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La promesa de Frigerio no alcanzó: 1.250 despidos en Granja Tres Arroyos

Prometió «todo lo que esté a nuestro alcance», se sacó la foto con el empresario y semanas después 400 familias entrerrianas se quedaron sin trabajo. Hoy los despidos están firmes, las indemnizaciones no tienen fecha y Frigerio sigue sin explicar qué se acordó.

Granja Tres Arroyos ratificó sus despidos. Terminada la conciliación obligatoria sin acuerdo con el sindicato de la alimentación, quedaron firmes 1.250 desvinculaciones en las plantas bonaerenses de Capitán Sarmiento (700), Esteban Echeverría (500) y Pilar (50). Entre Ríos ya había visto esa película semanas antes, en la planta de Concepción del Uruguay. Y en esa película, Rogelio Frigerio no fue espectador: se sentó a la mesa, posó para la foto y prometió. La promesa no alcanzó. Ahora corresponde preguntar qué hizo su gobierno con el tiempo que tuvo.

Prometió, posó y la empresa despidió.

El 30 de julio, Frigerio recibió a los gremios y se comprometió a seguir el conflicto «de cerca», según publicó El Gurí. Los sindicatos valoraron su predisposición. La predisposición no paga sueldos. Días después, el gobernador se reunió con el presidente del directorio de la empresa, Joaquín De Grazia, y aseguró que haría «todo lo que esté a nuestro alcance para resguardar las fuentes de trabajo». En 48 o 72 horas, recordó el concejal uruguayense Juan Martín Garay, empezaron a llegar los telegramas: unos 255 en la primera tanda. Tres semanas después de la primera promesa, según El Gurí, ya eran 400 los despedidos y la Provincia tuvo que ampliar de urgencia la asistencia. Esa es la secuencia. No hace falta adjetivarla.

Una alarma que sonó durante meses.

La crisis no cayó del cielo. Los salarios se adeudaban desde fines de abril. La planta de Concepción del Uruguay estaba paralizada, con más de 900 trabajadores sin poder trabajar. La empresa pagaba sueldos en cuotas, había cerrado en 2024 su planta de Beccar y había recortado unos 500 puestos entre despidos y retiros. Cuando el gobernador habló de «seguimiento de cerca», la crisis ya tenía meses y nombre. Y cuando el Estado provincial finalmente intervino con la conciliación obligatoria, los despidos ya habían sido comunicados, como señaló Garay. La autoridad laboral llegó cuando el daño estaba hecho.

«Una crisis puntual» y una sorpresa que no cierra.Ante el crecimiento de los despidos, Frigerio intentó despegar a la empresa del resto del sector. Según recogió Política Obrera de sus declaraciones en radio, dijo que «la empresa enfrenta una crisis puntual» y que la magnitud de los despidos lo sorprendió. Un gobierno que se sorprende por lo que se venía anunciando durante meses no estaba mirando. Y si no se sorprendió, entonces prometió en falso. No hay una tercera opción cómoda.

La asistencia no es gestión.

La Provincia asistió: alimentos, subsidios, tarifa social eléctrica, salud, medicamentos, y empezó a pagar un subsidio a los trabajadores. Es lo mínimo. No es la respuesta. Es el Estado cubriendo con fondos públicos el hueco que dejó una empresa, después de que nadie logró evitarlo. Los entrerrianos pagan con sus impuestos el costo social de una crisis que su gobierno no supo anticipar. Pretender que eso sea el balance de una gestión es confundir la ambulancia con la prevención.

Indemnizaciones en el limbo.

Los despedidos todavía no saben cuándo cobrarán. Según fuentes sindicales, primero la Cámara debe designar el juzgado que intervendrá en los concursos preventivos, ese juzgado debe nombrar un síndico, y recién entonces se determinará qué crédito corresponde pagar, siempre que la empresa tenga fondos. Las indemnizaciones se tramitarían bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé una indemnización menor a la del despido sin causa. Hubo incluso un cruce de incompetencias entre juzgados comerciales. Sobre las firmas pesa una inhibición de bienes dispuesta en el marco de una denuncia por presunto vaciamiento, que la compañía rechaza: sostiene que la afectación de fondos y cobranzas por deudas anteriores a sus concursos le impide cumplir y asegura estar abierta al diálogo. Mientras tanto, los trabajadores esperan. Y hay preguntas que nadie del gobierno provincial respondió públicamente, al menos hasta donde este medio pudo encontrar: ¿se presentó la Provincia en defensa de los trabajadores en ese proceso? ¿Qué hizo ante la denuncia por vaciamiento? ¿Qué piensa hacer ahora?

La pregunta que sigue sin respuesta.

Garay la formuló con claridad desde Concepción del Uruguay: qué se habló en aquella reunión con el empresario, a qué acuerdo se llegó, qué pasó entre esa foto y los telegramas. Una reunión, una foto, los despidos. Si hubo compromisos, los entrerrianos tienen derecho a saber cuáles y por qué no se cumplieron. Si no los hubo, la foto fue puro maquillaje: una imagen de gestión sin gestión detrás.

Unas 400 familias perdieron su trabajo en Concepción del Uruguay. En Buenos Aires, otras 1.250 recibieron la ratificación de su despido. Frigerio prometió. La empresa despidió. Y el gobernador, hasta ahora, no explicó nada. La foto está. Las respuestas no.

(fuente: https://infoguri.com/)

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