Exige al Poder Ejecutivo que cumpla con la norma 27.614, aprobada en 2021 por amplísima mayoría, que garantiza el incremento progresivo de la inversión, y el cumplimiento del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030
Representantes del sistema científico y universitario esperan que el próximo miércoles 17 de septiembre, junto con el veto a la ley de financiamiento universitario, se trate en el parlamento un proyecto de ley que declara la emergencia del sistema científico. En esencia, se le exige al Poder Ejecutivo que cumpla con la Ley 27.614, aprobada por amplísima mayoría en 2021, que declara de interés nacional el desarrollo del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, establece el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica, y promueve su federalización.
La norma estipula índices de inversión creciente, año por año, hasta llegar al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2032, y establece que la asignación de recursos nunca será inferior, en términos absolutos, a la del año previo. Si la aplicación del porcentual del PBI diera por resultado un monto menor o igual al del año anterior, se deberán efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con sus objetivos. De acuerdo con esta legislación, en 2025, la inversión en ciencia y tecnología debería haber alcanzado el 0,45% del PBI, pero se espera que llegue a alrededor del 0,17%, la más baja desde que se registra.
El nuevo proyecto ya tiene despacho de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Presupuesto y Hacienda. “Se formuló más o menos en abril pasado, y avanzó fundamentalmente por impulso de Daniel Gollán, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, con apoyo de diversos bloques, pero luego fue ‘cajoneada’ por José Luis Espert en la de Presupuesto y Hacienda –cuenta Valeria Levi, vicedecana de Exactas/UBA, y coordinadora de la Red De Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), que mantiene contacto asiduo con legisladores de gran parte del arco político–. En una de las últimas reuniones de Diputados, se logró emplazar a Hacienda para que trate este tema, se hizo una reunión conjunta y se le dio despacho”. Firmó en disidencia Lilia Lemoine.
La mayoría de los investigadores/as de Conicet se desempeñan en Universidades Nacionales. En la UBA estaban en marcha 2000 proyectos de investigación distribuidos en más de 74 institutos, en los que se forman más de 2500 becarios/as de doctorado, maestría y estímulo, así como también cientos de miles de estudiantes de grado. “Esta situación adversa está produciendo una emigración masiva de científicos/as”, concluye la resolución.
(fuente: https://www.eldestapeweb.com/)
