La creación de empleo en el sector privado es una de las problemáticas que aparece en el escenario nacional. La tasa de desocupación en el primer trimestre del 2021 alcanzó a 1,3 millones de argentinos, dato del Indec. Aunque recurrentemente se alude a la incidencia de la legislación laboral, las visiones de un dirigente sindical, otro empresarial y un abogado laboralista, no ponen el acento en ese factor cuando se los consultó en qué medida la normativa resulta un condicionante.
La inquietud periodística apuntaba a dimensionar el impacto que para la recuperación de empleo registrado en el sector privado, tiene la legislación laboral que en ocasiones, es seriamente cuestionada.
Sin embargo, el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, Leandro Garciandía; el secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Ruberto; y el titular del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de la Abogacía, César Bechetti, coincidieron en relativizar o directamente negar el impacto negativo de la normativa, al ser consultados por EL DIARIO.
El Centro de estudios de la Unión Industrial difundió este mes con datos de mayo – junio el Informe de indicadores laborales de la industria, donde claramente los registros se ven impactados por las medidas restrictivas en el marco de la pandemia, y en casos mejorando respecto del año pasado pero por debajo aún de 2019, cuando la situación socioeconómica pre crisis sanitaria por el Covid 19 ya era compleja en el país.
Aún con la pandemia a cuestas, en el sector industrial, el vinculado al rubro alimenticio fue uno de los menos afectados, una realidad auspiciosa que tiene su correlato en la provincia tal como lo señaló el titular de la UIER.
“Nosotros tenemos una agroindustria muy fuerte, una industria farmacéutica bastante diversificada y fuerte y otras industrias vinculadas a esas, como las de packaging, maderera, fábricas de bolsas tanto de cartón como de otros materiales que prácticamente no han parado. Y hay otras relacionadas a construcción o muebles que también se han movido”.
En definitiva, esas realidades determinan que “hoy no se vea a la industria con un problema serio”, empezó por señalar Garciandía a EL DIARIO. También, marcó que en Entre Ríos “hay una industria del software muy fuerte, de la que viven muchas personas”.
“No hay” respondió en tanto, cuando la pregunta apuntó a conocer si hay creación de nuevos empleos. Aludió al escenario político, donde “no se está promoviendo la inversión, más allá de los discursos”. Garciandía sostuvo que se deben generar “condiciones de negocio, clima de negocio y arreglar la macroeconomía”.
Insistió en que “verdadera generadoras de empleo serán las condiciones macroeconómicas, las reglas de juego claras y la institucionalidad”.
La pregunta puntual fue dirigida a obtener su opinión sobre las normas que regulan las relaciones del trabajo. “La legislación laboral, si hubiera un momento de bonanza económica pasa a segundo plano; como la bonanza no está, todo es complicado”, contestó en principio.
No dejó de observar que “hay que estar atento hacia dónde va el mundo, con puestos de trabajo que demandan mayor conocimiento de tecnología. Hay que preparar la gente para eso y generar condiciones laborales similares a los de otros países para poder desarrollar la industria, competir”, opinó.
Acerca de las estimaciones que reflejan los informes recientemente informados en la UIA, con un 24 % de empresas que piensan que aumentarán las horas trabajadas pero solo un 15% que aumentarán el personal, “claramente eso indica –interpretó- que es preferible pagar horas extras y no pagar nuevo personal, porque se tiene dudas respecto de un ajuste de la economía y la marcha de todas las variables económicas lo indicarían”.
Así las cosas, no parecería oportuno tomar personal por ahora. Contratar personal a través de empresas tercerizadas para cubrir un puesto de trabajo por un tiempo determinado para atender una mayor demanda es una opción en tiempo de incertidumbre.
Garciandía señaló que la inversión actual está destinada a mantenimiento del capital, o a ampliar una capacidad de producción “tímidamente”. Planteó que se dificulta la “planificación sin no hay planes claramente explicitados” desde los ámbitos gubernamentales.
En el análisis, la atenuación de la pandemia aparece como el germen de una mejora en tanto habilita más movimiento, pero “no se espera un boom” porque “no se estaría haciendo nada para que la cosa se reactive”. En todo caso lo que se está produciendo es un “rebote” desde la situación en la que se había caído.
Analizando el contexto, proyectos sobre posible creación de impuestos, mayor regulación del mercado de trabajo, bajar a 6 horas la jornada laboral sin reducir salario, no están siendo bien vistas por el sector para el que no se trataría de “proyectos serios”.
Garciandía recordó que desde la entidad que preside, hicieron un análisis comparativo de la legislación de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos -Región Centro-.
