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La provincia de Entre Ríos a través de la Ley 10.025 cuya sanción fue el 12 de abril de 2.011 y con una promulgación el 6 de mayo de 2.011, procede a adherirse a la Ley Nacional de Seguridad Vial Nº 24.449.- En realidad, esta adhesión es más amplia porque además adhiere a las modificaciones dispuestas en el artículo 17º de la Ley Nacional de Lucha contra el Alcohol Nº 24.788, la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 25.456, Ley Nacional de Tránsito Nº 25.857, Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 25.965 y la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad vial Nº 26.363.
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La competencia está a cargo de las autoridades de aplicación, la policía de la provincia de Entre Ríos u otro organismo que el Poder Ejecutivo determine, como así también los juzgados de faltas de cada municipalidad que adhieran a la presente norma, en este caso solo para las sanciones que se cometan en su jurisdicción.
Una cuestión que establece la Ley 10.025 es que el Poder Ejecutivo Provincial deberá designar un representante ante el Consejo Federal de Seguridad Vial y crea el Consejo Provincial de Seguridad Vial. Este Consejo Provincial tiene por objeto “obtener la mayor eficacia en el logro de los objetivos de esta ley”. Otra cuestión es que deben proponer políticas de prevención en accidentes viales. La composición queda a cargo también del Poder Ejecutivo Provincial.
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Otra cuestión que crea es el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, aclarando que su implementación debe ser de inmediato. Es la autoridad competente en lo atinente del artículo 8º de la ley 24.449 que establece que este registro debe ser consultado previamente ante cada otorgamiento o renovación de Licencia Nacional de Conducir y además adoptará las medidas para crear una red informática interjurisdiccional que permita el flujo de datos y de información.
Otra cuestión de que se ocupa la ley es de invitar a las Municipalidades a perfeccionar sus sistemas para poder otorgar las Licencias Nacional de Conducir, para lo cual los municipios deben adherirse a la ley formalizando convenios con el Poder Ejecutivo Provincial.
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