El sindicato STVyARA se declaró en estado de alerta máxima y envió una intimación formal a funcionarios nacionales. Advierten que el nuevo organigrama reduce el rol del organismo mientras avanzan concesiones sobre más de 2.500 kilómetros de rutas.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) se declaró en “estado de alerta máxima” y acusó al Gobierno nacional de impulsar un proceso de desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad mediante una “reorientación institucional” que, según denunció, implica abandonar la ejecución de obras y tareas operativas para limitar al organismo a funciones de control y fiscalización de concesiones.
La entidad gremial sostiene que la modificación del esquema interno responde a los lineamientos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y remarca que el Congreso ya había rechazado el decreto que disponía la disolución del área. Para el sindicato, se intenta avanzar por vía administrativa con una reforma que no logró respaldo legislativo.
En paralelo, el Ministerio de Economía autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, bajo el esquema de la denominada Red Federal de Concesiones. El modelo prevé un sistema “sin subsidios”, con mayor participación privada en la construcción, explotación y mantenimiento de los corredores.
El STVyARA envió una intimación formal a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, para que “se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional”.
Fariña, además, advirtió que “este tipo de medidas resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal, generando graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial».
En ese contexto, la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, afirmó que la situación “demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, lo hace a través del nuevo organigrama”, y agregó: “Esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la democracia. Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso le dijeron que no podía destruir la DNV, aun así continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo”.
(fuente: https://www.politicargentina.com/)
