Todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales ante la ley, o mejor dicho, deberíamos serlo; así reza uno de los principios que sustentan el sistema democrático y republicano. También es cierto, y fundamental, que nadie puede ser condenado sin que su responsabilidad sea atribuida en un juicio previo y que mientras no sea dictada sentencia condenatoria que se halle firme el estado de inocencia debe ser respetado.
Pero hay actitudes que resultan cuestionables al menos desde la perspectiva de una práctica honesta de la política y de un compromiso con el correcto funcionamiento de las instituciones. Desde esta postura consideramos como irresponsable la acusación lanzada por el exministro del interior del gobierno de Macri, actual diputado nacional por el mismo espacio político, Rogelio Frigerio, contra lo que denomina el kirchnerismo, frente a su citación a indagatoria solicitada por el fiscal Guillermo Marijuán, por la posible comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, admisión de dádivas o cohecho, entre otros delitos penales.
Es algo a lo que él y todo su espacio nos tiene acostumbrados, una estrategia de chivo expiatorio tras la cual han ocultado su verdaderos intereses de beneficiar a sectores del poder económico nacional e internacional en desmedro de las mayorías; lo que ha quedado probado en el juicio de las urnas al momento de dictar su veredicto contra la continuidad de una de las más desastrosas gestiones de las que Argentina haya tenido experiencia; la cual nos ha sometido a una deuda externa insoportable no sólo a nivel nacional, sino también provincial, siendo Frigerio de los principales propiciadores de lo último en los tiempos de administración feudal macrista.
Esta práctica ha minado el campo del debate político de las ideas, en el que la chicana campea en perjuicio de los argumentos, arrastrando a fuerza de repetición mediática a la opinión pública a una encrucijada de un nuevo sentido común fabricado groseramente a partir de la mentira.
Los que desempeñamos la función pública sabemos que nuestra conducta puede y debe ser revisada por el poder judicial, y es sano que suceda respetando las garantías constitucionales que asisten a cualquier ciudadano; y nuestra mejor forma de colaborar es someternos a su actuación sin patear la pelota fuera de la cancha institucional hacia el barro de la palabrería difamatoria, como lo hace Frigerio.
La doble vara del ex ministro es repudiable, hoy le toca defenderse y lo hace de la peor manera, acusando irresponsablemente a un espacio político; pero no ha reparado en condenar como juez a ese mismo espacio siempre que tuvo oportunidad. A partir de esto deberíamos aprender la lección de una vez y para siempre: en el campo de la política se compite con propuestas, no con la vil difamación del adversario, generalizada, irresponsable y destructiva.
