Por Blanca Osuna* –
El Consejo de Control de la Vía Navegable, presentado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a través de la Resolución 47-APN-ANPYN-2026, publicada en el Boletín Oficial, para el seguimiento, monitoreo y análisis del sistema de la Vía Navegable Troncal, confirma la pérdida de federalismo sobre nuestro río Paraná. La Resolución ni siquiera define qué provincias lo integran y deja a las jurisdicciones provinciales en igualdad de condiciones con otros sectores privados, y con un solo voto en el plenario.
A Frigerio, después de haber reclamado la participación de Entre Ríos en el Consejo, solo le queda sacarse una foto caminando por el puerto de Cargill y dar por cumplida su misión, a pesar de que el pueblo de la Provincia pierde representación y poder. Queda muy evidente que a él le conforma esa injusta e ilegal disminución de las atribuciones que se le menoscaban a Entre Ríos.
Las provincias pasan a tener la misma representación, voz y voto que las cámaras empresarias, los puertos privados comerciales, la UIA, la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio de Rosario, entre otros actores que la ANPYN denomina como “usuarios”.
Estos “usuarios” privados, mayoritariamente empresas de firmas extranjeras con poder para orientar las políticas públicas sobre ríos argentinos y ajustarlas a sus intereses, son quienes en su momento legitimaron la licitación de la VNT.
Las provincias que tienen el dominio originario de los ríos Paraná y de la Plata, según lo que establece la Constitución Nacional en su art. 124, quedan fuera del ejercicio pleno de esa propiedad.
También han quedado fuera del Consejo las comunidades ribereñas y los gobiernos locales de los pueblos que viven e interactúan cotidianamente con el río, en diversas actividades, como el turismo, la pesca, el abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento, la navegación, el uso del espacio ribereño, lugar de encuentros sociales y culturales, las organizaciones ambientales, los municipios costeros, ciudadanas y ciudadanos argentinos, verdaderos usuarios del río Paraná. En ningún momento estos actores sociales y las organizaciones ambientales fueron considerados por la autoridad portuaria nacional.
Sus voces, expresadas en la Audiencia Pública del 3 de noviembre de 2025, no fueron escuchadas, ya que la mentada Audiencia terminó vaciada de sentido al no ser tenidos en cuenta la gran mayoría de sus aportes. Mucho menos para ser partícipes del control de la concesión, que tiene un plazo de 25 años.
A su vez, la exclusión de sectores de la sociedad civil, que pueden aportar interés y compromiso genuino en el cuidado del río Paraná, el Río de la Plata, los humedales y las poblaciones costeras, es la muestra concreta de la prevalencia de un solo propósito: el uso de un patrimonio natural y social solo al servicio de las ganancias de un grupo.
Por todo esto, denunciamos que este “Consejo de Control” está creado para facilitar negocios de sectores de poder económico, sin facultades legales para fiscalizar al concesionario ni sancionar, y está definido en contra de los preceptos constitucionales en materia de las atribuciones de las provincias.
(fuente: https://www.elentrerios.com/)