“Los industriales entrerrianos invierten acá: ¿cómo hacer para que Entre Ríos se desarrolle industrialmente y atraiga inversiones de otras provincias o de otros países?. Si no tenemos las condiciones competitivas para eso, nadie va a venir acá. Se irán a otras provincias, cómo está ocurriendo. Hay que tener una ley que al menos ofrezca las mismas condiciones que las otras (provincias) y que el criterio de la norma sea que hagan inversiones en la provincia porque eso genera movimiento, dejando de lado la voracidad fiscal”.
En el marco de las consideraciones vinculadas directa e indirectamente con la generación de empleo, Garciandía cuestionó que muchas veces se tiende a señalar “una causa” de un problema.
“La verdad que casi nunca hay un solo motivo, sino muchos con distinta incidencia; y en función de las circunstancias, el contexto, esa incidencia va variando. La no creación de empleo se vincula con un problema macroeconómico, un problema de falta de financiamiento, de falta de planes gubernamentales, políticas serias, previsibilidad”, concluyó.
POCO ATRACTIVO.
Cuando se habla de sector privado, obviamente excede a la industria. En Paraná uno sector relevante en cuanto a puestos de trabajo es el comercial.
Una apreciación plenamente confirmada por el secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio. Admite que fue golpeado por la pandemia pero ratifica su condición de mayor dador de trabajo en la ciudad. “La construcción no lo supera bajo ningún punto de vista”, apuntó.
Ruberto ubica con la restauración de la democracia el inicio de su militancia activa en el gremialismo a través de la cual, en 1987 llegó a la secretaría General del Sindicato. Preguntado por EL DIARIO, respondió que “la creación de empleo es un problema porque en la Argentina, la inversión no es atractiva. Muchas empresas se han ido y el empresario argentino –evaluó- no es un emprendedor que invierte, es más especulador, fuga su ahorro afuera, se compra un campo. Y las empresas extranjeras son las que podrían invertir y no lo hacen en la Argentina; entonces el empleo privado va para atrás” dijo contundente.
Si bien rescató a la Argentina como un país interesante para la inversión en tanto “no hay graves problemas de seguridad o de luchas interreligiosas o raciales, o mafias organizadas o guerrillas que pueden existir en otros países”, advirtió que “tenemos problemas históricos con los cepos al dólar y otras medidas que determinan que las empresas extranjeras no quieran invertir. Cualquiera que invierte –apuntó- quiere llevarse al menos una parte de sus ganancias y eso no es posible. Es una de las cosas por las que se van, a los inversionistas les interesa cobrar los dividendos y si no se retiran. Es así”, simplificó.
A eso sumó que “no hay grandes empresarios en la Argentina, puede haber capital; el empresario argentino ha retrocedido y nosotros, culturalmente, así como en otros países ven bien el éxito, acá no es así. Y es la empresa trae trabajo”, subrayó ampliando su mirada más allá del sector con el que se encuentra ligado por su actividad sindical. Más adelante en su análisis, advirtió que “no hay una dirigencia empresaria fuerte en Argentina. Esta es la realidad”.
“No es lo básico” dice Ruberto cuando la pregunta apuntó a saber si es la legislación laboral un impedimento para las inversiones. “Si a una empresa le conviene invertir, lo va a hacer. Yo se lo atribuyo a que hay bastante inseguridad jurídica. Las inversiones importantes son extranjeras porque el empresario argentino es muy limitado en cuanto a su capital para tener una empresa de las que hoy necesitaríamos”, acotó.
Acerca de los debates actuales en materia de empleo en los ámbitos sindicales, comentó que “se está debatiendo qué va a pasar en la pospandemia. Hay una legislación laboral que podría considerarse dura desde el punto de vista del trabajador, pero esto no es lo que limita la inversión, lo que más la limita es la inseguridad jurídica. Nosotros en menos de 20 años pasamos de privatizar empresas y volverlas a estatizar. Eso significa inseguridad jurídica a pesar de que en el caso de YPF fue un gran negocio haberse desprendido porque se la pagamos lo que no valía”, mencionó al pasar.
Remarcó que “el sindicalismo no hace aportes para generar trabajo; el gobierno mediante leyes de promoción industrial, promoción de empleo, puede impulsar eventualmente, que se generen inversiones en la Argentina. Y después nosotros –continuó- nos encargaremos eventualmente, de defender a los trabajadores, pero de ahí a que nosotros tengamos responsabilidad para generar una inversión, la respuesta es no”, aseveró.
