El escrito tiene 39 fojas y sus argumentos centrales fueron consensuados con otros estados provinciales que interpondrán medidas similares ante la Corte. Además de la revisión final de argumentos, resta que el Gobernador Bordet estampe su firma para poder ser recibido por la CSJN. Es que la jurisprudencia del alto tribunal sólo reconoce al mandatario provincial la personería para interponer este tipo de demandas.
El documento tiene cuatro planteos centrales, cuya fundamentación se desglosa en las páginas siguientes:
1- El pedido de que la Corte declare la inconstitucionalidad de los decretos 561 y 569 que contienen estas rebajas.
2- Una medida cautelar pidiendo que se suspenda la aplicación de estos decretos.
3- Una vez declarada la inconstitucionalidad de las medidas, que el Estado nacional realice la distribución de fondos coparticipables, computando dentro de la masa de dinero a repartir los montos que fueron dejados de percibir por Entre Ríos debido a la sanción de los decretos 561 y 569.
4- En consonancia con el punto anterior, que la Corte ordene a la Administración Macri a restituir los recursos que Entre Ríos dejó de percibir por la vigencia de esta normativa.
Argumentos
Dentro de los argumentos que el Estado provincial planteará ante los estrados de la CSJN, tribunal señalado por la Constitución Nacional como el responsable para dirimir cuestiones entre las Provincias y la Nación, la Fiscalía de Estado de la provincia ha subrayado que la modificación del IVA debe darse de manera concertada entre la Administración Nacional y los estados provinciales, dado que es un impuesto indirecto que debe fijarse de manera “concurrente” entre el Congreso y las provincias.
Es decir, debe darse una ley convenio, sancionada por ambas Cámaras nacionales y aprobada por las Legislaturas provinciales.
Además, puntualiza que la ley vigente faculta al Poder Ejecutivo Nacional a reducir la alícuota del IVA (ya sea que se grave con un 21% o un 27% el producto o servicio) hasta un 25%. Es decir, que el presidente Mauricio Macri podría haberla llevado al 15,75 por ciento (21 puntos menos 5,25) o al 20,25 por ciento (27 puntos menos 6,75) respectivamente, pero nunca reducirla a cero como hizo con el decreto 561. Para ello debería contar con el respaldo del Congreso y de todas las provincias.
Esto “viola en forma manifiesta el principio de legalidad tributaria afectando asimismo de manera mediata o refleja el derecho intrafederal de concertación”, indica el borrador que tiene a disposición Bordet para su firma.
Razonamientos similares se esgrimen a la hora de analizar la baja del impuesto a las ganancias.
En otro tramo del escrito, se apunta que los fundamentos del decreto de reducción de IVA resultan en parte falsos, ya que se invocan facultades que no existen ni están previstas en la Ley Nº 27.345. “Ciertamente, la citada ley es una ley de emergencia económica vinculada a la situación de los trabajadores, en tanto la disminución de la alícuota del IVA es de estricta materia tributaria. No existe relación lógica ni conceptual en tal vinculación. Por otro lado en esa ley no hay delegación alguna en materia tributaria”, precisa.
En este sentido, se estima que existe “nulidad por falta de causa” dado que el decreto “se funda en antecedentes de hecho inexistentes y en antecedentes de derecho inaplicables al caso”.
Más adelante en el texto, se destaca el “estado de incertidumbre” que estas medidas generan sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica.
En orden a esto, se entiende cumplido el requisito de lesión, dado que la aplicación inmediata de los decretos cuestionados “en la medida que eliminan o reducen –según el caso- la tributación sobre impuestos coparticipables, ha comenzado a producir una reducción significativa de la masa de fondos coparticipables que incide negativamente en forma directa sobre la participación que le corresponde percibir a la Provincia de Entre Ríos”.
El documento resalta que los decretos contravienen “los principios y preceptos constitucionales que prohíben a otro Poder que no sea el Legislativo el establecimiento cualquier modificación en materia de impuestos”, citando en ese sentido fallos de la CSJN.
En relación a esto, también pone en tela de juicio la forma en que el Ejecutivo Nacional pudo haber echado mano a facultades delegadas. “No podrá existir delegación legislativa válida respecto de ninguno de los elementos estructurales de la hipótesis de incidencia tributaria, esto es, material, personal, espacial y temporal. Esta prohibición se extiende a las exenciones tributarias, tanto en lo relativo a su vigencia como a la definición de sus elementos estructurales, pues también respecto de ellas opera el principio de reserva de ley”, detalla el documento, citando jurisprudencia del alto tribunal.
