Prender el ventilador o el acondicionador de aire, tener encendido el televisor o usar el microondas no cuesta lo mismo en la ciudad de Buenos Aires que en Río Negro, en Entre Ríos o en cualquier otra provincia del país.
Las facturas de luz, escribió este miércoles para diario “La Nación” Sofía Damonte, difieren principalmente por los costos de distribución y por la carga tributaria que cada gobierno provincial y cada municipio le agregan al valor final de la tarifa. Esto genera que haya diferencias de hasta $2700 (o aun tres veces) entre distintas provincias.
Formosa, la más barata y Entre Ríos, la más cara
Formosa, por ejemplo, es la provincia con la tarifa residencial más barata, según cálculos privados. El consumo de 550 kilovatios/hora (kWh) por mes equivale a una factura de $959,5, de los cuales $166,5 son impuestos y el resto representa el costo de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
Como contrapartida, la provincia de Entre Ríos tiene el valor de la luz más caro, con una boleta que supera los $3655 por el mismo consumo de 550 kWh por mes. De ese total, $1383 representan la carga tributaria y otro tercio similar equivale a la distribución de energía.
Dentro de la provincia de Buenos Aires, el costo varía mucho entre lo que es la Capital Federal y el conurbano -el área metropolitana (AMBA)- y lo que se paga en el interior de la provincia. Mientras que las boletas de Edenor y Edesur promedian los $1962 para los 550 kWh, las facturas de EDEN, EDES, Edelap (La Plata), EDEA (Mar del Plata) y el resto de las cooperativas bonaerenses tienen valores de entre $2937 y $3619.
¿Por qué tantas diferencias en los costos?
La dispersión de valores está centrada en dos variables: la mayor carga impositiva (en algunos municipios es casi el doble que en la Capital) y el costo de distribución, que disminuye a medida que hay más densidad geográfica, porque el costo de mantenimiento de la infraestructura se distribuye entre más usuarios.
Otras provincias con valores altos de luz son Córdoba ($3637), Santa Fe ($3326) y Mendoza ($2787,7). «Cada distribuidora tiene costos de acuerdo con las características del territorio y de los usuarios a los que debe alcanzar. No es lo mismo prestar el servicio en centros urbanos densamente poblados que hacerlo en el interior provincial, rural y de pequeños pueblos», explica Verónica Geese, secretaria de Energía de Santa Fe.
«Por ejemplo, la empresa de distribución de la provincia tiene aproximadamente 11 usuarios por kilómetro cuadrado y en la Capital Federal hay más de 600 usuarios. A la hora de distribuir los costos, dividir entre 600 es muy diferente a dividir entre 11. Así, nunca las grandes distribuidoras del interior tendrán el mismo precio que Edenor o Edesur», agrega. Sin embargo, las facturas más baratas se encuentran en Santa Cruz, Formosa, La Rioja ($1501), San Juan ($1907) y Santiago del Estero ($1956). En muchos casos, el servicio está muy subsidiado por el gobierno provincial.
El valor agregado de distribución de energía (conocido como VAD) se lleva un 35% de la boleta final. Su valor lo establece cada provincia sobre la base de tres pilares: la concentración de carga (si en una manzana hay mil clientes o cinco por kilómetro cuadrado), la topografía del área de concesión (si es un terreno llano o está rodeado de cerros) y la calidad del servicio (los costos de operar, mantener, administrar y expandir el sistema de distribución). Estas empresas pueden ser públicas o privadas, pero en ambos casos los precios están regulados por cada gobierno provincial.
El peso de la generación
Los valores de generación y transporte de energía son constantes para todas las jurisdicciones y son los servicios regulados directamente por el Estado nacional. Dentro de la factura representan otro 35% del total.
Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, de administración mixta) compra la electricidad y la vende a las distribuidoras. Para un consumo promedio de 550 kWh, el costo de abastecimiento de energía equivale a $770.
El 30% restante de la composición de la boleta de luz son impuestos, que se diferencian entre nacionales (el IVA se lleva el 21%), provinciales y municipales.
Cammesa vende la energía a las distribuidoras a un precio que no cubre el costo de producirla y, por lo tanto, existe una diferencia entre el costo real de producción y el precio de venta a los distribuidores.
Con el cambio de administración y la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, en los últimos años se intentó «emprolijar» que el costo del mercado eléctrico mayorista sea el mismo para todas las provincias. Antes, Cammesa vendía la energía subsidiada a las distribuidoras, pero aplicaba distintos subsidios a cada una, según la afinidad política con el gobierno de turno de cada provincia.
