El gobierno provincial pretende crear una agencia para administrar bienes del Estado que no exceptúa al amplio sistema de humedales.
Un proyecto de ley impulsado por el gobierno de Entre Ríos podría habilitar la venta de miles de hectáreas de humedales que hoy cuentan con una protección especial garantizada por la Constitución provincial. La iniciativa busca crear una agencia administradora de bienes del Estado y despertó las alertas por la posible extranjerización de recursos así como la autorización de negociados que hoy se encuentran prohibidos. Ambientalistas temen la privatización de casi 190 mil hectáreas de islas que conforman el mayor sistema de humedales de la Argentina.
La agencia de bienes del Estado que impulsa el gobierno entrerriano tendría el objetivo de coordinar y ejecutar políticas, normas y procedimientos vinculados a la actividad inmobiliaria estatal, así como la gestión del inventario de la totalidad de inmuebles cuyo dominio, posesión o tenencia sea ejercido por el Estado provincial. El texto afirma que se busca la “promoción del desarrollo económico, productivo, social y ambiental”, así como la “generación de recursos económicos, a partir de operaciones inmobiliarias sobre inmuebles bajo su administración”.
Ambientalistas alertan que podría estar en riesgo el sistema de humedales del Delta del Paraná, unas 188.773 hectáreas, ya que el proyecto de ley no prevé ninguna excepción y, por el contrario, cuenta con un artículo que va en contra de una ley provincial que asegura que los bienes inmuebles no pueden enajenarse ni gravarse.
Para los expertos, todos los bienes provinciales que estén bajo la agencia de administración de bienes del Estado podrían ser vendidos y gravados sin que interfiera el Poder Legislativo, con un detalle aún más llamativo: el Ejecutivo provincial tiene a su cargo la potestad para designar a las autoriades del nuevo organismo. Por eso, exigen que los humedales sean excluidos “expresamente” del proyecto.
¿La privatización de los bienes naturales?
El abogado Jorge Daneri, integrante de la Asociación de Abogadas y Abogados Ambientalistas, expresó que existe una gran preocupación en la comunidad entrerriana y recordó que el Delta del Paraná cuenta con una protección especial, que fue introducida a la Constitución provincial en la reforma sancionada en 2008. “Las islas del Delta son imprescriptibles, inalienables y están excluidas del comercio”, dijo y resaltó que, de avanzar el proyecto de ley, el Ejecutivo provincial tendrá la potestad de gravar y enajenar las tierras que conforman el humedal, una de las mayores reservas de agua dulce del país.
Para el abogado, la posible venta de estos ecosistemas sería uno de los mayores ejemplos de privatización de los bienes naturales. “Este proyecto es como salir a plantear la construcción de megaplantas de celulosa y la instalación de represas hidroeléctricas. Sería artificializar el río de un modo brutal”, alertó, al tiempo que advirtió que si el proyecto prospera impulsarán una serie de amparos para frenarlo en la Justicia.
Además, resaltó que el proyecto promueve el gobierno de Entre Ríos está totalmente vinculado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que fue aprobado semanas atrás, en el marco de la ley de Bases. “Es una instrumentación del RIGI”, manifestó el abogado ambientalista. “No nos asusta ni nos da temor este poder que supuestamente se quiere llevar todo puesto. Tenemos la posibilidad de defender nuestros territorios”, señaló.
Para la asociación de abogados ambientalistas, “este sistema de humedales, el más grande de la Argentina, debe ser excluido expresamente del proyecto de ley que ha sido remitido para la consideración del Poder Legislativo entrerriano”. “Al ser bienes de dominio público que pertenecen a toda la comunidad, está prohibida su venta, como así también limitados sus usos, conforme las funciones ecológicas y sociales que cumplen, más relevantes aún frente a los delicados y graves escenarios de cambio climático”, dijeron, al citar el Código Civil y Comercial.
El Delta enfrenta además otra situación muy compleja: los sucesivos incendios intencionales de miles de hectáreas en las islas frente a Rosario, que además vuelven irrespirable a la ciudad, que en 2022 registró niveles de toxicidad hasta cinco veces superiores a los que puede tolerar el cuerpo humano, de acuerdo con un informe del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario.
Por otro lado, “las islas también son muy codiciadas para los negocios inmobiliarios, con la construcción de viviendas y barrios de lujo. “tenemos un escenario de crisis hídrica e incendios”, resumió Daneri.
Los antecedentes
La provincia de Entre Ríos tiene un largo historial de luchas por causas ambientales: en la década de 1990 la movilización de la comunidad logró frenar la instalación de represas hidroeléctricas en el Paraná Medio, promovida por el entonces presidente Carlos Menem. Hasta logró un fallo de la Corte Suprema de Justicia –adicta al gobierno– contra el proyecto, en 1997
La movilización también fue masiva contra la instalación de las pasteras en territorio uruguayo: allí, si bien el gobierno argentino obtuvo un fallo favorable en la Corte de La Haya, las autoridades nacionales no pudieron probar, de forma científica, la contaminación del río.
La construcción de acueductos también encontró resistencia en la década pasada, al tiempo que desde hace años la lucha por la ley de Humedales ha ganado territorio. “Hay una capacidad movilización social que ha cambiado posiciones políticas relevantes”, se entusiasmó Daneri.
La Asociación de Abogados Ambientalistas recordó otro antecedente clave en la historia reciente, cuando en 2012 el gobierno entrerriano avanzó con la “Ley del Arroz”, que autorizaba la venta de islas del Delta para la producción arrocera y que se encontró con una fuerte resistencia social y fue derogada tras apenas dos meses vigente. En concreto, le otorgaba por 99 años todas las tierras públicas del Delta a una sociedad anónima que gestionaría permisos para el cultivo del arroz y semillas genéticamente modificadas.
Otro caso que llegó a la Justicia fue el freno a la construcción de un country de lujo en la ribera del Río Gualeguaychú, que desató un fuerte reclamo de la comunidad entrerriana y que despertó denuncias que incluso llegaron a la Corte Suprema de Justicia, que en 2019 determinó que existieron alteraciones negativas del ambiente, aún antes de que se aprobara el estudio de impacto ambiental. La resolución del máximo tribunal de Justicia destacó la importancia de preservar las cuencas hídricas y los sistemas de humedales. De acuerdo con los informes, el proyecto inmobiliario a construir en una zona de humedales producía “impactos permanentes e irreversibles”.
(fuente: datadiario.com)
