Nación reduce el esquema de subsidios, la Provincia limita la actualización del componente de distribución y el EPRE vuelve a aprobar un nuevo cuadro tarifario. Mientras tanto, el costo de la electricidad sigue trasladándose al usuario.
OTRA VEZ, LA FACTURA
La luz vuelve a aumentar en Entre Ríos. El EPRE aprobó el nuevo cuadro tarifario para octubre y, detrás de la explicación técnica sobre costos, subsidios y componentes de la distribución, aparece una realidad mucho más sencilla: una mayor parte del costo de la energía termina siendo afrontada por la gente.
El argumento central es conocido: reducir el déficit fiscal y disminuir los subsidios. El problema es que el déficit no desaparece mágicamente cuando el Estado deja de subsidiar una parte del costo. El costo permanece y cambia de pagador: pasa del Estado al usuario.
El dato permite dimensionarlo. Un mismo domicilio consumió 340 kWh en febrero de 2024 y pagó $8.960. En febrero de 2026, con un consumo prácticamente idéntico —346 kWh—, pagó $57.328. Un aumento del 539,8% en dos años, con prácticamente el mismo consumo. Es decir, por una cantidad de electricidad casi igual, pasó a pagar 6,4 veces más.
Ese 539,8% corresponde al período febrero 2024-febrero 2026 y no representa el acumulado hasta octubre de 2026. Desde entonces hubo nuevas modificaciones tarifarias. Pero alcanza como referencia para comprender la magnitud del proceso.
NACIÓN, PROVINCIA Y EPRE
Nación redujo el esquema de subsidios como parte de su política de reducción del déficit fiscal. La Provincia, por su parte, limitó la actualización del componente de distribución y el EPRE aprobó el cuadro tarifario provincial.
Cada decisión puede tener una explicación técnica y fiscal. Pero la consecuencia concreta también debe decirse con claridad: cuando el Estado subsidia menos, alguien paga la diferencia. Y ese alguien es, cada vez más, el usuario.
EL COSTO TAMBIÉN LLEGA A LOS MUNICIPIOS
El problema no termina en la factura de los hogares. También alcanza a PYMES, empresas, industrias y comercios. Y los municipios son usuarios de electricidad: pagan por alumbrado público, bombeos, edificios, semáforos y espacios municipales. Cada aumento incrementa sus costos y termina presionando sobre presupuestos que también deben sostener servicios.
Aquí conviene no confundir responsabilidades: los municipios no fijan los subsidios nacionales ni determinan el cuadro tarifario provincial, pero sí reciben directamente sus consecuencias.
LA PREGUNTA QUE QUEDA
La discusión, entonces, no es solamente cuánto aumentó la luz en octubre. Es qué modelo tarifario estamos construyendo y cuánto más del costo puede trasladarse a familias, actividades productivas y municipios.
Porque reducir el déficit puede ser un objetivo legítimo de política económica. Lo que no puede ocultarse es quién paga el costo de esa decisión.
Cuando el subsidio disminuye, el costo no desaparece. Cambia de bolsillo. Y esta vez, otra vez, termina en el bolsillo de la gente.
Juan Martín Garay
Concejal – Abogado y Profesor de Enseñanza Superior