Si bien se logró que cada jurisdicción pague lo mismo por la generación, la abrupta devaluación que tuvo el peso este año hizo retroceder la proporción del costo que paga cada usuario, que había aumentado con el aumento de tarifas. Por ejemplo: producir 1000 kWh (1 MWh) cuesta 70 dólares, aproximadamente.
Tras la suba de tarifas, los usuarios llegaron a pagar 40 dólares por MWh de los 10 dólares que pagaban anteriormente. Sin embargo, luego de la suba del tipo de cambio, los clientes, que venían pagando el 60% del costo de generación (tras la suba de tarifas) volvieron pagar solo el 20%. El resto continúa subsidiado por el Estado.
¿Todo depende del «rango de consumo»? El EPRE niega que la tarifa de Entre Ríos sea la más cara
El Ente Regulador de la Energía de Entre Ríos salió al cruce del informe del diario La Nación, según el cual la provincia tiene la tarifa eléctrica más elevada de la Argentina.
El organismo comenzó por enfatizar que el consumo promedio del 70 por ciento de la población entrerriana es de 225 kwh por mes.
A partir de ese dato, el director de análisis normativo del EPRE, Luciano Paulín, dedujo que “la tarifa que se paga no es la más cara del país para ese rango de consumo”. La comparativa publicada por La Nación – 550 kWh/mes – se centra “solo en una pequeña porción de usuarios de alto consumo, es decir menor al 5%, que no son representativos del promedio de consumo de los hogares entrerrianos”, argumentó el funcionario.
Según Paulín, la calidad del servicio y la distribución de la población por km² son elementos fundamentales a la hora de la determinación del costo, por lo que no es correcto comparar jurisdicciones utilizando los mismos parámetros.
Además, cuestionó que lo publicado por el diario capitalino “tampoco indica la situación tarifaria del comercio, la industria y los servicios”.
Paulín mencionó que tampoco “es correcto afirmar que todas las distribuidoras eléctricas pagan a un mismo precio la energía a CAMMESA o que cada jurisdicción paga lo mismo por la generación”. Si bien la hoy la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación fija “estacionalmente un costo de compra de energía único para todas las Distribuidoras del país, no todas pueden afrontar el 100% del pago de dicho costo”, sostuvo. “Esto genera una manifiesta situación de desigualdad entre las distintas provincias, lo que se refleja en la tarifa final”, recalcó.
El funcionario del Ente Regulador insistió que la diferencia de precios entre jurisdicciones se debe principalmente “al costo propio de la prestación de servicios en cuanto a la cantidad de usuarios por kilómetro cuadrado (densidad poblacional)”. Este concepto es “uno de los más importantes para la determinación del costo de distribución y las tarifas, ya que para un determinado costo total del servicio mientras entre más usuarios o energía se reparta, más bajo será el costo unitario que se traslade a la tarifa final”, aseveró.
Fue allí, que el referente del EPRE destacó que Entre Ríos tiene «una de las mejores coberturas del territorio con servicio eléctrico y distribución de la población a lo largo y ancho de la provincia, lo que implica una baja densidad”.
En ese sentido, Paulín puso el énfasis en “la calidad del servicio” que se brinda en la provincia y recordó que “en 2017, el tiempo medio de interrupción por usuario dentro de la provincia de Entre Ríos fue de 6 a 8 horas en el año, mientras que en el ámbito de la jurisdicción nacional fue de entre 28 a 38 horas”.
Finalmente, el Director de Análisis Normativo del EPRE concluyó que para hacer una correcta comparación tarifaria, “debemos tener en cuenta no solo el precio final sino otras variables como: cantidad de usuarios, superficie del área de concesión, densidad de usuarios, kilómetros de líneas en las diferentes tensiones, potencia instalada, energía operada, calidad del producto, calidad del servicio, niveles de pérdidas, etc”.
Citando a la ley 8916 del Marco Regulatorio Provincial, explicó que las tarifas eléctricas deben ser “justas y razonables”; y tener un costo que sea “compatible con la seguridad del abastecimiento de energía de la población, ya que cuando las tarifas se reducen a niveles que no permiten brindar una adecuada calidad de servicio, los usuarios sufren perjuicios económicos por interrupciones del suministro”.
“Según un informe publicado por el ex Ministerio de Energía y Minería de la Nación, el objetivo de calidad global para EDENOR y EDESUR sería logar para el año 2022 un nivel de horas de interrupción anual similar al actual de Entre Ríos, lo que demuestra el excelente nivel de calidad de servicio de nuestra provincia”, remató el funcionario.
(Fuente: Diario La Nación y Diario Río Uruguay)
Extraído de El Entre Rios
