Tras la decisión judicial de restablecer los beneficios que se habían dado de baja, Presidencia de la Nación se pondrá al frente de su distribución. Alertan que se podrían suprimir más de medio millón de beneficiarios. Las trabas burocráticas que planea el Ejecutivo
La decisión de la jueza federal Adriana Cammarata de obligar al Gobierno a restituir “en forma inmediata” todas las pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja en junio en forma unilateral abrió una alerta en las autoridades nacionales, que resolvieron a través del Decreto 698/2017 sacarle la distribución de dichos beneficios al Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley, y pasarlo a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, que comanda Fernando de Andreis, por medio de la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad.
A partir de ahora, será el propio Presidente Mauricio Macri quien, a través de una de las personas de su mayor confianza, tendrá a su cargo el reparto de las políticas destinadas a las personas con discapacidad, así como el manejo de asignaciones de determinadas pensiones no contributivas.
Diversos sectores salieron al cruce de la determinación oficial, ya que ven que detrás de este reacomodamiento interno se esconde una intención del Ejecutivo de volver a arremeter contra estos beneficios, dando de baja un sinnúmero de pensiones e imponiendo una serie de nuevos requisitos que equivalen a dejar a cientos de miles de personas por fuera de los mismos.
Obstáculos oficiales
El sistema de pensiones por discapacidad había quedado en el medio del debate en el mes de junio, cuando se decidió dar de baja a más de 170.000 beneficiarios por supuesto incumplimiento de las condiciones para recibirlas.
De acuerdo a versiones que empezaron a circular por los pasillos de Casa de Gobierno, las autoridades estarían pensando seriamente en cancelar más de medio millón de pensiones a través de un Plan Nacional de Discapacidad, que incluiría duros requisitos para poder acceder a las pensiones, con lo que se daría de baja en forma automática a miles de estos beneficios por no cumplir con las normativas oficiales.
Algunos de los nuevos planteamientos serían endurecer los términos para el otorgamiento de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), con nuevas Juntas Evaluadoras que realicen exámenes a los beneficiarios para saber si verdaderamente llegan al 76% de invalidez de capacidad laboral exigido por la ley.
La idea del Ejecutivo sería reducir hasta diciembre alrededor de un 30% las ayudas que se dan desde el Estado. Para llegar a ese número se comenzaría con la implementación de un régimen de inspecciones para asegurarse, por medio de todos los organismos del Estado, que quienes reciben las pensiones no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia por fuera de las mismas.
Además, se pondrá el ojo sobre más de 180.000 expedientes que hoy descansan en la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) y que se encuentran pendientes de control y resolución por las inconsistencias en sus presentaciones.
En la actualidad, y según los últimos datos brindados por el Gobierno, en nuestro país se dan 1.800.000 pensiones por discapacidad, que cobran 4.920 pesos por mes, y de los cuales las autoridades sostienen que el 40% de los beneficiarios las estarían recibiendo en forma ilegal.
Un leal al frente del reparto
El secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, es la persona elegida por Mauricio Macri para comandar toda la distribución de las pensiones por discapacidad en nuestro país.
Miembro del círculo íntimo del Presidente y cercano al jefe de Gabinete Marcos Peña, De Andreis viene trabajando en el PRO desde el año 2002 y fue quien condujo la campaña a jefe de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en 2015.
El año pasado quedó en el medio de la polémica al ser involucrado en el escándalo internacional conocido como Panama Papers, por figurar hasta 2014 como miembro de Parquemar Group, una sociedad offshore con sede en el país centroamericano.
Este año fue denunciado por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino.
El tema en números
– 1.800.000 pensiones por discapacidad se dan actualmente en la Argentina
– 180.000 expedientes están pendientes de control, evaluación y resolución
– $4.920 por mes reciben los beneficiarios
– 500.000 beneficiarios estaría pensando dar de baja el Ejecutivo
– 170.000 ayudas intentó cancelar el Gobierno en el mes de junio
– 30% de los beneficiarios se espera reducir por no cumplir el “nivel de invalidez” requerido
(fuente: http://diariohoy.net)