Otros gobernadores de 13 provincias se presentaron ante la Corte para frenar las medidas económicas de Macri
Pretenden que se declare la inconstitucionalidad de la baja del IVA y de Ganancias anunciadas por el Presidente tras la derrota en las PASO
Trece gobernadores se presentaron esta mañana ante la mesa de Originarios de la Corte Suprema de Justicia para exigir una suspensión de las últimas medidas que Mauricio Macri anunció tras su derrota ante la fórmula Alberto Fernández -Cristina Fernández de Kirchner. Los gobernadores sostienen que las medidas oficialistas para «paliar» la situación económica de la clase media son inconstitucionales e implican quitas de entre 600 y 1900 millones de pesos a cada una de ellas en concepto de Coparticipación Federal.
Con excepción de las provincias oficialistas (Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Corrientes y Mendoza), además de Córdoba, Entre Ríos y Chaco, el resto de los distritos unificaron estrategia e instruyeron a sus fiscales de Estado para que presenten una medida cautelar «no para frenar las medidas económicas anunciadas, sino para que no se saquen fondos a las provincias». De hecho hubo fiscales de 16 provincias en la calle Talcahuano que posaron con sus papeles frente a la Corte, antes de recibir algunos de ellos un llamado para retirarse.
Según dijo Pablo Saccone, fiscal de Estado de Santa Fe, las cautelares, presentadas en forma individual por cada distrito, piden la declaración de inconstitucionalidad de los decretos presidenciales «por la fuerte defracción de recursos» y porque «el Presidente no puede disponer en materia tributaria».
De las provincias que finalmente presentaron cautelar, dos no corresponden al peronismo: Santa Fe y Santiago del Estero. En el caso de Salta, la ofensiva la lidera Juan Manuel Urtubey, gobernador que es candidato a vicepresidente por Consenso Federal, a quien esta mañana llamaban desde el Gobierno para que les diera tiempo para conversar. La decena restante son los gobernadores que arman estrategia en línea directa con Alberto Fernández: Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Tucumán, Salta y San Juan.
En el listado inicial faltan Chaco, Córdoba y Entre Ríos. De las tres, Gustavo Bordet está elaborando un recurso similar para presentar el próximo miércoles, mientras que Juan Schiaretti ya había adelantado que hoy no compartiría la estrategia de sus colegas.
Desde Chaco, fuentes oficiales indicaron a Infobae que el gobernador Domingo Peppo prefirió esperar y no sumarse al tándem opositor. «Preferimos no tener que hacerlo, seguimos conversando», respondieron sobre la pausa que se tomó el mandatario que el miércoles pasado estuvo en el CFI y luego acordó con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, deponer su candidatura a gobernador y conformar la unidad con el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich.
Río Negro tenía listo su paper pero el fiscal de Estado fue frenado antes de que se presentara ante la Corte tras el llamado que recibió el gobernador Alberto Weretilneck. Aceptó esperar unos días mientras siguen negociando. Lo mismo habría ocurrido con otros dos gobernadores no peronistas, como Omar Gutiérrez de Neuquén quien ya la semana pasada había presentado un recurso para frenar el congelamiento de naftas y Hugo Passalacqua de Misiones.
Los escritos que presentaron cada uno de los fiscales ante la Corte Suprema van el línea con el documento que 18 gobernadores y un ministro de Economía (el de Córdoba) firmaron el miércoles pasado en la cumbre del CFI contra los decretos 561 y 567 que disponen modificaciones en los impuestos IVA y Ganancias.
En el máximo tribunal anticipan que, como en el caso del reclamo de las provincias productoras de hidrocarburos que protestaron por el congelamiento de los combustibles, se dará vista al procurador antes de resolver.
El planteo, para el que los gobernadores esperan una resolución «urgente», indica que aunque se busca «paliar la grave situación económica que atraviesa el país», el paquete de medidas «afecta intereses de las provincias, toda vez que dispone de fondos que pertenecen a las Provincias, de modo inconsulto».
Se afecta, sostienen los fiscales de cada provincia, «el principio de legalidad (por el que el Congreso de la Nación debe modificar las leyes -como en el caso del IVA-), cuanto el sistema de coparticipación que impone la necesidad de abiertos entre Nación y Provincias para modificar recursos coparticipables -como ocurre con ganancias-« al tiempo que se «violentan» los acuerdos establecidos en el Consenso Fiscal en 2018.
Los mandatarios están en una encrucijada: defender sus partidas frente al beneficio que implica para los bolsillos la devolución de dinero en concepto de adelantos ya pagados de Ganancias o la quita del IVA de la canasta básica.
Por eso repiten en sintonía en su defensa y ante las críticas que genera su reclamo: «Nación dictó medidas que dispone de fondos provinciales». Y alegan que esa quita dificulta el cumplimiento de las funciones propias de la provincia, que en algunos casos hasta pondría en riesgo el pago de la segunda cuota del aguinaldo.
(FUENTE: RADIO LA VOZ e Infobae).
