Por Juan Martín Garay –
El Impuesto Automotor 2026 en Entre Ríos dejó algo en claro: entre lo que se anunció y lo que finalmente se paga, hay una diferencia demasiado grande para ser casual.
El Gobierno provincial habló de un tope del 30%. Lo presentó como un criterio de razonabilidad en un contexto económico difícil. Pero ese límite nunca fue real en los hechos.
El esquema se entiende completo cuando se miran todas las normas.
Primero, el Decreto 633/2026 fijó el marco general y comunicó ese supuesto tope. Luego, la Resolución 061/2026 de ATER actualizó las valuaciones de los vehículos, aumentando la base imponible. Y finalmente, el Decreto 791/2026 terminó de modificar el esquema, dejando sin efecto ese límite en distintos casos.
Ahí está la clave. No se trató de un error ni de una distorsión inesperada. Fue una secuencia de decisiones.
Primero se incrementa la base imponible. Después se ajusta la normativa. Y finalmente se traslada el impacto al contribuyente.
El resultado no admite interpretaciones: boletas con aumentos que no son del 30%, sino que en muchos casos llegan hasta el 120%.
Cuando esto se hizo evidente, el director de ATER, Korell, tuvo que salir a dar explicaciones públicas. Pero el problema no es de comunicación. Es de decisiones.
Porque lo que está en discusión no es solo cuánto se paga, sino la forma en que se llega a ese resultado.
Se anuncia un límite que no se cumple. Se modifican las reglas después. Y los contribuyentes entrerrianos terminan pagando más de lo previsto.
La contradicción es clara. Mientras a nivel nacional se avanza en la reducción de impuestos sobre determinados vehículos, incluso de alta gama, en Entre Ríos se incrementa la presión fiscal de manera significativa.
Hoy, miles de entrerrianos no están analizando decretos ni resoluciones. Están mirando su boleta y viendo aumentos de hasta el 120%.
Ahí es donde la política deja de ser discurso y se convierte en realidad. Los relatos fundacionales ya no alcanzan. La realidad supera la ficción.
