Las explosiones de Río Tercero de 1995 fueron una serie de detonaciones sucedidas en la ciudad argentina de Río Tercero, provincia de Córdoba, el 3 de noviembre de 1995, durante la presidencia de Carlos Menem.
Ese día estalló la Fábrica Militar de Armamentos que se encontraba en esa ciudad, destruyendo el establecimiento y parte de la ciudad, causando la muerte de siete personas, hiriendo a más de trescientas y dañando seriamente la salud mental de la mayor parte de la población de la ciudad.
En 2014 el Tribunal Oral Federal de Córdoba N° 2 dictó la sentencia sobre el caso, condenando a cuatro altos funcionarios de la empresa estatal Fabricaciones Militares, todos ellos ingenieros y militares retirados, a penas de trece y diez años de prisión, por el delito de estrago doloso (intencional) agravado por la muerte de personas.
El tribunal concluyó también por unanimidad y con plena certeza que el móvil de la explosión fue el encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y Croacia realizado entre 1991 y 1995.
El 3 de noviembre de 1995, a las 8:55 de la mañana, se iniciaron en la Fábrica Militar de Armas de Río Tercero una serie de explosiones que se extendieron a lo largo de todo el día, causando la muerte de siete personas, todas ajenas a la planta, ya que ninguna de las 400 personas empleadas presentes durante el siniestro resultó muerta.
El siniestro causó también lesiones a más de trescientas personas, la mayoría de las cuales se encontraban fuera de la planta, donde hubo un solo herido grave.
La fábrica estaba ubicada a doscientos metros del límite del área urbana, razón por la cual las explosiones afectaron directamente a la ciudad: decenas de viviendas quedaron en ruinas y cientos fueron seriamente dañadas, al igual que los automóviles; toda el área urbana quedó regada de esquirlas, escombros y municiones de guerra.
Las zonas más afectadas fueron los barrios aledaños a la fábrica: Escuela, Las Violetas, Libertador, Cerino, etcétera. El diario español El País describió el escenario en estos términos: Las calles de la ciudad argentina, desolada, quedaron cubiertas con toneladas de escombros, cientos de grandes proyectiles y carcasas incrustados en el asfalto o dentro de las viviendas. Vainas de diferente calibre aparecían humeantes, y grupos de soldados y policías cargaban en camionetas obuses de un metro. Esquirlas como ladrillos atravesaron paredes.
La onda expansiva resquebrajó viviendas, arrancó techos, calcinó vehículos y provocó daños materiales en diez kilómetros a la redonda La población padeció masivamente los síntomas físicos y mentales propios de una guerra, siendo más acentuados en los niños.
Se iniciaron más de diez mil demandas por daños y perjuicios contra el Estado argentino, que por su parte estableció un fondo de 80 millones de dólares para atender las indemnizaciones, con un tope por persona de 50 mil dólares.
A pesar que parecía «apresurado» suponer que se trataba de un accidente y que gran cantidad de hechos sospechosos indicaban que debía investigarse la hipótesis de que hubiera sido intencional, la instalación que hizo Menem de la «teoría del accidente» dominó completamente la investigación judicial y los medios de comunicación durante varios años.
El tribunal que juzgó el caso consideró que personas no identificadas, con conocimientos sobre explosivos, ingresaron a la fábrica en la noche del 2 de noviembre o en la madrugada del 3 de noviembre, para dirigirse a la Planta de Carga y a los depósitos de Expedición y Suministros «con la misión de acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones».
En los días anteriores a la explosión, se habían acumulado en la Planta de Carga cantidades excesivas de trotyl y cajones con proyectiles de cañones de 105 mm, lo que no era habitual ni seguro que estuvieran allí. Diversos operarios, personal jerárquico y el sindicato se venían quejando por esa situación, y exigiendo que los explosivos fueran trasladados a un lugar seguro.
Otro hecho inusual fue que en la semana anterior a la explosión, tanto el director (cnel. Cornejo Torino), como el subdirector (cnel. Quiroga) de la fábrica, se ausentaron de la fábrica para viajar a Buenos Aires
El 23 de diciembre de 2014 el tribunal dictó la sentencia, estableciendo que las explosiones había sido causadas intencionalmente y condenando a los cuatro acusados, todos ellos militares retirados e ingenieros, por estrago doloso seguido de muerte: Edberto González de la Vega (13 años), Carlos Franke (13 años), Jorge Antonio Cornejo Torino (13 años) y Marcelo Diego Gatto (10 años).
En los fundamentos de la sentencia y apoyados en las pericias química y contable, así como en un análisis detallado de los testigos, los jueces unánimemente concluyeron sin dudas que la explosión había sido intencionalmente causada.
El tribunal también valoró la pericia que analizó el inventario de la fábrica detectando «un importante faltante de explosivos, proyectiles y municiones», y concluyó por unanimidad y con plena certeza que el motivo de la explosión fue el encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y Croacia: La sentencia fue apelada y el 19 de diciembre de 2017 la Sala II del Tribunal Federal de Casación resolvió los recursos, confirmando la sentencia.
Los cuatro condenados recurrieron la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
(fuente:Pensamiento Discepoleano Bis)
Esta nota fue publicada por la revista La Ciudad el 5/11/2023
