Ante la posibilidad real de veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por unanimidad el pasado 10 de julio de 2025 en el Senado de la Nación, consideramos prioritario expresar no solo nuestra postura como redactores de este documento, sino también visibilizar la realidad situada en nuestro contexto geográfico y la necesidad de elaboración de un plan de acción conjunto ante un eventual veto presidencial.
Resulta, real, tangible y comprobable el incumplimiento actual de la obligación del Estado Nacional, asumida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de jerarquía constitucional otorgada por la Ley 27.044, de modificar leyes y decretos y de adoptar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para asegurar, entre otros, los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad. Quienes vivenciamos esto cotidianamente, comprendemos que dar respuesta a la situación extrema a la que se ha llegado no es un gasto, no es caridad, sino dar respuesta a la garantización de derechos adquiridos y sus respectivas obligaciones.
Si bien el debate social no se puede resumir solamente al aspecto y alcance económico de la implementación de una ley, consideramos que la realidad que hoy se está padeciendo no debería ser un tema de equilibrio fiscal, sino de gestión, entendemos que no formamos parte de una empresa, sino de una sociedad constituida por sujetos.
La emergencia es tan real como tangible, y no llegamos a ella de un día para el otro, sino que esto viene de años, décadas de silencios y aceptaciones de un colectivo muchas veces invisibilizado. La emergencia no solo está suscrita a un proyecto de ley que oficie de “salvavidas”. La emergencia no responde a una postura opositora de un partido político. La emergencia se hace visible en el día a día de todas las personas con discapacidad y sus familias a la hora de no poder sostener los apoyos necesarios. La emergencia se hace carne en un sistema de prestaciones básicas de atención integral que no se actualiza por inflación y genera un desfasaje cruel desde hace mucho tiempo. La emergencia no solo tiene en crisis a lo específico del valor de prestaciones y un nomenclador desactualizado -entre otros aspectos que hacen a la situación actual de incumplimiento de la Ley de Prestaciones Básicas Nº 24. 901- perjudicando al trabajo digno de cada prestador, seguido de los inconmensurables daños a todos los actores que la atraviesan; quedando las personas con discapacidad y sus familias como rehenes de lo expuesto.
Mediante este documento consideramos imprescindible expresarnos acerca de algunas declaraciones públicas que dejan entrever en consonancia a lo antes dicho, nuevamente un atropello a los derechos ganados y un impacto en la construcción social de convivencia.
Entendiendo que la Agencia Nacional de Discapacidad es el “organismo encargado de promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad” (DNU 698/2027) resulta contradictoria su oposición a la Ley de Emergencia en Discapacidad, argumentando que son “…iniciativas regresivas, que apelan a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatendiendo los estándares internacionales y postergando la verdadera inclusión…”.
Mencionamos también el anexo de la resolución 187/25 emitida por ANDIS sobre los nuevos criterios a la hora de otorgar pensiones no contributivas. Allí, desde la expresión de un lenguaje arcaico y ofensivo, palabras como: “débil mental, idiota e imbécil”, portaban en su interior un sentido discriminatorio, del cual consideramos que no existe justificación ni disculpa que nos permita olvidarlo, ya que no solo se trató de lo comunicado, sino de la intencionalidad manifiesta.
Nuestro posicionamiento es antagónico a todo ello, dado que, el no garantizar prestaciones básicas, la falta de divulgación de nuevas normativas, el dar de baja pensiones no contributivas a las personas con discapacidad, la existencia de una ilógica incompatibilidad entre esta pensión y un trabajo registrado, son políticas excluyentes. Cada una y todas ellas, atentan verdadera y directamente contra la concepción de la discapacidad como una construcción social en perspectiva de derechos, la convivencia, la accesibilidad universal, la eliminación de barreras que restringen la participación plena y el anhelo inherente de cada ser humano desde su singularidad, a SER y ESTAR, DESEAR y PODER CONSTRUIR un proyecto de vida en contraposición a un destino sellado.
Este Consejo Asesor Municipal de Discapacidad -ampliado- representando a personas con discapacidad y sus familias, prestadores e instituciones civiles y educativas, solicita a nuestros representantes en el Congreso de la Nación el sostenimiento y cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
