La reforma laboral que elabora la Casa Rosada apunta a incrementar la productividad sobre una mayor explotación laboral pero, más estratégicamente, pretende desarticular las relaciones laborales y el modelo sindical horadando la supremacía de los acuerdos y convenios nacionales.
Cuando le preguntaron al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuál era el objetivo de la reforma laboral, no lo dudó. El ministro varias veces imputado por defraudación como funcionario de tres gobiernos, tajante, señaló que el propósito era “desarticular la estructura sindical”.
La frase la forjó en Madrid en el Encuentro Empresarial organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la embajada argentina en España ante unos 200 empresarios.
Más en detalle, el célebre hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata que sufrió el repudio de sus compañeros de tribuna, explicó que el nudo de la nueva norma que preparan apunta a modificar el “orden de prelación”. Ese principio refiere a la jerarquía de una ley o norma sobre otra.
Del mismo modo que la Constitución prevalece sobre las leyes, decretos o resoluciones, en el ámbito laboral, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) es la norma superior cuyos derechos, bajo ningún concepto, pueden ser vulnerados por leyes, normas o acuerdos de menor rango. Así, los convenios colectivos sectoriales solo pueden mejorar lo que establece la LCT en favor del trabajador que, para el derecho laboral, representa el eslabón más débil de una relación que, por su naturaleza, define como asimétrica. Lo mismo ocurre con los convenios y acuerdos por empresa que solo pueden mejorar los derechos ya consagrados en el convenio colectivo de la rama.
Cambio de paradigma
Es eso lo que el gobierno y la clase capitalista pretenden demoler. Sturzenegger adelantó que el proyecto que elaboran dará preeminencia a los acuerdos por lugar de trabajo e incluso aquellos que se alcancen “a nivel regional” sobre los convenios para, dijo, “federalizar las negociaciones colectivas”. De esa forma, los convenios nacionales se convertirán en papel mojado.
Ya en 2017, el mismo funcionario, durante el gobierno de Mauricio Macri, participó en la elaboración de un proyecto de reforma laboral que, en su artículo 39, proponía modificar la definición conceptual del trabajo presente en la Ley de Contratos de Trabajo (LCT). La letra del texto delataba el propósito de fondo y, por eso, fue rápidamente sustraído por pedido de la cúpula sindical que exigió que, para negociar los puntos concretos, al menos se mantuviera cierto decoro.
Ese texto proponía que la relación laboral se redefiniera como una “cooperación entre las partes para promover la actividad productiva» que, a la vez, “constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato”. La intentona quedó trunca al igual que los edulcorados proyectos posteriores que fueron cajoneados como resultado de la protesta del 18 de diciembre de ese año, cuando decenas de miles de manifestantes intentaron evitar la aprobación de la reforma previsional en el Congreso y, estallada la rebelión, la CGT convocara a un paro de 24 horas.
Pero las huellas digitales quedaron marcadas a la espera de una segunda oportunidad. La idea de la relación laboral planteada como una relación de cooperación entre iguales, propia de los fueros civil y comercial, dejaría de reconocerse como un vínculo asimétrico (concepto sobre el que se basa el derecho laboral y la «preferente tutela» que le otorga el Estado al asalariado), soslayando la desigualdad que existe entre los poseedores del capital y los medios de producción (y el poderío social que conlleva) y los que, del otro lado, no poseen otra cosa que su capacidad de trabajo.
Disputa de poder
Más allá del daño que esta nueva normativa laboral generará en los ingresos de los trabajadores obligados a negociar en una situación de atomización y debilidad, el propósito es todavía más profundo. La negociación por empresa o región obligará a las representaciones sindicales a una suerte de “guerra de guerrillas” que perforará el poderío de los sindicatos a nivel nacional. La CGT y las federaciones gremiales, de esta forma, asumirán un papel testimonial en tanto lo que firmen, y las medidas que pudieran tomar para conseguirlo, carecerán de validez en términos concretos. La «desarticulación» del poder sindical, el gobierno lo sabe, es el punto de partida para en un futuro avanzar sobre todavía más derechos.
Por eso, según trascendió, el primer punto del proyecto que ya no será el de la diputada Romina Diez sino uno nuevo elaborado por el gobierno nacional, incluirá una «cláusula transitoria» que dejará sin efecto todos los convenios colectivos vencidos y mantienen su vigencia por el principio de ultraactividad.
