El estamento donde participan las centrales sindicales argentinas, cooperativas y pymes emitió un severo documento donde analizó las conscuencias de la política económica del actual gobierno. Puntos de referencia sobre salarios, jubilaciones y precios de la energía
Con la mira en los ajustes de recursos públicos como también la licuación de salarios y jubilaciones, el Foro Economía y Trabajo (Foroeyt), que componen la CGT y ambas CTA, denunció que la recesión por la caída de la recaudación fiscal alcanzó un 16% en plena depresión económica.
Ese foro, donde además participan cooperativias y pymes, acotó que entre diciembre y marzo «el poder del Salario Mínimo cayó un 20,6%, las jubilaciones mínimas un 34,4% y la resultante es que en ambos casos dichos ingresos cayeron por debajo de la línea de la pobreza.
Con un documento titulado «¿Nación o factoría?» calificó como ilegal la vigencia del DNU 70/23 y alertó que ha sido desmantelado el sistema de precios internos, «cuya liberalización solo favorece el aumento exponencial de las ganancias de los grandes conglomerados empresarios». A la hora de redactar el paper añadieron que la actividad económica «se hunde por la mega devaluación de la moneda, el ajuste fiscal, la eliminación del circulante y otras medidas vigentes».
El Foroeyt lo integran profesionales como Ricardo Aronskind, Juan Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Roberto Feletti, Cecilia Garriga, Santiago Mancinelli, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, y José Sbatella, entre otros.
En sus consideraciones también señalaron que las grandes corporaciones, tanto en el país o con sede en el extranjero, «tienen una operatoria transnacional y se apropian del excedente económico argentino», el cual señalan debería ser parte de la inversión productiva nacional.
Para el rango social aseveraron que se jaquea el entramado socio-productivo del país y su integración nacional, por lo que estiman urgente reconstituir el sistema de precios para el desarrollo industrial, la generación de empleo, y «desacoplar los precios locales de los productos de exportación de los internacionales».
En el texto también consideran como imprescindible el rol del Estado para la regulación del precio de la energía, valor estratégico determinante para la producción de bienes y servicios y demandan «tarifas asequibles y diferenciadas para las pymes, cooperativas y emprendimientos sociales de todos los sectores productivos regionales».
Desde esa posición reclamaron la anulación de la resolución 7/24 de la Secretaría de Energía, que aumentó un 124% el precio mayorista de la electricidad, «lo que afectó a las industrias y comercios, que sufrieron incrementos -según consumo- de entre el 420 y 600%». En relación con el gas, se indica la necesidad de «volver atrás con la resolución 41/24, porque su ajuste injustificado implica un incremento de más del 300% sobre el precio medio del metro cúbico».