentes recortes sobre ámbitos de gestión de políticas públicas están creando problemáticas que ponen riesgo los derechos más elementales en el acceso a la educación o la salud, pero se extienden incluso a necesidades primarias como la alimentación misma. La situación en los comedores populares es apremiante por el aumento de personas que concurren y la falta de provisión de alimentos”, advirtieron en el comunicado.
Y consideraron «preocupante la calidad institucional». Al respecto cuestionaron el mega DNU 70/2023, llamado “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”, que si bien tuvo rechazo en el Senado «se encuentra plenamente vigente, siendo el soporte para un sinnúmero de medidas que han impactado directamente en las familias, particularmente en las de menores ingresos». «Creemos que la metodología adecuada para la implementación de modificaciones y reformas –en muchos casos atendibles- pasa por un trato específico en el ámbito correspondiente a través de leyes que se envíen al parlamento argentino», remarcaron.
La CNJP reconoció que hay un “apoyo a la actual gestión por parte de sectores de bajos ingresos, o incluso afectados en forma directa por la inflación y recesión” junto a los “expresos apoyos de sectores de mayores recursos, encabezados por las cámaras de las grandes empresas”. Pero advirtió un “clima de altísima fractura social, la polarización con reiteradas expresiones de ‘alegría’ en las redes sociales frente a dramáticas situaciones de despidos, con una agresividad social que encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual”.
La Comisión está compuesta por creyentes y profesionales como Miryan Andújar, Verónica Chicón, Pablo Comeglio, Juan Luis Díaz, Norberto Liwski, Rita Meza, Pablo Narvaja, Nicolás Palma y Ayelén Tomasini. Desde 2021, se incorporaron Martha Arriola, el presbítero Hernán Martín, Laura Ranella, Mariana Roel, Juan José Sánchez, Alfonso Santiago, Mateo Schale, José Urtubey, Guillermo Valera y Alberto Vicenzi.
