Por Juan Martín Garay (*) –
Lejos de ser una medida aislada, la decisión confirma un rumbo: la consolidación de un esquema de actualización permanente de tarifas que traslada, de manera sistemática, los costos del sistema a los usuarios.
Desde una mirada política, esto no es sólo una corrección técnica. Es una definición de modelo. Porque mientras se invoca el “ordenamiento” del sistema energético, lo que efectivamente se ordena es quién paga la cuenta. Y hoy, esa carga recae con claridad sobre los sectores medios y populares.
El problema es el contexto. Con salarios rezagados y consumo en retroceso, cada aumento deja de ser un dato más para convertirse en un factor de asfixia cotidiana. La suma de ajustes —graduales pero constantes— termina configurando un impacto profundo, silencioso y persistente sobre la vida diaria.
En ese marco, el debate de fondo no es tarifario, es distributivo. No se discute sólo cuánto cuesta el gas, sino quién lo puede pagar.
Y allí es donde el discurso técnico encuentra su límite: porque detrás de cada resolución hay una decisión política. Y hoy, esa decisión vuelve a inclinar la balanza sobre los mismos de siempre. La verdadera casta para el gobierno nacional, el pueblo.
(*) Abogado y Concejal – C. del Uruguay
