Por Belén Gomez –
Aún palpitando el 1° de mayo cabe reflexionar sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 8, denominado «Trabajo Decente y Crecimiento Económico», cuyo propósito es precisamente «promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos».
Recordemos que el mundo ya alcanzó la cifra de 8.000 millones de habitantes, crecimiento que plantea nuevos desafíos de cara al desarrollo sustentable, la pobreza, el cambio climático, la equidad de género, etcétera.
La situación de las mujeres, jóvenes personadas con discapacidad y los colectivos vulnerables en el mercado laboral es particularmente adversa. A nivel mundial, la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo alcanzó el 47,4% en 2022, frente al 72,3% de los hombres (por cada hombre económicamente inactivo hay dos mujeres en la misma situación), mientras que la tasa de desempleo entre las personas jóvenes (de 15 a 24 años) es tres veces superior a la de los adultos, a lo cual se suma que más de uno de cada cinco jóvenes (23,5%) no trabaja, no estudia y no participa en algún programa de formación.
Empleabilidad decente
Pero volvamos al ODS mencionado al principio. Este objetivo, en particular, no habla de cualquier crecimiento económico, habla de aquel que sea inclusivo y sostenible. Al mismo tiempo que no habla de cualquier trabajo. Nos interpela para construir una empleabilidad decente, alejada de la servidumbre, de la esclavitud y de la informalidad.
Juan Somavia, director general de la OIT entre 1999 y 2012, acuñó el término y definió el trabajo decente como aquel que «busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno»; de hecho, «el trabajo decente implica acceder al empleo en condiciones de libertad y de reconocimiento de los derechos laborales básicos».
Bajo este concepto convergen cuatro objetivos estratégicos: las oportunidades de empleo y no en cualquier entorno sino en uno sustentable, en el cual las personas puedan adquirir y actualizar sus capacidades y competencias (aquí podemos sumar la promoción de «empleos verdes» que luego se abordará); la promoción de los derechos fundamentales, como la abolición del trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de seres humanos, siempre garantizando la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva y erradicando la discriminación por razones de género, sin dejar atrás a otros colectivos vulnerables; la protección social apuntado a la ampliación de la seguridad social y la aplicación de medidas para proporcionar ingresos básicos a quienes los necesiten, pero también regulando las condiciones de labor, garantizando tanto la salubridad como la seguridad, así como también los salarios y las horas de trabajo, y el diálogo social y el multilateralismo, adaptando la aplicación de los objetivos estratégicos a las necesidades y las circunstancias de cada país.
Nuevas economías, nuevos empleos
Como podemos observar, la realidad nos interpela para abogar un 1° de mayo por mucho más que simplemente un incremento del empleo, pensando en puestos de trabajo que sean decentes. Y, así, en el párrafo pretérito se enunció al «empleo verde», una insignia tanto para el ODS 8 como para todos los ODS en general.
La OIT define a los «empleos verdes» como «todos aquellos que cumplen los estándares de trabajo decente o trabajo digno y que, además, contribuyen a preservar y restaurar los recursos naturales, el ambiente y/o la biodiversidad tanto en sectores tradicionales como en los emergentes». Y aquí se trata de nuevas economías que generen empleos, pero también de las preexistentes que comiencen la transición hacia un mundo más sostenible (para la OIT, casi 6 millones de empleos pueden ser creados gracias a la transición hacia una economía circular, con actividades como reciclar, reparar, alquilar y refabricar, sustituyendo el modelo económico tradicional de extraer, fabricar, usar y desechar).
Ahora pasemos el «empleo verde» a más números, a cuantififaciones que nos permitan ver su magnitud y, sobre todo, en el continente y en nuestro país. En primer lugar, podemos compartir que la proporción de empleos ofrecidos por el sector petrolero en relación con el de las energías limpias era de 5:1 en 2015, pero en el 2020 fue de 2:1 y la relación se invertirá ya en el 2023. Por otra parte, según la Alianza para la Acción por una Economía Verde (PAGE), una economía más verde podría crear 60 millones de puestos de trabajo, de los cuales unos 15 millones serían en América latina y el Caribe. La OIT, por su parte, resalta a cinco países de la región en lo referido a la creación de empleos verdes: México, Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil.
En Argentina ya existen aproximadamente 600.000 empleos verdes (un 7% del total de los asalariados registrados), de los cuales 203.084 residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayor parte del empleo verde se concentra en la industria manufacturera, en el transporte y en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. Un documento de oportunidades y desafíos del sector energético del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) plantea que la transición energética puede promover la generación de más de 34.000 empleos en la industria argentina y 44.000 puestos en la construcción.
Esta economía verde, circular y regenerativa viene acompañada de la incorporación de la tecnología; de hecho, el ODS 9 sintetiza su aporte a toda la sostenibilidad (construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación). En momentos en los que aún se convive con el temor de que la tecnología desplace a las personas (las deje sin empleo y conlleve al famoso ejército de reserva de Marx, presionando los salarios a la baja) y el desconocimiento de los límites de la inteligencia artificial (cuyo desarrollo pidió frenar Elon Musk y por el cual Geoffrey Hinton -bautizado el «padrino de la IA»- renunció a Google y alertó sobre sus peligros).
Aquí se nos presenta una dicotomía: las innovaciones tecnológicas han permitido progresos en la calidad de vida, ¿pero toda la humanidad accede por igual a estos progresos? La OIT reafirma que la tecnología abre oportunidades para el trabajo e insta a una «transición» justa para «no dejar a nadie atrás»: los puestos que son eliminados por la automatización se compensan con otros digitales; sin embargo, de nuevo, ¿cuántos estudiantes tienen acceso a esta formación? ¿Los centros de educación preparan para esta necesidad? Casi el 40% de la población mundial no tiene acceso a Internet.
Si hablamos de trabajo decente, inexorablemente también habrá que contemplar esta dimensión: que las personas amalgamen sus propósitos con los de las empresas, que se sientan plenas, que no pierdan salud, tanto física como emocional, ni su integridad. Eso también es economía verde, regenerativa, circular y sostenible.
(fuente: https://www.baenegocios.com/)