Este 8 de marzo propagó en Argentina y la región, la consigna “La violencia digital es violencia digital de género”, un llamado que interpela sobre la falta de información y registros estadísticos oficiales para dar cuenta de los daños gravísimos que provoca la violencia digital en las vidas de niñxs, adolescentes, mujeres y diversidades. El primer relevamiento nacional, “Silencios digitales. Mapeando la violencia digital de género en la Argentina”, elaborado por la organización DataGénero, acaba de confirmar que el 76% de las personas no se siente libre de publicar lo que quiere en redes sociales y un 40% atravesó al menos una situación de violencia digital de género en los últimos dos años, lo que demuestra que la autocensura se convirtió en una estrategia de supervivencia digital.
“En un contexto de creciente digitalización de la vida cotidiana, las violencias que históricamente han afectado a mujeres y personas LGBTI+ no desaparecen: se transforman y se amplifican a través de las tecnologías digitales”, advierte el informe, para señalar que “el hostigamiento constante, la vigilancia, la suplantación de identidad, la difusión no consentida de imágenes íntimas, los discursos de odio y los ataques coordinados en redes, son algunas de sus expresiones más frecuentes.”
La violencia digital de género se define como cualquier conducta dirigida contra mujeres, niñas y otras personas en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, que cause daño y que sea cometida, facilitada o amplificada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Pese a que la problemática es urgente, “con consecuencias reales sobre la vida, la salud y la participación social de quienes la sufren”, expresa el documento, las respuestas que debería brindar el Gobierno son insuficientes, por no decir nulas.
“Las personas reclaman un Estado presente, con capacidad de respuesta: un 62,4% señala la necesidad de leyes, organismos especializados y mecanismos de prevención”, agrega, mientras que un 65% considera necesarias campañas de prevención un 58,7% subraya la importancia de contar con acceso gratuito a apoyo legal y psicológico para quienes sufren este tipo de violencias.
“No alcanza con ´cuidarse´, bloquear o dejar de publicar. Se trata de un problema estructural que requiere políticas públicas sostenidas, educación en derechos digitales y plataformas que asuman un rol activo en la prevención, la protección y la reparación del daño”, concluye el informe. “Escuchar lo que dicen quienes viven esta violencia —y traducirlo en acción— es el primer paso para romper los silencios digitales.”
(fuente: https://www.pagina12.com.ar/)
