El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, inauguró el período de sesiones ordinarias de la Legislatura con un discurso marcado por el autoelogio y un optimismo que contrasta con la experiencia cotidiana de miles de entrerrianos.
El mandatario trazó un panorama provincial que, para quien camine las calles, recorra hospitales o converse con docentes y trabajadores estatales, suena más a una pieza publicitaria que a un diagnóstico real de situación. Las cifras pueden ordenar un relato, pero no reemplazan la realidad concreta que vive la ciudadanía.
Frigerio aseguró haber reducido la deuda provincial de 723 a 684 millones de dólares. Sin embargo, evitó explicar con claridad cómo impactaron esos ajustes en los salarios públicos, en la inversión real del Estado y en el poder adquisitivo de las familias. La reducción del endeudamiento no es un dato neutro: tiene consecuencias que deben ser explicitadas.
En relación con la Caja de Jubilaciones, destacó la reducción del déficit y prometió garantizar el 82% móvil. Reducir el rojo a la mitad suena contundente, pero el discurso no aclaró qué medidas estructurales lo hicieron posible ni cuál será el impacto a largo plazo en los futuros jubilados, una inquietud legítima que sigue abierta.
La modernización de la obra social provincial y el anuncio de ahorros millonarios también formaron parte del mensaje oficial. No obstante, afiliados continúan señalando demoras en prestaciones y coberturas insuficientes, una distancia evidente entre el anuncio y la experiencia cotidiana.
En materia de salud, se celebraron avances en historia clínica electrónica, recetas digitales, telemedicina y reactivación de hospitales y obras paralizadas. La pregunta sigue siendo cuántas de esas obras están efectivamente terminadas y operativas, y cuántas permanecen en ejecución parcial o con resultados limitados.
Por otra parte, más de 500 escuelas “mejoradas”, la llamada “depuración” de la matrícula y la actualización curricular fueron presentadas como hitos. Pero el término depuración genera interrogantes: ¿orden administrativo o ajuste encubierto? En la realidad diaria, docentes advierten problemas salariales, edificios con mantenimiento urgente y dificultades crecientes para sostener proyectos pedagógicos en un contexto económico complejo.
Como Diputada Nacional, mi responsabilidad es defender los intereses de las entrerrianas y los entrerrianos en el Congreso de la Nación y aportar todo cuanto esté a mi alcance para mejorar su calidad de vida. Esa tarea no se ejerce desde la confrontación estéril, sino desde el diálogo institucional, el respeto entre poderes y la búsqueda de acuerdos que beneficien a la provincia.
En ese marco, junto a otros legisladores nacionales hemos solicitado formalmente una audiencia con el Gobernador para abordar estos temas de manera directa y constructiva. Aún no hemos recibido respuesta, pero seguimos confiando en que ese encuentro se concrete pronto, porque el diálogo no debilita la gestión: la fortalece.
Defender a Entre Ríos implica decir lo que no funciona, pero también estar dispuestos a trabajar, escuchar y construir soluciones. Ese es el compromiso que asumí y que sostengo.
