Desde la Coordinadora por una vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es basta” criticaron el decreto 4407 con fecha 14 de diciembre que regula las fumigaciones terrestres con agroquímicos en todo el territorio provincial. Aseguraron, además, que “hasta que el supuesto decreto no esté publicado en el Boletín Oficial quién realice fumigaciones a menos de 1000 metros terrestres y 3000 aéreos está cometiendo un delito penal”.
La Coordinadora por una vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es basta”, representada por sectores de toda la provincia, criticó duramente el decreto difundido la semana pasada, a través del cual el Gobierno regula las fumigaciones en la provincia.
“Nos parece muy perverso, porque un decreto por Whatsapp no es un decreto, ya que esa fue la manera que se difundió”, dijo Cristina, quien forma parte de la Coordinadora y agregó: “También es perverso porque si se quiere, su divulgación habilita a poder fumigar a menos de la distancia que indica el fallo del juez Oscar Benedetto, y no es así porque el amparo sigue vigente, mientras que el decreto no está publicado en el Boletín”.
Vale recordar que según el texto se dispone que las fumigaciones terrestres con agroquímicos no deben hacerse a menos de “100 metros de escuelas rurales y cultivos”, y a menos de “500 metros”, para el caso de las aéreas.
Se trata de distancias que quedan por debajo de los 3.000 metros para las aspersiones aéreas y de los 1.000 metros para las terrestres que había fijado por el juez Oscar Benedetto en su fallo de octubre pasado, ratificado por el Superior Tribunal de Justicia.
En diálogo con esta Agencia, desde la Coordinadora reprocharon, además, que durante la reunión mantenida con los secretarios de Producción y Ambiente, Álvaro Gabás y Martín Barbieri respectivamente, “no se nos haya dicho una sola palabra acerca de este decreto”: “Cuando les preguntamos nos dijeron que ´un decreto iba a haber´, pero no nos advirtieron que estaba al salir ni que disminuía las distancias”, reprocharon.
Al respecto, en el comunicado oficial de la Coordinadora criticaron mientras desde el Gobierno “invitaron a conformar una mesa de trabajo” junto a las asociaciones ambientalistas, “el supuesto decreto fue “fechado” 4 días antes y se negaron a responder preguntas directas al respecto para luego “hacer como que” se publica para generar confusión entre la población y las autoridades de aplicación correspondientes”.
Por último, advirtieron que “tal como lo ordenara el Superior Tribunal de Justicia, el amparo sigue vigente y desobedecerlo constituye un delito penal”.
Para el campo, el decreto de Bordet sobre la aplicación de agroquímicos “llena un vacío legal”
“Este decreto lo que hace es llenar ese vacío legal, estableciendo con claridad cuáles son las pautas para fumigar y disponiendo una serie de controles”, afirmó a APFDigital el dirigente de la Federación Agraria, Alfred Bel, refiriéndose al decreto del Gobernador que regula la aplicación de agroquímicos
El viernes pasado se conoció el decreto Nº 4.407 con el que el Gobierno provincial da respuesta a la orden que la Justicia le dirigió al Ejecutivo entrerriano para que le ponga límites a las fumigaciones luego de que el juez Oscar Benedetto hiciera lugar a un amparo presentado por Agmer y el Foro Ecologista tendiente a proteger la salud de alumnos y docentes de esos establecimientos.
El decreto de Gustavo Bordet prohíbe las fumigaciones terrestres con agroquímicos a menos de “100 metros de escuelas rurales y cultivos”, y a menos de “500 metros”, para el caso de las aéreas.
Se trata de distancias que quedan por debajo de los 3.000 metros para las aspersiones aéreas y de los mil metros para las terrestres que había fijado Benedetto en su fallo de octubre, ratificado por el Superior Tribunal de Justicia.
El sector rural manifestó su conformidad con el decreto gubernamental: “El compromiso del Gobierno provincial con el sector era que iba a ver una clarificación respecto de lo que demandaba el fallo, que planteaba que había un vacío legal”, sostuvo el dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel.
“La mitad de la biblioteca planteará una cosa y la otra mitad otra, pero la realidad es que el amparo se presentó por principios precautorios ante la imposibilidad de tener la certeza de que adecuadamente se protegiera la salud de los niños y los docentes. Este decreto lo que hace es llenar ese vacío legal estableciendo con claridad cuáles son las pautas para fumigar y disponiendo una serie de controles”, indicó Bel.
“Las anteriores normas que regían eran resoluciones, aunque tenían su valor. Pero ahora este decreto tiene todavía más peso: es inobjetable”, aseveró.
“Probablemente alguno de los actores involucrados recurra este decreto y luego el tema seguirá sus pasos legales”, estimó luego.
“Hay una postura del sector ambiental que tiene una serie de cuestionamientos hacia el modelo productivo, pero nosotros producimos bajo condiciones avaladas por el Senasa y por el INTA. Y, además, en los últimos tiempos, la Provincia ha profundizado los controles, se han realizado múltiples capacitaciones y demás”.
¿Están conformes con la letra del decreto?, consultó esta Agencia, a lo que Bel respondió: “Sí, aunque su demora ha representado un problema para muchos productores y ha producido un impacto imposible de remediar”.
“Para nosotros el decreto es la solución a las dudas que planteó el juez respecto a cómo se actuaba para cuidar la salud de los niños y docentes”, concluyó.
(fuente: APFDigital)