La Secretaría de Trabajo obligaría así a todos los sindicatos a rediscutir sus acuerdos sin el respaldo de sus derechos adquiridos. Una espada de Damocles que condicionaría a la baja toda nueva negociación.
Por eso en la mira también está el principio de “irrenunciabilidad” de derechos que rige en la actualidad y que sostiene que ninguna persona en forma individual puede resignar mediante su sola firma a un derecho que le asiste en forma colectiva bajo el amparo de los convenios y las leyes laborales. La intentona va en línea con el principio de “cooperación entre iguales” que Sturzenegger pretendió colar allá por 2017.
De esta forma el principal ataque a la organización sindical consiste en la alteración drástica de los principios colectivos que amparan las relaciones laborales.
Ofensiva directa
El proyecto, cuya discusión el gobierno impuso en el Consejo de Mayo, también exhibe la voluntad de ir a una ofensiva directa contra la organización sindical. En primer lugar buscará eliminar la posibilidad de acordar contribuciones solidarias en favor de los sindicatos que las cámaras conceden y que afectan a todos los trabajadores, para restringirlas a beneficios particulares solo para los afiliados.
Más en concreto, buscarán limitar la actividad gremial de diversas formas. Una de ellas implica la regimentación de las asambleas que solo podrían realizarse con autorización del empleador y sin afectar la producción. La propuesta resulta una contradicción en sus términos. A la vez, buscarán reducir los créditos horarios para la actividad gremial, la proporción en la representación de delegados según cantidad de trabajadores y limitar fuertemente los alcances de los fueros gremiales que protegen a los activistas de posibles despidos.
Por último y entre otros puntos, pretenden ampliar la tipología de “práctica desleal” de los dirigentes sindicales agravando multas y penas y, a la vez, calificar de “infracción grave” medidas como bloqueos y tomas habilitando, además del despido, causas civiles y penales.
¿A bailar?
La envergadura de la afronta que preparan obligó a Sturzenegger a reconocer que “el orden de la prelación cambia totalmente el poder” y que “vamos a tener que bailar si queremos hacer esto”, con relación a la respuesta que, evalúan, ofrecerán en defensa propia las organizaciones sindicales.
El Congreso de la CGT que eligió nuevas autoridades, sin embargo, consagró un nuevo triunvirato que ratificó la estrategia dialoguista que viene llevando adelante con escasos resultados la “mesa chica” cegetista. Es que, más allá del cambio de nombres, Jorge Sola representa la continuidad de Héctor Daer y el dirigente del sindicato del Vidrio Cristian Jerónimo llegó a la secretaría general de la mano del siempre oficialista Gerardo Martínez que, a su vez, participa de manera entusiasta y en soledad en el Consejo de Mayo, donde se busca consensuar el avance de la ley.
En declaraciones a Radio Rivadavia a horas de su asunción, el dirigente del SEIVARA, a contramano de la actitud y pragmatismo del Ejecutivo, aseguró que “siempre dejamos abierta la puerta del diálogo social que busque encontrar un equilibrio” y, concedió, “hay ciertas actividades que se mueven a una velocidad y requieren cierta modernización”. Para eso, sin embargo, aclaró que “tenemos los convenios colectivos de trabajo. Sobre la base convencional estamos dispuestos a dialogar”. En la misma línea ratificó que “hay un compañero sentado en el Consejo de Mayo y eso demuestra que la institución no le escapa al debate”. Jerónimo insistió en que «somos una institución de 95 años que tiene la obligación de sentarse”. Para dejar en claro la actitud que, por el momento tendrá la nueva conducción, adelantó que “ojalá no sea necesario un nuevo paro general” porque, dijo, “tenemos una responsabilidad que es la de transmitir certidumbre. Apelamos a la responsabilidad del gobierno de construir una sociedad más justa que requiere mucho diálogo social. Quienes lo acompañaron con el voto no le piden confrontación sino diálogo para tener una Argentina con paz social”.
El gobierno ya declaró la guerra. La estrategia de la «nueva» CGT, por el momento, parece seguir las recomendaciones bíblicas de Jesucristo: “Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa”.
