La expansión de secretarías y subsecretarías provocaron un incremento del orden del 25% de los cargos políticos entre 2015 y 2017. En 2015 el 72% de los altos cargos eran profesionales, pero en 2017 esa participación cayó al 66%.
Un informe de la ONG Cippec reveló que desde la llegada de Mauricio Macri en la Casa Rosada aumentó el tamaño de la estructura del Ejecutivo al tiempo que se multiplicaron los nombramientos discrecionales de funcionarios.
«El Estado argentino está expandiendo sus fronteras de funcionamiento desde 2003. Con el gobierno de Cambiemos, el crecimiento de la estructura del sector público a nivel nacional se sostuvo», explicó el reporte «GPS del Estado» de la organización.
Por un lado, la Argentina tiene uno de los gabinetes más grandes de América Latina, con 21 ministerios -en 2015 había 17 carteras-, por sobre Uruguay, México, Colombia y Perú, entre otros países.
El aumento de Ministerios derivó en una expansión de la estructuras en los niveles de secretarías y Subsecretarías que «provocaron un incremento del orden del 25% en el universo de cargos políticos entre 2015 y 2017», según se indicó en el informe elaborado por Gonzalo Diéguez y José Casparin.
En 2015 había 65 secretarios de Estado y en marzo de 2018 la cantidad era de 113; las subsecretarías, en cambio, se redujeron de 165 a 131, mientras que los directores nacionales pasaron de 291 a 313. Según CIPPEC, durante la gestión de Macri, «los avances en la gestión del rendimiento y desarrollo del empleo público han sido pocos».
«Las capacidades del personal organizacional y en particular de la Alta Dirección Pública son decisivos para superar los desafíos de coordinar una estructura estatal más grande, pero el panorama del espacio directivo trazado entre los años 2015 y 2017 muestra mayores continuidades que cambios», destacaron los especialistas.
En particular, se indicó que «la evidencia muestra que hay un deterioro en el espacio directivo». «En este sentido, la modalidad de ocupación del espacio directivo es discrecional y tiene un componente altamente político: en 2017 solo el 2% de los directivos públicos se encontraban designados bajo la modalidad de planta permanente, mientras que en 2015 alcanzaba el 6%», subrayó.
Asimismo, se informó que «el porcentaje de directivos públicos que cumplía con los requisitos exigidos por la norma para al acceso a cargos jerárquicos se redujo de 32% a 18% entre 2015 y 2017». De igual modo, el informe «GPS del Estado» subrayó que «en 2015 el 72% del total de personas que componían la Alta Dirección Pública eran profesionales y en 2017 esta participación cayó al 66%».
«La reducción en el número de profesionales en el espacio directivo y el menor cumplimiento de requisitos da cuenta de que se acentuaron los criterios de confianza o gestión por competencias políticas», se informó. Además, el informe reveló que hay una «elevada rotación de los directores» que «obstaculiza la efectividad gubernamental».
«El 25% de los directivos públicos que se encontraban designados en 2016 fueron reemplazados de sus cargos en 2017. Más aún, a fines de 2017 solo el 9% del total de directivos públicos continuaba en su cargo», se indicó.
«Esto afecta la capacidad que tiene el espacio directivo para actuar como la memoria institucional de la administración y, al mismo tiempo, interrumpe el proceso de aprendizaje organizacional dentro de la órbita estatal», agregó.
Diez mil telegramas de despido en el Estado
El proceso de desmantelamiento de las empresas públicas se acelera. Télam fue el último caso pero 4500 trabajadores estatales fueron despedidos desde la llegada de Macri a la presidencia. El acuerdo con el FMI exige llevar a cero las transferencias a este sector del Estado para 2021, lo que implica, según estimaciones del Centro de Economía Política, el despido de 10 mil trabajadores más.
El paradigma que orienta el diagnóstico y la toma de decisiones del equipo económico actual del Gobierno es contrario a la idea de un Estado interventor. Por eso no debe sorprendernos una postura adversa al crecimiento del Estado y sus funciones; o lo que es lo mismo, el plantel de trabajadores y trabajadoras bajo su órbita.
Este paradigma no es nuevo en la historia económica argentina, fue hegemónico durante la década de los setenta de la mano de la última dictadura cívico-militar, y durante la década de los noventa mediante las reformas estructurales del menemismo. El desguace de lo público fue el común denominador. Durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la calidad de las empresas públicas fue deteriorada a partir de diversos mecanismos: endeudamiento, reducción del plantel de trabajadores y trabajadoras, achicamiento del gasto público destinado a las firmas, privatización periférica, entre otros. Esto sentó las bases para que en la década de los noventa la mayor parte del patrimonio del Estado fuera privatizado.
El cuestionamiento de lo público vuelve a estar en el centro del debate. En 2016 se creó el Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas, integrado por los ministros accionistas de las 31 empresas del Estado (Energía, Transporte, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicación y Defensa), dos miembros independientes (desde abril de 2017 Luis Mario Castro y Jorge Becerra) y los Vicejefes de Gabinete (Gustavo Lopetegui y Mario Quintana).
En 2017 la Jefatura de Gabinete presentó el documento “Carta de Jefatura de Gabinete: empresas públicas para el crecimiento”, donde se establece el diagnóstico de sobredimensionamiento de las empresas públicas y se cuestiona el proceso de crecimiento exponencial de las mismas entre 2003 – 2015, aludiendo a la falta de coordinación en la toma de decisiones, la ausencia de estándares administrativos y transparencia y, salvo excepciones, escaso profesionalismo en el ejercicio de la gestión. Pero más allá de las críticas a la calidad en la administración, rápidamente aparece la verdadera preocupación neoliberal: el gasto público.
