La modificación de la Ley de Glaciares aprobada por el Gobierno de Javier Milei ha encendido las alarmas en el sector académico y ambiental. El principal peligro señalado por los expertos radica en la redefinición de las áreas protegidas, lo que permitiría el desembarco de proyectos mineros en zonas que hoy están estrictamente resguardadas. Según advierten desde el IANIGLA-CONICET, reducir la protección legal de los cuerpos de hielo de menor tamaño dejaría a miles de comunidades sin su principal reserva de agua en épocas de sequía.
Uno de los riesgos más críticos es la habilitación de actividad industrial en el ambiente periglaciar. Esta zona, compuesta por suelos congelados que rodean a los glaciares, funciona como un escudo térmico esencial para su conservación. Los científicos explican que permitir perforaciones y detonaciones en estos suelos no solo desestabiliza el terreno, sino que rompe el equilibrio térmico que permite que el glaciar no se derrita. Sin este entorno protegido, los grandes bloques de hielo quedarían expuestos a un retroceso irreversible.
Otro peligro directo mencionado en los informes técnicos es el efecto del polvillo generado por la actividad minera. Al operar maquinaria pesada y realizar explosiones cerca de los hielos, se levanta una capa de sedimentos oscuros que se deposita sobre la superficie blanca del glaciar. Esto anula el “efecto albedo” —la capacidad del hielo de reflejar la radiación solar—, provocando que el glaciar absorba más calor y se derrita a una velocidad mucho mayor a la natural por el cambio climático.
El proyecto también propone que un glaciar solo sea protegido si cumple con una “función hídrica verificada”, un criterio que los especialistas consideran engañoso. Argumentan que todos los cuerpos de hielo, incluso los más pequeños o los glaciares de escombros, contribuyen al caudal de los ríos y mantienen la humedad del suelo. Imponer la necesidad de “probar” su utilidad caso por caso abriría una ventana legal para que las empresas avancen sobre territorios antes de que se completen los estudios ambientales pertinentes.
En términos de contaminación, la reforma facilita la utilización de sustancias químicas en áreas de cabecera de cuenca. La presencia de infraestructura pesada y el manejo de residuos mineros en zonas de alta montaña presentan un riesgo latente de filtraciones hacia los ríos que abastecen a las poblaciones de San Juan, Mendoza y el NOA. Un accidente en estas alturas sería prácticamente imposible de remediar, afectando no solo el ecosistema, sino también la producción agrícola y el consumo humano en los valles.
Finalmente, los juristas ambientales advierten sobre el peligro institucional de violar el principio de “no regresividad”. Argentina es pionera en la protección de sus glaciares, y desmantelar esta ley para favorecer intereses económicos de corto plazo sienta un precedente peligroso para otras áreas protegidas, como los bosques nativos o los humedales. Mientras el debate llega al Congreso, la comunidad científica insiste en que el costo de perder los glaciares es infinitamente superior a cualquier beneficio económico que pueda aportar la actividad extractiva.
(fuente: Primereando)
