[vc_column_text pb_margin_bottom=»no» pb_border_bottom=»no» width=»1/1″ el_position=»first last»]
[/vc_column_text] [divider type=»standard» text=»Go to top» width=»1/1″ el_position=»first last»] [box type=»whitestroke» pb_margin_bottom=»no» width=»1/1″ el_position=»first last»]
El Estado nacional le adeuda 217 millones de pesos a la provincia por el alojamiento de procesados o penados federales en la cárceles entrerrianas, según datos del Servicio Penitenciario de Entre Ríos al que tuvo acceso APFDigital. En el cálculo no se contabilizan aún las erogaciones que se produjeron en el último semestre de 2019. El gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Gobierno Rosario Romero hicieron gestiones ante las autoridades nacionales para la cancelación de esta deuda
[/box] [divider type=»standard» text=»Go to top» width=»1/1″ el_position=»first last»] [vc_column_text pb_margin_bottom=»no» pb_border_bottom=»no» width=»1/1″ el_position=»first last»]
Durante los cuatro años de mandato de Mauricio Macri, la Nación no giró a Entre Ríos pagos para atender por completo las erogaciones que genera la atención a los presos condenados o procesados por la Justicia Federal que se alojan en cárceles entrerrianas.
Esto provocó que la deuda acumulada entre 2015 y la primera mitad del 2019 trepara a $ 229.013.850. En septiembre pasado, el Ministerio de Justicia que conducía Germán Garavano hizo una transferencia parcial por $ 11.547.000 para cancelar parcialmente la deuda de 2015, que redujo el compromiso a $ 217.466.850.
Entre abril y junio del 2019 (último dato disponible) el costo trimestral de sostener a los detenidos por orden de la Justicia Federal en las Unidades Penitenciarias de Entre Ríos llegó a $ 19,4 millones de pesos. En el trimestre enero – marzo de 2015 el monto necesario para atender esta erogación era sensiblemente menor: $ 5,9 millones.
A fines del mes de septiembre, el Gobernador Bordet y la Ministra Romero se reunieron con la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo y pusieron sobre la mesa esta situación.
La Ministra nacional»recibió el pedido y se comprometió a trabajar con nosotros una alternativa de solución», dijo en ese momento Romero. El órgano que atiende estos gastos es la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial de la cartera que conduce Losardo.
El impacto que provoca esta deuda nacional en las arcas provinciales es importante. Los $ 227 millones adeudados equivalen, por caso, casi a un mes y medio de la recaudación del impuesto a los sellos que realiza la ATER. (APFDigital)
[/vc_column_text]
