En el encuentro también se determinó que el financiamiento universitario -que cuenta con media sanción de Diputados– sea tratado en una próxima sesión luego del debate en comisiones. Asimismo, se estableció la prioridad de abordar la situación de los tomadores de créditos UVA, a través de una iniciativa que obtuvo dictamen en la Cámara alta en septiembre del año pasado. Además se aprobaron pliegos diplomáticos, traspaso patrimoniales a las provincias y la adhesión al tratado internacional de Remoción de Restos de Naufragio.
Durante el debate del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, el radical Martín Lousteau cuestionó el método en que Javier Milei alcanzó el superávit fiscal: “El Presidente dijo que se le fue la mano con el ajuste, pero cuándo se le va la mano hay gente que no puede vivir”, sostuvo el titular de la UCR en medio de su intervención en el Palacio Legislativo, quien entendió que «estamos compensando la última pérdida grande que tuvieron que fue la de enero de este año», remarcó Lousteau.
La cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) fue una de las aliadas opositoras con las que contó el oficialismo: «Lo que varios de mis colegas van a hacer hoy es un error. […] No hay duda de que a los jubilados lo que más les conviene es que no haya inflación; a su edad no pueden seguir surfeando los precios como estamos acostumbrados en la Argentina. Hoy estamos viendo bajar la inflación, que es casi un milagro sostenido por pequeños fósforos; cuando prendemos uno se cae otro».
A su turno, la fueguina Cristina López (Unión por la Patria) le pidió a los jubilados «que le recuerden al mentiroso de Milei una de las tantas promesas falsas que hizo, porque los jubilados no son la casta. También quiero pedirle al Presidente que, cuando este proyecto llegue a sus manos, no se le ocurra vetarlo».
«Resulta que destinar una parte del presupuesto para atender una necesidad imperiosa como es el haber de los jubilados y pensionados es un acto degenerado para el Presidente», añadió en esa línea el porteño Mariano Recalde, senador del mismo bloque, quien recordó que la iniciativa «tiene un costo fiscal del 0,4% del PBI; el mismo exactamente que implicó haber modificado el impuesto a los Bienes Personales y a la riqueza que se aprobó en este Congreso. No se trata de un problema de falta de recursos, sino que se destinan a otras cosas».
Por unanimidad, Senado aprobó tipificar penalmente la venta de niños
El primer proyecto de resonancia que fue aprobado en la sesión, y que cuenta con vinculaciones con el caso de Loan Peña, fue el que tipifica en el Código Penal la sustracción y/o comercialización de niños.
El proyecto, de autoría de la santafesina Carolina Losada (UCR), establece concretamente condenas de 4 a 10 años de prisión «al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado».
Asimismo, contempla a los intermediarios: penas de 5 a 15 años para «quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare», con agravantes para funcionarios públicos, para los que se prevé un tercio más de la condena convencional y la inhabilitación perpetúa para el ejercicio de cualquier rol estatal
El texto tiene en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de los progenitores biológicos (habilitando la figura del arrepentido), por lo que la mayoría de los casos ocurren con fines adoptivos . Este delito es de competencia federal y prescribe cuando el niño alcanza la mayoría de edad, cuando pasa a la órbita de la trata de personas.
(fuente: https://www.ambito.com/)