En el informe señalado, se destaca que el incremento en la cantidad de compañías generó un fuerte impacto en las arcas del Estado, particularmente intensificada en 2008, con la estatización de Aerolíneas Argentinas y ENARSA, transfiriendo a las empresas públicas cerca de 2 mil millones de dólares, equivalentes al 0,4 por ciento del PBI. Si bien, evidentemente el gasto es correlativo al proceso de estatización, el documento realiza una crítica por elevación al “apetito empresario del Estado”, justificando el proceso de privatizaciones de la década de los noventa por la supuesta ineficiencia engendrada en la década previa. En esta crítica no analiza el destino de los fondos transferidos, o la eficiencia en la utilización de los recursos.
Un nuevo capítulo se agrega a la voluntad de achicar el gasto destinado a las empresas públicas, a partir del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras entre Argentina y el FMI, donde se hace explícita la voluntad de reducir las transferencias asociadas al déficit operativo de las entidades, desde su nivel actual de 0,1 por ciento del PBI hasta casi cero en 2021.
Las principales empresas a las que se le redujeron las transferencias desde el Estado son: ENARSA (-85%) debido a la caída en el precio del petróleo; ARSAT, cuya producción ha sido discontinuada por decisión política; Fabricaciones Militares y YCRT, que prácticamente paralizó su producción.
Reducción de la planta de trabajadoras y trabajadores
Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), analiza la dinámica de los despidos en el ámbito de las empresas públicas, que desde la asunción de Cambiemos asciende a 4500 casos. La mitad fue despedida en los dos primeros años de gobierno, mientras que la segunda mitad fue separada de su puesto en el último año y medio. Durante el primer año de gestión los despidos se concentraron en las empresas de ferrocarriles, Fabricación de Aviones, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Fabricaciones Militares, la Casa de Moneda y Lotería Nacional. Este último caso es paradigmático, ya que constituye una sociedad que no tiene déficit, pero sufrió el despido de casi 200 trabajadores.
Para el período 2017 – 2018, la información elevada por CEPA arroja un total de 2.264 despidos entre enero de 2017 y mayo de 2018. Aquí se destacan los casos de Fabricación de Aviones, Fabricaciones Militares, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Lotería Nacional y Radio Nacional. Si bien el relevamiento de CEPA no toma aún el mes de junio, cabe recordar el caso de la Agencia de Noticias Télam, tanto por la magnitud (354 casos) como por la crueldad de los despidos.
Por otra parte, el informe de CEPA repara en el acuerdo con el FMI, y advierte una futura reducción del empleo en las entidades gestionadas por el Estado, dado que el compromiso de reducir las transferencias del Estado a 0 por ciento en 2021, supone prescindir de 10 mil puestos de trabajo en la mayoría de las empresas del Estado, según sus estimaciones.
Si hay un elemento bisagra en las diversas teorías económicas, es el rol del Estado en la economía. En un extremo, se ubican las lecturas que identifican en el accionar económico del Estado la clave para el desarrollo y en el otro, se ubican las interpretaciones que ven en el exceso de intervencionismo la razón de todos los males porque distorsiona el funcionamiento del mercado. Detrás de cualquier debate sobre la coyuntura económica (inflación, déficit fiscal, empleo, salarios, pobreza), subyace un posicionamiento en torno a grado y orientación que debe tener el Estado en una economía. En este parte aguas, el papel de las empresas públicas –el Estado en su forma de intervención más directa–, no resulta ajeno.
La gestión económica actual se basa en un fuerte cuestionamiento de lo público y particularmente en las empresas del Estado. La evidencia empírica se encuentra en los diagnósticos del Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas, y en los compromisos asumidos en el acuerdo con el FMI de achicamiento de las transferencias del Estado hacia las firmas públicas. Como resultado de dicho proceso, es esperable una mayor reducción de la dotación de trabajadores y trabajadoras, un profundo deterioro de las capacidades estatales (administrativas y financieras) de las entidades y la configuración del escenario más favorable para el proyecto privatizador.
Cambiemos creó 1100 puestos políticos en el sector público
«Se crearon 1.049 cargos extraescalafonarios, lo que significó un crecimiento porcentual del 50%», aseguró un trabajo de la ONG filomacrista Cippec.
Mientras se debate sobre el ajuste en la planta de trabajadores del Estado, el presidente de la Nación celebró en una conferencia de prensa el despido de 350 empelados de Télam. «Había que modernizar el Estado, no podíamos tener tantos empleados, había que lograr una estructura más racional», sostuvo.
Hoy, se conoció un informe que señala que el macrismo, a diferencia de su discurso «modernizador», amplió en 1111 la cantidad de puestos políticos en el sector público desde 2015. «Solo 62 fueron en la estructura formal. Así, se crearon 1.049 cargos extraescalafonarios, lo que significó un crecimiento porcentual del 50%», aseguró un trabajo de la ONG filomacrista Cippec.
«Estos cargos tienen un grado de jerarquía equivalente a niveles de secretarías, subsecretarías y coordinaciones, y son instrumentos para designar personal político fuera de la estructura formal», siguió el estudio.
Además, el Gobierno de Macri aumentó notablemente la cantidad de ministerios, que llegó a 21. «Argentina tiene uno de los gabinetes más grandes de América Latina, con 21 ministerios», insistió Cippec.
El modelo de Cambiemos parece claro. Por un lado, ajusta sobre la planta de trabajadores mientras se expande notablemente la planta de puestos jerárquicos y vinculados a su fuerza política. ¿Así se construye un Estado «moderno»?
(fuente: ámbito.com, https://latinta.com.ar y https://www.primereando.com.ar)
