El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat advirtió que «el lawfare puede ser tipificado como delito» en el marco de la causa de Vialidad contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, que busca su condena y proscripción. El letrado insistió: «Debemos preservar a los líderes progresistas de la región».
En diálogo con El Destape Radio, Barcesat remarcó que «pensar una ley nacional anti-lawfare es un buen puntapié inicial para la integración regional». «Debemos preservar a los líderes progresistas de la región, ya que están expuestos a hechos persecutorios y/o atentados», enfatizó.
En este marco, el constitucionalista participó esta semana de un encuentro en Diputados para avanzar en un proyecto de ley que busca incorporar al Código Penal la figura del lawfare. La intención es fijar una pena de hasta diez años a los jueces y magistrados que actúen con «malicia» y que afecten los derechos políticos de las personas.
La iniciativa es impulsada por la diputada Gisela Marziotta y el titular de la comisión de Seguridad Interior, su par Ramiro Gutiérrez, también del FdT, quienes la presentarán esta semana al bloque oficialista con el objetivo de reunir el consenso de todo el FdT. «El lawfare puede ser tipificado como delito», destacó Barcesat. En este sentido, el letrado coincidió en la importancia de avanzar en esta legislación en América Latina.
El primer avance en la elaboración del proyecto tuvo lugar el jueves pasado en una audiencia pública organizada por Marziotta en la que intervinieron especialistas, entre ellos los constitucionalistas Eduardo Barcesat y Alejandro Alagia, entre otros referentes académicos. También participaron a expertos en Derecho constitucional y la secretaria parlamentaria de bloque, Paula Penacca.
El proyecto de ley para tipificar el lawfare como delito
El proyecto de ley, en tanto, permitiría incorporar «acciones no previstas, basadas en la malicia y con la finalidad de cercenar el libre ejercicio de los derechos constitucionales políticos». Para todos estos casos se establece la pena de cárcel (hoy es multa e inhabilitación), para establecer congruencia y proporcionalidad con otras figuras de igual gravedad previstas en la ley penal, según detalló Gutiérrez.
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En relación a la eventual figura penal del lawfare, abarcaría tanto «al juez, fiscal, asesor o funcionario encargado de emitir dictamen ante la autoridad judicial que actúe maliciosamente».
La presentación del proyecto parte del vacío legal que constituye el lawfare para el funcionamiento de los poderes del Estado. «Es un peligro, no solamente para los gobiernos y líderes populares, sino para todo el sistema democrático que ve que, si hay lawfare, no hay democracia», puntualizó Marziotta.
Fuente: El Destape