“No es objeto de la legislación del trabajo la creación de empleo”
En el Colegio de la Abogacía, César Bechetti preside el Instituto de Derecho Laboral; es además, docente universitario y un estudioso de la materia. La intención fue conocer si la legislación laboral favorece la creación de puestos de trabajo en el sector privado.
“En realidad, la legislación laboral tiene por finalidad la protección del trabajador, de sus derechos y de su seguridad. No es objeto de la legislación del trabajo la creación de empleo. La creación de empleo en la actividad privada depende de la dinámica de la actividad económica, en relación a la demanda de bienes y servicios. Es decir los niveles de consumo impulsan el nivel de producción, por eso son importantes las políticas públicas que tiendan a impulsar el consumo, sobre todo en épocas de crisis.
-¿Qué destacaría de la normativa que regula las relaciones de trabajo?
-El marco normativo es diverso, empezando por los Tratados internacionales de Derechos Humanos, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la propia Constitución Nacional, que son las normas más importantes y más olvidadas.
Las modificaciones en los últimos tiempos fueron algunas muy importantes, por ejemplo la sanción del nuevo Estatuto de trabajadores de casas particulares y del trabajador rural, en los años 2013, 2014, además de la restitución de muchas normas de la ley de Contrato de Trabajo entre 2003 y 2015, que habían sido suprimidas por reglas por la Dictadura Cívico militar, tarea que mucho se le debe al diputado mandato vencido Héctor Recalde.
Otro hito importante es la ratificación por el Congreso Nacional, el año pasado, del Convenio 190 de la O.I.T., contra la violencia en el ámbito laboral y que apunta a proteger especialmente a la mujer en el ámbito laboral.
-¿Todo se reduce a trabajo registrado o en negro?. ¿Hay variantes entre uno y otro o debería haberlas?
-Un trabajo formal, es el trabajo registrado, cuando el trabajador está registrado en los organismos fiscales y de la seguridad social, y encuadrado en el Convenio Colectivo que le corresponde. El trabajador que no está totalmente registrado tiene un trabajo informal, vulgarmente llamado en negro, que obviamente lesiona los derechos del trabajador.
No es que existan otras categorías entre el trabajo formal y el informal, lo que existen son formas de fraude a la ley, por ejemplo cuándo se disfraza un contrato de trabajo bajo la forma de pasantías, aprendizajes o monotributo, pero estas últimas son formas de fraude a la ley laboral y por lo tanto el trabajador se considera informal.
-Flexibilización laboral es un término con una gran carga negativa para los trabajadores en este país. ¿Necesariamente es así, o el término podría remitir a cambios necesarios para facilitar el ingreso de muchos desocupados al mundo del trabajo?
-La flexibilización laboral es un término y un fenómeno negativo para los trabajadores. Jurídicamente es inconstitucional porque viola la obligación constitucional de protección y no regresión. Pero además es falso que la flexibilización pueda generar más empleo.
Esto ya se dijo antes, y está demostrado en la historia con estadísticas que lejos de crear empleo, la flexibilización lo que hace es destruir el empleo formal, porque facilita la precarización del trabajador.
Es lo que paso en los años 90 en Argentina, cuando el festival de la flexibilización lejos de crear empleo triplicó los niveles de desocupación. Volvemos al principio, no es la ley la que crea o destruye empleo, sino las condiciones económicas. Lo mismo vale para estos nuevos inventos como la flexiseguridad, que no son otra cosa que la flexibilización con términos “endulzados”.
-Cuando hablamos de trabajo, habría un imaginario sobre un pasado, quizá lejano, irrepetible. ¿Se puede pensar en un país con pleno empleo? ¿Qué piensa de los debates que se dan sobre este tema?
-En realidad el pleno empleo literalmente como tal es una ficción. Es evidente que el estado de bienestar tal como lo concebimos está en crisis. Pero el rol del Estado sigue siendo central tanto en el diseño de políticas públicas y de condiciones para la creación de empleo vía el estímulo del consumo, como en la adopción de medidas para la protección del trabajador y del trabajo. En relación a la última parte de la pregunta, hay una agenda fuerte de mayor protección en la post pandemia.
La salida es con mayor protección. Por ejemplo, el debate sobre la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario sobre lo que hay varios proyectos legislativos, lo cual es posible porque la informatización y las llamadas TICs (Tecnología de la información y las comunicaciones), permiten reducir la jornada. Otro tema que debe debatirse, contrariamente a lo que se piensa es la estabilidad del trabajador.
Las normas de suspensión de despidos y agravamientos indemnizatorios, cuándo están acompañados de políticas públicas han demostrado ser eficaces.
Fuente: El Diario
