Los reclamos provienen de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias y de la Federación Agraria.
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias manifestó su rechazo a la eliminación de las exenciones para inmuebles rurales incluida en al proyecto de reforma de Bienes Personales que será tratada en la Cámara de Diputados y advirtió que “el Estado en todos sus niveles continúa mostrando una ausencia de voluntad de dar el ejemplo realizando su propio ajuste sobre sus onerosos presupuestos y obscenos niveles de gasto”.
“Esta modificación se combina con el aumento que tuvo la valuación de los campos que, en algunos casos, llegó a ser de entre 10 y 20 veces el valor fiscal original”, advirtió en un duro comunicado la entidad.
Para la Comisión, “esto representa un nuevo impuestazo al campo, el sector más dinámico de la Economía y que está en mejores condiciones de contribuir a sacar al país de la severa crisis económica en la que se encuentra. Si a esto le sumamos la nueva imposición de derechos de exportación y la posibilidad de llevar las retenciones a la soja al 33 por ciento, incluidas en el proyecto de presupuesto, nos encontramos ante un panorama absolutamente desalentador.
Resulta paradójico que en un momento en el que el sector privado necesita incentivos positivos para producir, invertir y renovar la confianza en el país desde el Sector Público se busque que el grueso del ajuste recaiga sobre el campo y los productores.
Al mismo tiempo, el Estado en todos sus niveles continúa mostrando una ausencia de voluntad de dar el ejemplo realizando su propio ajuste sobre sus onerosos presupuestos y obscenos niveles de gasto.
Antes de continuar exigiéndole al campo esfuerzos extraordinarios, el sector público debería dar señales concretas y palpables de estar verdaderamente dispuesto a recortar sus costos”.
“Un país deja de ser viable con estas tasas de interés”, advirtieron desde Federación Agraria
El titular del Distrito 3 de la Federación Agraria -que abarca Entre Ríos y Monte Caseros (Corrientes)-, Matías Martiarena, habló sobre la situación económica que atraviesa el pequeño y mediano productor.
“Termina un año difícil para todos, especialmente para el sector productivo que si quiere acceder a un crédito debe afrontar una tasa del 62% para sembrar soja, cuando se sabe que la inmensa mayoría de los chacareros están complicados con las carpetas crediticias”, expresó Martiarena.
“Cuando un productor empieza a mover la zaranda y ver qué es lo que paga, lo primero que deja de lado es lo impositivo, situación que demora la aprobación de una carpeta para obtener una ayuda financiera”, cuestionó el dirigente, y apunto a la “timba financiera”, que sí genera réditos especulativos en períodos cortos.
A modo de ejemplo, dijo que “el que tiene plata para hacer una hectárea de soja no sería extraño que opte por poner la plata en el banco con la seguridad de que obtendrá un mayor rédito económico”. Pero esta situación, por las altas tasas actuales, “no puede prolongarse en el tiempo, porque así el país no arranca”.
Asimismo, Martiarena aseguró que si las pequeñas y medianas empresas, en todos los rubros, no encienden motores la situación tornará a empeorar. Pero se mostró esperanzado de que en marzo, como se dice, con la cosecha y el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) “Argentina pueda comenzar a marchar”.
“Se debe pagar lo que corresponde en todo tipo de servicios, y no vivir de subsidios. Pero todo cambio tiene que ser regulado, no tan brusco, caso contrario mucha gente va a quedar en el camino”, advirtió.
Fuentes: El Día – Gchú y AIM digital
