El oficialismo prepara una reforma laboral que flexibilizaría salarios, modificaciones en convenios colectivos y cambios en el régimen de indemnizaciones, mientras avanza sobre derechos adquiridos de trabajadores y jubilados. La iniciativa despierta preocupación entre sindicatos.
El Gobierno de Javier Milei avanza en una reforma laboral y previsional tras haber arrasado en las elecciones legislativas, con el objetivo de flexibilizar las condiciones de trabajo y modificar el sistema de jubilaciones. La iniciativa impactará tanto en salarios como en indemnizaciones, convenios colectivos y beneficios previsionales, generando cambios profundos en la legislación laboral actual.
Entre los puntos centrales de la reforma laboral se incluyen la posibilidad de pactar salarios en cualquier moneda, incluso en dólares, y la introducción de un esquema de “salario dinámico” vinculado al desempeño individual. Además, se plantea un banco de horas y un fondo de cese que reemplazaría el régimen de indemnización por antigüedad, con inversiones administradas por aseguradoras para generar rendimientos que incrementen el capital acumulado.
En materia de convenios colectivos, se prevé priorizar los acuerdos de empresa sobre los de actividad, actualizar las negociaciones de manera periódica y modificar la modalidad de diálogo entre sindicatos y empleadores. La propuesta busca simplificar el marco normativo y adaptar las reglas a la realidad económica y productiva actual.
En materia previsional, la reforma proyecta homogeneizar o unificar más de 100 regímenes jubilatorios, incluyendo la creación de un ingreso asistencial universal equivalente a la PUAM. Se eliminarían moratorias y se limitarían los beneficios diferenciales, afectando principalmente a trabajadores informales y monotributistas.
Por otro lado, la gestión libertaria buscará limitar los reclamos laborales y reducir la intervención judicial, bajo el argumento de evitar fallos contradictorios.
En cuanto al impacto salarial, los cambios permitirían desvincular aumentos de la inflación y de los convenios colectivos tradicionales, con un esquema de remuneración más vinculado a la productividad individual que al mínimo garantizado.
La reforma enfrenta la resistencia de sindicatos y organizaciones gremiales, que advierten sobre la posible sustitución de empleos estables por precarios, la reducción de salarios reales y el debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores, anticipando una negociación compleja en el Congreso.
(fuente: https://www.politicargentina.com/)
