El transporte urbano vuelve a interrumpirse por el aumento del gasoil y el atraso tarifario. Empresas advierten que sin subsidios el boleto sería impagable y crece el debate sobre el rol del Municipio y la necesidad de un esquema público-privado.
Las empresas prestatarias —Bajo Uruguay S.R.L. y Uruguay Bus— sostienen que el esquema actual es económicamente inviable. La última actualización tarifaria correspondió al período septiembre-febrero, y desde entonces los costos operativos, especialmente el gasoil, se dispararon en las últimas semanas.
A principios de marzo, las firmas solicitaron una adecuación de tarifas, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta. Según explicaron, el aumento del combustible “evaporó” los márgenes que permitían sostener el servicio.
Un servicio en crisis
Desde una de las empresas señalaron que la situación es insostenible:
“Hasta tanto podamos reunirnos con la Municipalidad para ver cómo afrontamos el problema, es inviable salir a trabajar con la tarifa actual y el precio del combustible”.
Además, advirtieron que sin algún tipo de subsidio estatal, el costo real del boleto podría alcanzar los 2.500 pesos, un valor considerado inaccesible para la mayoría de los usuarios.
El rol del Municipio y la discusión de fondo
El conflicto vuelve a poner en el centro del debate el rol del Estado municipal en la planificación y sostenimiento del transporte público en una ciudad que ha crecido de manera sostenida en los últimos años.
En ese sentido, especialistas coinciden en que el Municipio no solo debe actuar como regulador, sino también como garante de la prestación de un servicio esencial, asegurando su continuidad, accesibilidad y calidad para los vecinos.
“EN CIUDADES INTERMEDIAS COMO CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, EL TRANSPORTE URBANO NO PUEDE QUEDAR LIBRADO EXCLUSIVAMENTE A LA LÓGICA DEL MERCADO. SE REQUIERE UNA POLÍTICA ACTIVA DEL ESTADO LOCAL QUE ARTICULE SUBSIDIOS, CONTROL Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA”.
Hacia un sistema público-privado
Frente a este escenario, comienza a tomar fuerza la necesidad de analizar modelos mixtos —público-privados— que ya funcionan en otras ciudades del país. Estos esquemas combinan la operación privada con aportes estatales y mecanismos de compensación que permiten sostener tarifas razonables sin comprometer la viabilidad del servicio.
La discusión no es nueva, pero la reiteración de cortes evidencia la urgencia de avanzar en una solución estructural. El transporte urbano no solo garantiza movilidad, sino que impacta directamente en el acceso al trabajo, la educación y los servicios básicos.
Por el momento, desde el Municipio esperan también algún tipo de acompañamiento por parte del Gobierno provincial, en un escenario donde la crisis del sistema de transporte excede el ámbito local.
Mientras tanto, miles de usuarios vuelven a quedar sin servicio, en una ciudad que demanda respuestas de fondo para un problema cada vez más recurrente.
Fuente: Infocdelu.com.ar
