La localización definitiva de la planta de combustibles sintéticos proyectada por la empresa chilena HIF Global en la margen oriental del río Uruguay aún no está resuelta. Tras un pedido de acceso a la información pública formulado por el portal Análisis, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación confirmó que el país planteó de manera formal ante el gobierno uruguayo la necesidad de “que se cumplan los pasos de información y consulta previa establecidos en el Estatuto del Río Uruguay”.
El emprendimiento contempla una inversión cercana a los 5.385 millones de dólares para la producción de hasta 876.000 toneladas anuales de e-metanol a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono capturado. El desarrollo se proyecta en un predio de unas 440 hectáreas ubicado en el Departamento de Paysandú, frente a la costa entrerriana de la ciudad de Colón.
El mecanismo jurídico activado por la Cancillería se fundamenta en el Estatuto del Río Uruguay, marco legal normativo que exige a los estados partes informar y consultar de forma previa ante cualquier proyecto o construcción que pueda alterar el régimen del río, la navegación o la calidad de sus aguas.
En la documentación oficial recabada, la Delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) remarcó el requerimiento de recibir información técnica detallada del emprendimiento. En el ámbito bilateral, la diplomacia argentina transmitió el especial interés en “extremar los recaudos para evitar perjuicios sobre las actividades económicas preexistentes de Colón, en particular el turismo”, principal motor productivo e ingreso financiero de la región.
Por su parte, el estudio de impacto ambiental impulsado por la firma privada sostiene que la planta no generará consecuencias negativas sobre la ribera argentina. Sin embargo, la pretensión formal de las autoridades nacionales apunta a que dicha evaluación técnica sea validada por el ámbito binacional de la CARU y no únicamente por los organismos de control uruguayos.
De acuerdo con el informe cronológico de Cancillería, la República Oriental del Uruguay comunicó la firma previa de un memorando de entendimiento con HIF Uruguay SA, la consecuente elaboración de los términos de referencia y la posterior presentación del estudio de impacto ambiental que actualmente analiza el Ministerio de Ambiente de dicho país.
A raíz de las gestiones institucionales desarrolladas en los últimos meses —con participación del gobierno provincial de Entre Ríos, autoridades nacionales y jefes comunales de Colón y Paysandú—, la parte uruguaya aceptó incorporar formalmente a la ciudad de Colón en el área de influencia del estudio y comunicar que se evalúan localizaciones alternativas para la radicación del proyecto industrial. Una vez concluido dicho proceso de análisis ambiental y definida la ubicación final, se remitirá la documentación pertinente a la CARU.
A pesar de estos intercambios y de las sesiones donde se abordó la temática en el organismo binacional, el documento público oficial confirmó que las actas de la CARU en las que se debatió el caso HIF Global aún no revisten carácter público.
El reporte oficial emitido por la Cancillería dejó al descubierto a su vez la situación presupuestaria que atraviesa la representación nacional ante el organismo administrativo del río.
Si bien la Argentina concretó aportes por 8.034.698 dólares correspondientes al período 2023 y sucesivos, el expediente ratifica que el Estado nacional mantiene un saldo pendiente de pago que asciende a 5.717.166 dólares con la propia CARU, masa de recursos destinada operativamente al financiamiento de estudios ambientales, tareas de monitoreo y trabajos de dragado en el curso hídrico compartido.
(fuente: https://www.elentrerios.com/)
